Brecha de género tardará 123 años en cerrarse: Magistrado

MORELIA, Mich., 9 de marzo de 2026.- A pesar de los avances en participación política de las mujeres en México, la igualdad de género a nivel global aún está lejos de alcanzarse y podría tardar más de un siglo si se mantiene el ritmo actual de progreso, advirtió el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Adrián Hernández Pinedo.

Durante la mesa de diálogo Las mujeres y el fortalecimiento de la democracia, el magistrado centró su intervención en el concepto de voz de las mujeres en los espacios públicos y sostuvo que su presencia sigue siendo indispensable para transformar la toma de decisiones en la vida pública.

Hernández Pinedo contextualizó el panorama internacional con datos del Informe Global sobre la Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial, que analiza la situación de 148 países que representan a dos terceras partes de la población mundial.

“De acuerdo con el informe, al ritmo actual se requeriría de 123 años para que a nivel global se logre cerrar la brecha de género”, señaló.

El magistrado explicó que solo 10 países han logrado superar el 80 por ciento en el cierre de la brecha de género y destacó el caso de Islandia, que se mantiene en el primer lugar durante 16 años consecutivos.

“Islandia ocupa el primer lugar durante 16 años consecutivos, siendo el único país que ha superado la marca del 90 por ciento”, expuso.

En ese contexto internacional, México se ubica actualmente en el lugar 23 del ranking mundial.

“La posición que ocupa actualmente México obedece al impulso de la participación política del pasado proceso electoral, en las que mexicanas y mexicanos, por primera vez en historia, han decidido votar por una mujer candidata a la presidencia de la República”, afirmó.

No obstante, advirtió que el rezago más profundo sigue concentrándose en los espacios de liderazgo político y económico.

“El informe pone en evidencia que para cerrar completamente la brecha de acceso de las mujeres a puestos de liderazgo económico y político tendrán que transcurrir 162 años”, explicó.

Ante ese panorama, el magistrado sostuvo que abrir espacios públicos a las mujeres no es únicamente una cuestión de representación simbólica, sino un elemento necesario para mejorar la calidad de las decisiones públicas.

“Contar con voces de mujeres en espacios públicos se traduce además en acciones, en programas y políticas públicas en favor de las necesidades de las mujeres”, señaló.

Agregó que la presencia femenina en los espacios de poder también permite incorporar nuevas perspectivas en la elaboración de políticas públicas.

“Cuando hablamos de la voz de las mujeres no estamos hablando solamente de cita, sino que se trate de algo más profundo; hablamos de incorporar perspectivas, incorporar experiencias y soluciones distintas”, afirmó.

El magistrado recordó que en México uno de los principales instrumentos legales para impulsar la participación política de las mujeres fue la reforma constitucional de 2019 conocida como paridad en todo, que establece la obligación de garantizar que mujeres y hombres ocupen en proporción equitativa los cargos públicos.

“Para el año 2019 se publicó la reforma constitucional que conocemos actualmente como paridad en todo, que obliga a que un 50 por ciento de las mujeres y un 50 por ciento de los hombres ocupen cargos de elección popular”, explicó.

Sin embargo, advirtió que las reformas legales por sí solas no garantizan la igualdad sustantiva, por lo que han sido necesarias medidas adicionales como las acciones afirmativas.

“Si bien la Constitución se ha reformado para considerar esta paridad en todo, aún se carece de mecanismos que permitan la igualdad sustantiva”, expuso Hernández Pinedo.

En ese sentido, recordó un antecedente reciente en Michoacán durante el proceso electoral de 2019, cuando el Instituto Electoral del estado implementó un mecanismo compensatorio para fortalecer la participación femenina en el Congreso local.

Detalló que se determinó que las listas de diputaciones plurinominales presentadas por los partidos políticos debían ser encabezadas por una mujer.

“Lo que permitió que por primera vez en la historia el Congreso local estuviera integrado con mayor número de mujeres con respecto al de los hombres”, expuso.

El Magistrado concluyó que garantizar la voz de las mujeres en la vida pública sigue siendo un desafío estructural que requiere no solo reformas legales, sino políticas activas que amplíen el acceso a los espacios de decisión.