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MORELIA, Mich., 5 de abril de 2026.- En Michoacán, miles de toneladas de desechos generados por el sector productivo, particularmente el agroindustrial, terminan en vertederos sin ningún tipo de aprovechamiento, en un contexto donde la ley no obliga a las empresas a reutilizarlos ni a incorporarlos a sus procesos productivos.
En Michoacán, una parte importante de los desechos generados por el sector productivo, especialmente del agroindustrial, tiene potencial económico que hoy se desaprovecha.
Residuos como cáscaras y huesos de aguacate, rastrojo de maíz, pulpa de frutas o restos de berries pueden transformarse en biocombustibles, composta, alimento animal o incluso insumos industriales. Sin embargo, ante la falta de una obligación legal clara, estos materiales suelen terminar en vertederos, perdiendo su valor productivo.
A ello se suman otros residuos con alto potencial, como plásticos, cartón, aceites usados o madera residual, que podrían reincorporarse a cadenas productivas mediante procesos de reciclaje o valorización energética.
El problema, advierte la iniciativa en análisis en el Congreso, es que estas prácticas no son sistemáticas ni exigibles, lo que mantiene un modelo económico donde el desperdicio persiste y los recursos se pierden en lugar de convertirse en oportunidades de negocio.
Frente a este escenario, el Congreso del Estado analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico que busca cerrar ese vacío legal y obligar a las empresas a valorizar sus residuos, es decir, reutilizarlos, reciclarlos o convertirlos en energía, como parte de un nuevo enfoque de economía circular.
"Michoacán es una potencia agroindustrial, pero esta actividad genera miles de toneladas de residuos orgánicos que hoy terminan en vertederos. La valorización consiste en el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que integran los residuos", expone el documento.
La propuesta advierte que, aunque la legislación vigente habla de desarrollo sustentable, carece de mecanismos técnicos que hagan obligatorio el aprovechamiento de los desechos, lo que hoy representa una pérdida económica directa para la entidad.
En ese sentido, plantea redefinir el concepto de competitividad estatal para que no dependa únicamente de costos o recursos naturales, sino de la capacidad de generar valor a partir de la eficiencia productiva, el uso responsable del agua y la energía, y el aprovechamiento de los residuos dentro de las cadenas productivas.
Como parte de los cambios, se propone incorporar la valorización de residuos como principio rector de la política económica, lo que implicaría que los programas, apoyos e incentivos gubernamentales consideren como criterio prioritario que las empresas implementen procesos de reciclaje, reutilización o recuperación de materiales.
Asimismo, se establece que los proyectos que busquen financiamiento público deberán acreditar protocolos de economía circular, incluyendo la minimización de residuos desde su origen y su posterior aprovechamiento técnico o energético.
La iniciativa también prevé que la Secretaría de Desarrollo Económico actualice las reglas de operación de sus programas para incluir estos criterios, además de generar indicadores sobre el manejo y aprovechamiento de residuos, así como mediciones de la huella hídrica y energética del sector productivo.
Con esta reforma, el Congreso busca frenar el desperdicio de desechos en el sector empresarial y transitar hacia un modelo económico en el que los residuos dejen de ser un pasivo y se conviertan en una fuente de valor para Michoacán.




