Fortalecemos diálogo y territorio en Michoacán: Gaby Molina
MORELIA, Mich., 16 de febrero de 2023.- La pena por el delito de feminicidio pasó ya de 50 a 60 años de prisión en Michoacán, y la persona asesina podrá pasar hasta 95 años en la cárcel si la víctima se encontraba embarazada, y se penalizará con hasta 10 años de cárcel al servidor público que dolosamente entorpezca el proceso para acceder a la justicia.
Este jueves, el Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Penal del estado, donde establece que, tratándose de la tentativa del delito de feminicidio, se aplicará la pena de prisión desde la mitad hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito consumado.
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Para efectos del presente artículo, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en contra de una mujer”, refiere el dictamen.
Las comisiones de Justicia, Igualdad Sustantiva y de Género aprobaron que, si la víctima se encuentra embarazada y se provoca la pérdida del producto de la concepción, adicionalmente se impondrá al agresor desde la mitad hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito consumado.
“La privación de la vida ocurre cuando la víctima se encuentra embarazada. En este caso, si se provoca la pérdida del producto de la concepción, se impondrá al agresor, de manera adicional, una pena de 15 a 35 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan por el delito de feminicidio”, expone el documento.
En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas, el juez tomará en consideración el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito, y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 10 años y de 500 a mil 500 días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Las reformas fueron consumadas a partir de observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo, que impulsó en septiembre incrementos en la pena para quien cometa el delito de feminicidio, que establecía una pena mínima de 25 años de cárcel y una máxima de 50.




