Congreso dictamina reforma para prohibir custodia a padres violentos

MORELIA, Mich., 18 de noviembre de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dictaminó reformas al Código Familiar que cierran la puerta a que un agresor pueda obtener la guardia y custodia de sus hijas e hijos durante un proceso de divorcio, cuando existan indicios de violencia familiar, violencia vicaria o agresiones cometidas por interpósita persona.

La reforma, que será sometida al Pleno este miércoles, incorpora un nuevo artículo 260 Bis que ordena explícitamente que, en un divorcio, no se otorgará la custodia “cuando existan elementos que permitan concluir que existe violencia contra alguno o algunos de los integrantes del núcleo familiar”. 

Para acreditarlo, el dictamen permite admitir “cualquier medio de prueba que no sea ilícito” que haga presumir riesgo para la integridad física o mental de niñas y niños.

El dictamen también modifica el artículo 260 del Código para obligar a que las medidas de protección incluyan seguridad, seguimiento y terapias, tanto en casos de violencia familiar directa como en violencia ejecutada por terceros enviados por la pareja o expareja.

 La Comisión señala que hoy no existe una disposición familiar que ordene activar medidas inmediatas en divorcios urgentes, pese a qe la violencia vicaria o por interpósita persona suele escalar previo a la disolución del vínculo.

Además, se reforma la fracción VI del artículo 422 para que la patria potestad se pierda cuando una persona incurra en violencia familiar o vicaria “en contra de quien se ejerce la patria potestad o contra quien ejerza la guarda y custodia” de las y los menores. 

Es la primera vez que la legislación familiar michoacana incorpora la violencia vicaria como causal expresa de pérdida de patria potestad.

Los proponentes, Eréndira Isauro Hernández, Anabeth Franco Carrizales y Marco Polo Aguirre Chávez, documentaron que la Fiscalía General del Estado ha recibido 67 denuncias por violencia vicaria desde su tipificación; 43 de ellas en 2024, concentradas en Morelia (16), Zamora (9) y Apatzingán (6). 

Ante estas cifras, la Comisión consideró procedente establecer restricciones firmes para evitar que niñas, niños y adolescentes seam obligados a convivir con agresores o con personas que hayan utilizado a terceros para agredir a su madre.