Avanza iniciativa en Michoacán para cesar a notarios por lavado

MORELIA, Mich., 18 de octubre de 2026.- Desde febrero de este año, el Congreso de Michoacán mantiene pendiente de estudio y análisis una iniciativa para establecer como causa de cese de los notarios públicos las sanciones administrativas federales firmes por incumplir la legislación contra el lavado de dinero.

Dicha propuesta fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Martínez Gowman, quien planteó reformar la fracción VII del artículo 116 de la Ley del Notariado estatal, para incorporar esta causal sin necesidad de que exista una sentencia penal firme.

De acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del 12 de febrero, el diputado argumentó que la legislación michoacana debe armonizarse con las disposiciones federales en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El proyecto propone que los notarios puedan cesar en sus funciones cuando una resolución administrativa sancionatoria de la autoridad federal competente quede firme, en los supuestos previstos por la legislación antilavado.

La iniciativa también señala que los congresos estatales debían realizar las adecuaciones correspondientes dentro de un plazo de 180 días naturales, conforme al decreto federal citado en la exposición de motivos.

El tema vuelve a la agenda pública el pasado 15 de octubre, cuando Martínez Gowman presenta otra iniciativa para reformar la Ley del Notariado, esta vez enfocada en transparentar las operaciones inmobiliarias y mercantiles, identificar a los beneficiarios controladores y dar seguimiento al origen y movimiento de los recursos utilizados en las transacciones.

La nueva propuesta busca dificultar el uso de empresas fantasma y prestanombres para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía formal.

Ambas iniciativas apuntan a fortalecer los controles contra el lavado de dinero desde la función notarial, aunque plantean mecanismos distintos: una busca incorporar una causal administrativa para el cese de los fedatarios y la otra pretende reforzar la transparencia de las operaciones jurídicas y financieras.