Centro de Justicia para la Niñez, promesa incumplida en Michoacán

MORELIA, Mich., 23 de junio de 2025.- El Tercer Informe de Gobierno de Michoacán evidenció un pendiente crítico: La falta de operación del Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia, infraestructura clave para garantizar acceso real a la justicia a menores en situación de vulnerabilidad.

El Congreso de Michoacán, mediante la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, señaló la omisión en la puesta en marcha de este centro, cuya construcción y funcionamiento se consideran una obligación ética y legal del Estado. 

Y es que, a pesar de los más de 123 mil controles nutricionales, la rehabilitación de mil 511 escuelas y la atención a más de 10 mil adolescentes en temas de derechos sexuales y reproductivos, la falta del Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia es un pendiente.

La ausencia de esta infraestructura impide la restitución efectiva de derechos y deja sin atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia o en condiciones de riesgo.

Si bien el análisis del Informe reconoció acciones como la creación de 120 Comités de Vigilancia de Mujeres y la implementación de brigadas para prevenir la violencia en municipios con alerta de género, se advirtió la carencia de un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir el impacto real de estas estrategias. 

La falta de indicadores claros mantiene en la opacidad el alcance de los programas y dificulta orientar esfuerzos para reducir las brechas de desigualdad.

El Congreso también recomendó al Ejecutivo estatal transparentar de manera puntual el uso de recursos públicos destinados a la niñez, e incluir de forma efectiva a la sociedad civil, academia y especialistas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas dirigidas a este sector.

El dictamen concluyó que, aunque existen avances institucionales, la planeación estratégica sigue siendo un reto, pues, según se expuso, la falta de metas diferenciadas por región y de indicadores específicos limita la capacidad de las políticas públicas para transformar de fondo las condiciones de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.