Darán diputados claridad a norma jurídica del Congreso local

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de diciembre de 2018.- Con el propósito de actualizar el marco jurídico que regula la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, se reunieron para analizar la iniciativa de decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local.

Indica un comunicado que en reunión de trabajo los diputados Octavio Ocampo, Antonio Salas y Alfredo Ramírez, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión en cita, analizaron la propuesta que tiene como propósito clarificar el procedimiento de sus discusiones y sus rondas, estableciendo un tiempo límite en las participaciones; asimismo agrega el supuesto de razonamiento en un solo sentido, ya sea a favor o en contra, todo esto, en cuanto a la discusión de los dictámenes presentados en el Pleno.

Al respecto el diputado Octavio Ocampo, promotor de la iniciativa destacó la necesidad de fortalecer la norma interna para garantizar que los debates que se lleven a cabo en las sesiones de Pleno, se desarrollen de manera ordenada y eficiente, a fin de que los integrantes del Poder Legislativo puedan cumplir con sus atribuciones y obligaciones constitucionales de una mejor forma.

La propuesta otorga facultades al Presidente de la Mesa Directiva para que en todo momento tenga bajo su mando personal capacitado y necesario, en materia de seguridad y protección civil, misma que será designado por él directamente, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Asimismo, toda fuerza pública está impedida a tener acceso al mismo, salvo con permiso del Presidente del Congreso, quedando en todo caso bajo su mando.

De igual forma, la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría dependiente tendrá a su cargo brindar asesoría y orientación profesional en materia jurídica, así como coordinarse con las dependencias federales, estatales, municipales e instituciones privadas de asistencia social para canalizar las demandas o manifestaciones ciudadanas.

Igualmente, previo estudio socioeconómico, deberá apoyar en la medida de las posibilidades presupuestales del Congreso, conforme a la partida que le sea asignada para tal efecto, a las personas que lo soliciten o gestionar ante las dependencias competentes lo concerniente a los mismos, así como dar cuenta del uso y destino de dicha partida al Pleno, por medio del Comité respectivo.

Una vez concluido el análisis, los legisladores aprobaron en comisiones la propuesta, misma que será turnada al Pleno para su discusión y posible aprobación.