Propone Buscaglia Ley de Auditoría Ciudadana a diputados

MORELIA, Mich., 14 de junio de 2016.- Una Ley de Auditoría Ciudadana propuso a los diputados michoacanos Edgardo Buscaglia, consultor y especialista en crimen organizado, durante una reunión con los integrantes de la 73 Legislatura.

“Que los ciudadanos, de la mano del Estado, auditen en lo electoral, presupuestal, en licitaciones públicas, en lo judicial, no es ciencia ficción, lo hacen las democracias funcionales, no electorales, funcionales”.

La tienen Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia o Canadá y en México se puede hacer mejor, con auditores elegidos a mano alzada a través de asambleas ciudadanas y capacitados por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, organismos dispuestos a venir a asesorar, indicó.

“Se necesita una auditoría que no esté simulada, titeretada como en el caso del Distrito Federal, donde más allá de los partidos, donde a los auditores los elige el Jefe de Gobierno; no puede ser que México esté a esa altura”.

Invitado por el diputado del Partido Acción Nación Nacional Miguel Ángel Villegas Soto, Buscaglia dijo que leyes como esa que pretenden combatir la corrupción  son muy difíciles de aprobar y de aplicar porque le quitan la discrecionalidad a la gente poderosa.

Sin embargo, indicó, se tiene que trabajar en ellas para recuperar la credibilidad en las instituciones y advirtió que ningún partido político solo puede hacerlo ya que para ello es necesario un pacto Estado-sociedad civil.

Buscaglia invitó también a los legisladores michoacanos a incluir el sistema electoral en las leyes anticorrupción porque es una de las deficiencias que tiene ese sistema que entrará en vigor en octubre próximo.

“Uno de los grandes déficits del Sistema Nacional Anticorrupción es que todo el sistema electoral está ausente.. en vez de siete componente debería tener 10, sin los cuales no vas a poder reducir la corrupción, ni la judicial, ni administrativa, ni la política”.

Señaló que México, soberanamente, ratificó la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada y la Convención Contra la Corrupción, las cuales exigen la implementación de medidas preventivas, con la sociedad civil de la mano, para auditar presupuestos municipales y estatales pero son una materia pendiente.