Visiones y percepciones/Etelberto Cruz Loeza

VISIONES Y PERCEPCIONES.

IMPUNIDAD, LA DIVISA

JUSTICIA EN LOS ESTADOS.

El área de la procuración y administración de la justicia en nuestro país es uno de los ejes negativos que nos caracterizan. Transcribiré algunas informaciones de colaboración de Mauricio Farah,  especialista en derechos humanos y  secretario general de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicada en MILENIO diario en su edición del viernes 17 del presente: LOS ESTADOS Y LA IMPUNIDAD EN SUS SISTEMAS DE JUSTICIA.

(La  Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2017, del INEGI refiere – delitos del fuero común -): En México se cometen, en números redondos, 31 millones de delitos del fuero común; se denuncian 2  millones y se resuelven 400 mil. (¿Y  cómo saben de los otros 29 millones y qué pasa con ellos? De los 2 millones, se “resuelven” 400 mil. Luego, entonces, ¿en qué estado-condición quedan las 1, 600,000 denuncias?)

En 2016, según la encuesta,  de 980 mil casos no pasó nada o la investigación no continuó. En 384 mil casos se logró un resultado concreto, esto es en 136 mil el afectado recuperó sus bienes; en 110 mil se puso al presunto delincuente a disposición del juez; en 70 mil hubo reparación del daño y en 68 mil se otorgó  el perdón.

Para completar los dos millones la encuesta registra que  en 222 mil se obtuvieron resultados diversos o no especificados y que 416 mil se reportaron en trámite.

Los 384 casos que se concluyeron en 2016, representan el 1.2% de los 31 millones citados al inicio.

…Llama la atención la enorme disparidad que impera en todos los órdenes del análisis en las 32 entidades, tanto en el ámbito estructural como en la operación y en sus resultados.

Por ejemplo, en Chihuahua hay 23.7 agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Sonora hay 2.3.

Existe también un abismo entre los mil 79 pesos de presupuesto per cápita para la procuración de justicia en Chihuahua y los 93 pesos de Tlaxcala.

…En Campeche, cada ministerio público atiende al año 23 asuntos, en tanto en Baja California debe resolver 432.

En cinco entidades se puede realizar una denuncia en una hora, en nueve se requieren más de cuatro horas.

Mientras en Baja California se ejecutan ocho de cada 10 órdenes de aprehensión, en Guerrero se cumple una de cada 10.

En 12 estados la impunidad del homicidio intencional está por arriba del 80 por ciento; en 15, entre 50 y 79, y solo en cinco por abajo del 50 por ciento.

En Campeche, 90 por ciento de las condenas son de menos de tres años de prisión, en tanto que en Chihuahua es a la inversa: 90 por ciento son de más de tres años.

Además de la evidente disparidad, está el hecho de que este tipo de análisis se basa en lo que reportan las procuradurías y fiscalías, que no siempre se atienen a números reales, lo que se deduce de inconsistencias y contradicciones en algunos estados.

Por ejemplo, en materia de efectividad, Nayarit se adjudica 76 por ciento (la entidad que le sigue informa 20) porque dice que en siete de cada 10 de las 6 mil averiguaciones previas que abrió en 2016 se ejerció acción penal, lo que en todo caso es una ilusión, considerando que al año la procuraduría estatal obtiene alrededor de 200 sentencias penales.

Se trata de un desafío para nuestro sistema federal y para cada una de las entidades, es decir, de corresponsabilidad. Está visto que la diversidad de recursos, criterios y formas de operación no han rendido buenos resultados y no ha contribuido a la contención del crimen.

Que solo el 1.2 por ciento  de los delitos del fuero común se logre una conclusión efectiva de los casos es inadmisible. SI NO MODIFICAMOS ESTA PROPORCIÓN, LA JUSTICIA EN MÉXICO SEGUIRÁ SIENDO UN DISCURSOS FALLIDO O UNA ASPIRACIÓN IMPOSIBLE.

Ésta es la condición de nuestra procuración y administración de la justicia en el país.

En este sector – de la justicia –  ¿tenemos algo qué festejar?