Buscan tipificar transfeminicidio y transhomicidio en Michoacán 

MORELIA, Mich., 22 de abril de 2026.- Entre rezagos legislativos, subregistro de casos y una impunidad que supera el 97 por ciento, el diputado del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, junto con Victoria Olvera, representante de Pride Michoacán, presentó una iniciativa para tipificar el transfeminicidio y el transhomicidio en el Código Penal del estado.

El planteamiento busca cerrar un vacío legal que hoy impide dimensionar y sancionar con precisión los crímenes contra personas trans. 

De acuerdo con lo expuesto en rueda de prensa, menos del 3 por ciento de los delitos de odio contra la población LGBTQ+ alcanzan una sentencia condenatoria, lo que evidencia fallas estructurales en la investigación y judicialización.

La propuesta no modifica el tipo penal de feminicidio, sino que plantea incorporar una fracción específica en el artículo 121 para reconocer los asesinatos motivados por identidad o expresión de género, con el odio como agravante o elemento constitutivo.

“El transfeminicidio es la manifestación extrema de una cadena de violencias que inicia con la exclusión familiar, escolar y social, y culmina con la aniquilación física, motivada por el prejuicio”, argumentó Reyes Galindo.

Desde la sociedad civil Victoria Olvera advirtió que la falta de tipificación genera un subregistro sistemático, ya que las fiscalías no clasifican estos casos bajo un criterio específico.

 “No hay un dato real porque no existe una tipificación correcta; los registros los llevan organizaciones civiles”, señaló.

Como referencia, expuso que en lo que va del año se contabilizan 53 feminicidios en Michoacán, sin que exista claridad sobre cuántos corresponden a víctimas trans, precisamente por la ausencia de una categoría legal diferenciada.

La iniciativa también plantea obligar a que las investigaciones se realicen desde el primer momento con perspectiva de género y diversidad, a fin de evitar que prejuicios institucionales contaminen los procesos. 

Además, incluye medidas de no repetición y apoyo a las llamadas familias elegidas, que suelen quedar en el abandono tras estos crímenes.

En el plano político, Galindo Pedraza reconoció que la ruta dependerá del turno a comisiones, previsiblemente en derechos humanos y justicia, donde confió en que existe una mayoría afín a una agenda progresista que permita dictaminar en sentido positivo.

No obstante, el tema exhibe resistencias al interior del Congreso. Cuestionado sobre posturas conservadoras que han frenado iniciativas similares, el legislador llamó a sus pares a despojarse de prejuicios y evitar que la propuesta quede relegada.

El diagnóstico expuesto va más allá del tipo penal. Activistas señalaron pendientes legislativos como la prohibición de los llamados centros de conversión, el acceso sin costos excesivos a la rectificación de documentos académicos para personas trans y la vigilancia de acciones afirmativas en candidaturas, ante prácticas de simulación.

Reyes Galindo destacó que el Ejecutivo estatal ha manifestado disposición para avanzar en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, lo que podría incidir en el curso de la iniciativa.

“El Estado tiene que dejar de ser cómplice y asumir su responsabilidad como garante de la vida”, se subrayó.

La propuesta será turnada a comisiones para su análisis. Su eventual aprobación implicaría no solo un ajuste jurídico, sino una definición política sobre la capacidad del Congreso para responder a la violencia por identidad de género en Michoacán.