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MORELIA, Mich., 24 de octubre de 2026.- Pese a que la entrada en vigor nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se aplazó hasta 2031, el Poder Judicial de Michoacán mantiene los trabajos para adaptar sus juzgados, reorganizar sus servicios y ampliar el uso de herramientas digitales.
En entrevista con Quadratín, la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, afirmó que la extensión del plazo permitirá ampliar las tareas de preparación a más regiones y operadores jurídicos, sin suspender las actividades de la Comisión Multidisciplinaria de Implementación.
“El aplazamiento a 2031 de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en todo el país sí representa ciertos ajustes; no obstante, para la Comisión Multidisciplinaria de Implementación de este sistema los trabajos van a seguir en marcha”, señaló.
El plan de la Comisión contempla un diagnóstico de las necesidades de adaptación para los jueces, operadores y usuarios; la formación del personal y la adecuación de espacios para un modelo de justicia que dará mayor peso a la oralidad y a las audiencias.
“Simplemente, lo que vamos a hacer es potencializar estos tiempos, en la medida de 2031, nos va a permitir justamente hacerlo de manera más ampliada, es decir, poder llegar a más espacios y a más personas en cuanto a la formación de este nuevo sistema”, indicó.
Aseguró que la Comisión se reúne al menos dos veces al mes para revisar las necesidades del Poder Judicial y definir los ajustes que requiere la transición. Entre las tareas identificadas está el desarrollo de habilidades para la conducción de audiencias y la reorganización de los espacios donde interactuarán las personas juzgadoras y quienes acuden a los tribunales.
El diagnóstico también contempla la distribución de las cargas de trabajo entre los distritos judiciales, con atención inicial en Morelia, donde se concentra la mayor demanda de servicios.
Como parte de esa reorganización, el Poder Judicial puso en operación un Juzgado Civil en Línea y un juzgado auxiliar en Tarímbaro. La experiencia digital es una de las primeras acciones que la institución busca aprovechar para atender asuntos civiles y familiares sin que las personas tengan que acudir físicamente a las oficinas judiciales.
A poco más de un mes de operación, el Juzgado Civil en Línea había recibido 206 asuntos, de los cuales cerca del 40 por ciento estaba resuelto, de acuerdo con las cifras expuestas por Alanís García.
El servicio está dirigido a procedimientos de jurisdicción voluntaria en materias civil y familiar, conforme al ámbito establecido para su operación.
La magistrada explicó que las partes pueden presentar promociones e interactuar con el órgano jurisdiccional mediante las herramientas informáticas del Poder Judicial, sin necesidad de trasladarse a las instalaciones para realizar las actuaciones previstas en esta modalidad.
“La justicia digital es más rápida en todos los sentidos, tanto en cuanto a la presentación como en la contestación de todos los actos procesales que tiene que realizar el órgano jurisdiccional, pero sobre todo la resolución de fondo, que es la que finalmente nos interesa”, sostuvo.
La experiencia de Morelia podría servir como referencia para extender estos mecanismos a otros distritos. Después de la capital michoacana, Uruapan y Zamora figuran entre las regiones con mayor carga de trabajo y donde la institución prevé ampliar sus acciones.
“Si con el juzgado digital y con el auxiliar de Tarímbaro logramos despresurizar lo que es el distrito judicial de Morelia, lo mismo podemos hacer con los siguientes, que son Zamora y Uruapan”, expuso.
La extensión de estos servicios dependerá de la reorganización institucional y de los ejercicios que desarrolla la Comisión para determinar las regiones donde conviene iniciar la implementación.
El Poder Judicial también busca que litigantes, estudiantes de Derecho y ciudadanos conozcan el funcionamiento del nuevo modelo. Para ello, trabaja con el área de Comunicación Social en la difusión de información sobre los procedimientos y las vías de acceso a los servicios digitales.
Las acciones incluyen orientación para presentar demandas, cargar documentos y conectarse al sistema durante las audiencias, con el propósito de facilitar el uso de estas herramientas y acercar la justicia a quienes requieren sus servicios.
“Una de las tareas que tiene esta Comisión Multidisciplinaria muy clara es generar la capacitación, tanto interna por parte del Poder Judicial como ampliada para los operadores jurídicos”, afirmó Alanís García.




