Arrastra Congreso de Michoacán rezagos desde hace una década

MORELIA, Mich., 11 de mayo de 2026.- Mientras Michoacán enfrenta un contexto marcado por inseguridad, desapariciones y el impacto económico derivado del alza sostenida en combustibles, uno de los compromisos más reiterados por la llamada 4T a nivel federal, el Congreso del Estado tiene pendiente un elevador prometido desde hace más de 11 años, un tablero electrónico que exhibiría votaciones e inasistencias, al menos cuatro órganos y áreas acéfalas, además de leyes congeladas desde 2017 en materia de desaparición forzada.

Los pendientes atraviesan varias legislaturas, pero continúan abiertos en la actual 76 Legislatura, en un Congreso cuyo presupuesto anual supera ya los mil millones de pesos y que, pese al discurso de austeridad y transformación, tampoco ha eliminado privilegios históricos ni ha cumplido compromisos internos utilizados incluso como argumento para justificar el aumento presupuestal aprobado para 2026.

Entre esos compromisos incumplidos se encuentra el incremento salarial para secretarios técnicos del Congreso, planteado durante la discusión presupuestal como una necesidad administrativa pendiente y que hasta ahora sigue sin concretarse.

El aumento presupuestal aprobado para este año fue defendido bajo el argumento de fortalecer áreas técnicas, mejorar instalaciones y corregir rezagos internos, pero a varios meses de iniciado 2026 persisten problemas estructurales y administrativos que incluso arrastran más de una década.

A ello se suma el mantenimiento de privilegios legislativos y administrativos que continúan generando críticas al interior y exterior del Poder Legislativo, particularmente en un contexto estatal marcado por violencia, desapariciones, crisis financiera y reclamos ciudadanos por austeridad real.

Rezagos que sobreviven legislaturas

Uno de los casos más visibles es el elevador del Congreso del Estado, anunciado desde la 73 Legislatura como una medida básica de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores en un edificio histórico.

Aunque el proyecto avanzó en distintos momentos con permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estudios técnicos y una estimación presupuestal cercana a los 900 mil pesos, la obra nunca se ejecutó.

El proyecto sobrevivió sin concretarse a las legislaturas 73, 74 y 75, y permanece pendiente también en la actual 76 Legislatura, que primero fue presidida por Juan Antonio Magaña de la Mora (PVEM), posteriormente por Giulianna Bugarini Torres (Morena) y ahora por Baltazar Gaona García (PT).

El 15 de febrero de 2026, la diputada panista Teresita Herrera Maldonado reconoció en entrevista con Quadratín que el Congreso mantenía un rezago relevante en dictaminación de iniciativas a año y medio de iniciada la actual legislatura y admitió que la acumulación de pendientes en comisiones seguía siendo un desafío estructural.

La Legisladora señaló que solamente en la Comisión de Salud existían decenas de iniciativas pendientes de análisis, además de otras turnadas a comisiones unidas. “Ya llevamos año y medio y tenemos ese rezago en dictaminar esas iniciativas”, declaró.

Herrera Maldonado sostuvo que el problema no se limita a acumular propuestas, sino a definir cuáles realmente tienen impacto para la población. “Más bien la agenda legislativa sería ver cuáles se aprueban y cuáles realmente tienen una reforma o una modificación que realmente beneficie a las y los michoacanos”, expresó.

También advirtió que el Congreso debe evitar repetir escenarios como los de la pasada legislatura, que llegó a acumular hasta 700 iniciativas sin dictaminar y obligó posteriormente a procesos de archivo para despresurizar las comisiones.

“Sí, se presenten iniciativas, pero realmente qué impacto tienen y ya están dictaminadas o no, y votadas”, cuestionó. La Legisladora reconoció además que el tema del elevador y otras mejoras para el recinto legislativo fueron perdiendo prioridad conforme avanzó el trabajo parlamentario.

“Sí veo como que entramos con mucha expectativa y como que con el día a día y tantas situaciones que hay en el Congreso se va dejando”, declaró.

La Diputada sostuvo también que el incremento presupuestal aprobado para el Congreso debería reflejarse en mejoras básicas para el recinto legislativo, incluidos sanitarios, salas y el propio elevador.

“Ahorita con el incremento que hubo en el presupuesto, pues yo espero que sí se tome ya esa determinación y se aplique en mejorar en general las instalaciones”, afirmó.

El rezago también alcanza al tablero electrónico instalado desde hace años para registrar asistencia y votaciones del Pleno, sistema que implicó gasto público, pero que sigue sin utilizarse de manera ordinaria.

El 15 de diciembre de 2022, el diputado Reyes Galindo Pedraza declaró que el tablero no se usaba porque exhibiría públicamente el ausentismo y la impuntualidad de diputados.

“Muchos miles de pesos se gastaron hace algunos años en el tablero electrónico, pero nunca se ha usado y no se quiere usar porque le sacan, ese tablero electrónico evidenciaría frente al pueblo y frente a los medios la inasistencia o la no presencia en alguna votación de cualquier legislador”, señaló.

Incluso una propuesta impulsada por el propio legislador para reducir de 60 a 30 minutos la tolerancia para iniciar sesiones quedó congelada sin dictaminar, mientras continúan siendo frecuentes retrasos y ausencias en trabajos legislativos.

A la par de esos pendientes administrativos, el Congreso mantiene vacíos institucionales en órganos estratégicos.

Actualmente permanecen acéfalas la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán y la Contraloría Interna del Congreso, ambas operando únicamente con encargados de despacho.

También permanece pendiente la convocatoria para la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán, órgano encargado de vigilar técnicamente el funcionamiento del órgano fiscalizador estatal.

El Sistema Estatal Anticorrupción también opera con áreas incompletas cuya designación corresponde directamente al Congreso local.

El Informe de Desempeño 2025 de la Secretaría Ejecutiva del sistema reconoció que continúa sin designarse al titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva y además permanece incompleto el Comité de Participación Ciudadana, incluida su presidencia.

La ausencia de estos perfiles afecta áreas relacionadas con vigilancia administrativa, control interno y representación ciudadana dentro del sistema anticorrupción.

Aunque durante 2025 el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno reportaron 70 acuerdos cumplidos, el propio informe admitió que el sistema continúa operando con integración incompleta. El documento fue aprobado el 12 de marzo de 2026.

Otro órgano que permanece sin integrarse es el Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El procedimiento inició durante la legislatura pasada, cuando la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Ivonne Pantoja Abascal, emitió convocatoria para seleccionar perfiles. Aunque hubo personas registradas, el proceso nunca concluyó porque no se realizaron comparecencias ni designaciones finales.

El Consejo acumula ya dos años sin operar formalmente, pese a que tiene atribuciones para revisar presupuesto, inversión y funcionamiento interno de la CEDH.

El 20 de enero de 2026, el diputado Antonio Carreño Sosa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que el Congreso seguía analizando si retomaría el procedimiento inconcluso o si emitiría una nueva convocatoria.

Justicia, desaparición y derechos congelados

En materia legislativa, uno de los rezagos más delicados corresponde a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Desapariciones Cometidas por Particulares.

Aunque la reforma fue aprobada en 2023, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla regresó el decreto con observaciones y el tema quedó nuevamente congelado en el Congreso.

A casi nueve años de la obligación derivada de la Ley General emitida en 2017, Michoacán sigue sin contar con legislación homologada en la materia.

El 14 de junio de 2024, colectivos de familiares denunciaron que al menos siete iniciativas relacionadas con desaparición forzada y desplazamiento forzado permanecían detenidas en la congeladora legislativa.

Ese día, Viridiana Gil Remigio, representante de la Unión de Colectivos Sin las familias no, señaló que incluso existía ya un bosquejo de dictamen trabajado junto con colectivos y legisladores, pero que desde octubre de 2023 el tema quedó detenido.

“Es una deuda del Estado con las familias que hemos estado siendo revictimizadas con respecto a que no se hacen las búsquedas como se debe”, declaró entonces.

La activista reprochó además que autoridades y legisladores intentaran presentar avances inexistentes. “No quieran vendernos mentiras, estamos más informados”, expresó.

El tema volvió a ser retomado el 4 de febrero de 2026 por el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, quien urgió nuevamente al Congreso a sacar adelante tanto la ley de búsqueda como la de desplazamiento forzado.

“Hay organizaciones de la sociedad civil y colectivos muy estructurados con ideas muy claras que dicen estar listos para retomar los trabajos de análisis”, declaró durante sesión ordinaria.

En la Comisión de Justicia también permanecen pendientes de dictaminación temas relacionados con desplazamiento forzado y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, asuntos que han cobrado relevancia frente al contexto de violencia e inseguridad en distintas regiones del estado.

Otro asunto pendiente corresponde a la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Ley de Educación de Michoacán, procedimiento que continúa sin resolverse plenamente en el Congreso local.

También sigue sin regularse la revocación de mandato para el caso específico de la gubernatura, figura que permanece pendiente de armonización en la legislación estatal.

A ello se suma el requisito relacionado con la eliminación de la carta de antecedentes penales para candidatas y candidatos.

La reforma impulsada desde el Partido Verde fue aprobada por el Pleno, pero el gobernador regresó el decreto con observaciones y actualmente el tema continúa detenido en la Comisión de Justicia, pese a que el calendario electoral avanza rumbo al proceso de 2027.

Otro grupo de iniciativas congeladas corresponde a derechos de la diversidad sexual.

El 13 de abril de 2026, tras las protestas de colectivos LGBT+ por el asesinato de Daniela, mujer trans, Reyes Galindo urgió nuevamente a dictaminar iniciativas pendientes relacionadas con transfeminicidio y terapias de conversión.

“Esta legislatura que ha adoptado el eslogan de ser legislatura de las ideas debe de ser congruente y dictaminar todas las iniciativas pendientes”, declaró.

Entre los asuntos detenidos se encuentran reformas para tipificar el transfeminicidio y sancionar las llamadas terapias de conversión o ECOSIG -“Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género-.

Aunque estas prácticas ya están prohibidas en 19 estados del país y tipificadas a nivel federal, Michoacán sigue sin resolver las iniciativas presemtadas desde legislaturas anteriores.

El 16 de julio de 2025, el propio Reyes Galindo había advertido desde tribuna que Michoacán seguía siendo omiso frente a prácticas degradantes y discriminatorias contra personas LGBT+.

También continúan congeladas al menos cuatro iniciativas relacionadas con protección a periodistas y libertad de expresión, entre ellas la llamada Ley Mauricio, impulsada tras diversos casos de violencia y agresiones contra comunicadores en Michoacán.

En materia migratoria, legisladores también mantienen pendientes diversas propuestas relacionadas con protección, atención y derechos de personas migrantes y sus familias, rubro en el que prácticamente no han existido avances legislativos relevantes durante la actual legislatura.

Críticas por parálisis y saturación legislativa

Las críticas por el rezago legislativo no provienen únicamente de la oposición.

En distintos momentos de la actual legislatura, además de Herrera Maldonado, la morenista Sandra Olimpia Garibay, y el legislador independiente Carlos Tafolla, han cuestionado la acumulación de iniciativas, lentitud en comisiones y falta de resultados concretos frente a problemas estructurales del estado.

A pregunta expresa, este lunes, el dirigente estatal del PRI y diputado local, Guillermo Valencia Reyes, calificó de alarmante el rezago legislativo, particularmente en la Comisión de Justicia.

“Sólo han dictaminado lo relativo a la elección del Poder Judicial. Infinidad de iniciativas de reformas urgentes en materia de penas más duras o nuevas conductas para tipos penales ya existentes presentadas por un servidor y otros diputados están congeladas”, sostuvo.

Valencia afirmó que el fenómeno se replica, aunque en menor grado, en otras comisiones legislativas y acusó que únicamente avanzan las reformas impulsadas desde la federación.

“Solo legislan los temas que vengan de la federación y sus reformas ´transformadoras´”, señaló. El priísta consideró además que parte de la saturación legislativa deriva de la presentación indiscriminada de iniciativas.

“Varios diputados y diputadas presentan infinidad de iniciativas o más bien ocurrencias que no abonan más que a sus números personales. El trabajo legislativo debe ser cualitativo y no cuantitativo”, expresó.

También aseguró que algunas propuestas promovidas por el PRI permanecen detenidas únicamente por razones políticas.

“A mí me tuvieron detenido un exhorto para una campaña contra el secuestro y la extorsión virtual por casi un año y otro relacionado con salud mental sigue detenido. A veces tengo la impresión de que las propuestas de mi partido no son dictaminadas solo por eso, por haber sido presentadas por nosotros”, declaró.

Aunque sostuvo que los mayores incumplimientos de la 4T se ubican en el ámbito federal y del Ejecutivo, utilizó el contexto para cuestionar resultados nacionales del oficialismo.

“Gasolina por las nubes, corrupción y despilfarro por todos lados y el crimen cogobernando con ellos en varios estados del país y Michoacán es uno de ellos”, afirmó.

Morena niega rezagos

La coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, defendió el desempeño legislativo de la 76 Legislatura y aseguró que, pese a la pluralidad política, se han logrado acuerdos que han permitido avanzar en reformas de fondo.

En entrevista, sostuvo que la mayoría de Morena ha impulsado cambios constitucionales relevantes, entre ellos la reforma al Poder Judicial, a la Universidad Michoacana y en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, los cuales, dijo, configuran “una nueva Constitución de Michoacán”.

La diputada rechazó que el trabajo legislativo esté paralizado y afirmó que la dinámica interna del Congreso ha permitido construir consensos entre fuerzas políticas.

“Dentro de la pluralidad que existe en el Congreso hemos sido capaces de generar mínimos de entendimiento entre las fuerzas políticas”, señaló.

Agregó que la bancada de Morena ha actuado con responsabilidad como fuerza mayoritaria, lo que ha contribuido a mantener la gobernabilidad al interior del Poder Legislativo.

Entre versiones encontradas, los órganos acéfalos, leyes pendientes desde hace casi una década, iniciativas congeladas, infraestructura inconclusa, promesas incumplidas y sistemas administrativos sin operar plenamente están ahí.

El Congreso de Michoacán mantiene abiertos rezagos que atraviesan distintas legislaturas, pero que hoy recaen en una mayoría parlamentaria encabezada por Morena y sus aliados, responsables de conducir las principales decisiones legislativas del estado.