Obligarán a jueces a capacitarse y a resolver con perspectiva de género

MORELIA, Mich., 7 de mayo de 2023.- Los concursos para jueces de primera instancia incluirán un apartado sobre control difuso de constitucionalidad, convencionalidad, perspectiva de género, interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos alternativos de solución de conflictos y controversias; además de que el Consejo del Poder Judicial, a través del Instituto de la Judicatura, impartirá cursos de actualización obligatorios para jueces en estas materias.

Estos requisitos derivan de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por el pleno de la 75 Legislatura, a propuesta de la diputada Lariza Pérez que hizo hace un año y que en esencia pretende establecer la obligación de los juzgadores de capacitarse, actualizar sus conocimientos y sensibilizarse para que resuelvan con perspectiva de género y observando el principio rector del interés superior de la infancia.

Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y la de Igualdad Sustantiva y de Género, coincidieron en la necesidad de brindar más y mejores garantías a las mujeres justiciables para coadyuvar, desde la administración de justicia, a combatir el rezago y la desigualdad de género.

Así, ante los casos en los que las mujeres, acudan ante un juzgado o tribunal, en busca de justicia, los impartidores de la misma deberán de contar, no solamente con los conocimientos técnicos en materia legal, sino que es también una necesidad que conozcan los criterios más relevantes y actualizados en materia de perspectiva de género e interés superior del menor.

Señalan que los juzgadores deben saber detectar si existe en la controversia una situación de desventaja o desigualdad basada en género y que, por consiguiente, aborden el trámite del proceso y las resoluciones de tal manera que elimine cualquier barrera que genere un trato diferenciado y desventajoso a hacía la mujer, por razón de su género.

Esto con la finalidad de que, al momento de resolver, se esté en total aptitud hacerlo dentro de la realidad social que se vive en el estado, y aplicando las herramientas jurídicas que le permitan resolver sin sesgos de género y buscando en cada caso, resolver con igualdad sustantiva e incluso emitiendo medidas o soluciones que impulsen un cambio cultural.

Consideraron que se busca disuadir patrones de conductas discriminatorias en la sociedad y de potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos humanos.