Exigen PRI y PAN nombres de funcionarios godoyistas sancionados

MORELIA, Mich., 19 de septiembre de 2013.- Mientras que los diputados del PRI y PAN consideran que deben darse a conocer los nombres de los 105 ex funcionarios que ya resultaron sancionados por la Contraloría, después de que no pudieron desvanecer las observaciones en el uso de recursos públicos, legisladores del PRD criticaron al gobierno estatal tras considerar que una vez más utilizan el asunto para desviar la atención a temas coyunturales y prioritarios para Michoacán, tales como el apoyo a los damnificados por los desastres naturales.

En entrevistas, por separado, el panista Alfonso Martínez y el priísta, Eduardo Orihuela coincidieron en señalar que la ciudadanía tiene el derecho de saber quienes no hicieron bien su trabajo mientras tuvieron una responsabilidad pública, por lo que una vez que efectuada la sanción, se debería dar a conocer los nombres de los responsables de dañar al patrimonio de Michoacán.

No obstante, ambos legisladores aclararon que se debe ser respetuoso en el respeto a los derechos humanos de los implicados, así como no caer en difamaciones y basar los señalamientos en fundamentos que ya fueron demostrados.

Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Armando Hurtado Arévalo, señaló que una vez más el tema de la revisión y fiscalización de la administración anterior es utilizada con fines políticos por parte del gobierno estatal, por lo que consideró una irresponsabilidad, los señalamientos que hizo el contralor estatal Roberto Coria Villafuerte ante los medios de comunicación.

Cabe señalar que este miércoles el funcionario del gobierno estatal señaló que de los más de 900 procesos administrativos que se iniciaron, ya fueron concluidos alrededor de 680, lo que derivó en sanciones de inhabilitación a más de un centenar de ex servidores públicos, quienes desde el inicio del procedimiento solicitaron la secrecía del expediente, por lo que incluso, la información puede ser negada mediante los instrumentos legales de acceso a la información para los ciudadanos.