Aguirre Abellaneda no ve revanchismo contra ASM por cuenta pública 2020

MORELIA, Mich., 6 de mayo de 2022.- Debido a falta de comunicación oportuna entre los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior y los de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hubo una percepción de incumplimiento en la fiscalización de la cuenta pública 2020, lo cual fue rechazado por el auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

“Yo no veo ninguna situación política o revanchismo contra la Auditoría o contra mí”, afirmó en respuesta a la nueva intentona de los diputados de Morena para destituirlo del cargo con el argumento de que no cumplió a cabalidad con los mandatos del pleno del Congreso del Estado.

En rueda de prensa virtual, precisó uno por uno los cuestionamientos que se hicieron en el dictamen presentado por la Comisión de Programa, Presupuesto y Cuenta Pública y señaló, por ejemplo, que efectivamente no se revisó el Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), porque no es su competencia, sino de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la misma situación están la Universidad Intercultural Indígena y la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyos presupuestos son 100 por ciento de origen federal o, incluso la revisión de organismos extintos antes del 2020 como la ASTECA de Michoacán o la Junta Local de Caminos, organismos que por lo tanto ya no aparecen en la cuenta 2020.

Recordó Aguirre Abellaneda de los 65 mil millones de pesos del presupuesto 2020, a la ASM únicamente le corresponde revisar 5 mil millones de pesos de recursos propios y de ese monto se fiscalizó el 80 por ciento, 4 mil millones de pesos, así como mil millones del crédito autorizado por el Congreso del Estado por 4 mil millones de pesos, porque los otros 3 mil se ejercieron en 2021.

El auditor superior señaló que es prematuro hablar de falta de resultados, ya que lo único que concluyó fue la etapa de fiscalización y actualmente están en la etapa jurídica que es en la que se fincan responsabilidades y, en posteriores procesos en el Tribunal de Justicia Administrativa o en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, son quienes aplican sanciones.