Violentar ambientalistas con impunidad

Es lamentable que Michoacán sea reconocido junto con Oaxaca como uno de los estados en donde mayor violencia se ejerce en contra de los defensores ambientales. De acuerdo con el registro histórico del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en Michoacán esta violencia se ejerce a través de la persecución, estigmatización, criminalización, desaparición, el secuestro y el asesinato.

Tiene además otra característica, la mayoría de las victimas de esta violencia no han encontrado justicia y los casos forman un acumulado anual que habla mal de las instituciones gubernamentales facultadas por las leyes para atender esta problemática y que han sido rebasadas por los autores de esta violencia.

En el caso de Michoacán las victimas proceden de entornos en donde se defiende a los bosques, aguas y tierras con riqueza mineral. Este origen salta a la vista en cada uno de los casos que se han denunciado en los últimos años. Eso quiere decir que se persigue, se desplaza, se secuestra, se desaparece por defender los recursos naturales.

A finales del 2025 el Congreso de Michoacán aprobó una importante reforma a la constitución michoacana relacionada de manera directa con el derecho humano a un medio ambiente sano. Dicha reforma procede de la firma del Acuerdo de Escazú del cual México fue uno de los primeros firmantes. El acuerdo entró en la categoría de compromiso vinculante, o sea, que sí o sí debe aplicarse.

El Acuerdo de Escazú se promovió y firmó por 24 países de América Latina y el Caribe motivados por una tendencia a la alza en la violencia contra los defensores ambientales y los patrimonios naturales. Tiene como propósito comprometer apoyos puntuales gubernamentales para frenar la destrucción ambiental y la violencia contra ciudadanos reclamantes. En su artículo 9 establece con claridad el compromiso de los Estados firmantes con los defensores ambientales para proteger su vida, investigar los ataques de que sean objeto y asegurar un entorno seguro para su trabajo.

Michoacán ha sido una de las entidades que primero armonizó los principios del Acuerdo de Escazú con los contenidos de su constitución. En ese sentido, se colocó a la vanguardia. No obstante, ese empuje no ha venido acompañado de nuevas políticas públicas y normativas singulares para hacer valer el acuerdo. La CEMDA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) observan que la mayoría de los estados presentan rezagos estructurales en su aplicación. Señalan que, hasta la fecha, “no existen tribunales especializados, tampoco protocolos de protección homogéneos para defensores ambientales y plataformas digitales de información proactiva adaptada a comunidades vulnerables”.

Es urgente que Michoacán inicie un proceso de construcción institucional para que el Acuerdo de Escazú no quede solo como un deseo escrito en la constitución, pero abandonado en la práctica. Los recientes actos de violencia contra ambientalistas en Madero, Salvador Escalante, Hidalgo y Aquila no son eventos aislados. Se han dado porque el gobierno no ha podido crear las condiciones para proteger a los ciudadanos ambientalistas inhibiendo la racha de violencia y acoso que se ha echado a andar contra ellos; son resultado de debilidades estructurales que no pueden omitirse y que obligan a respuestas también estructurales por parte del gobierno.

El cambio de uso de suelo, la tala ilegal, los incendios forestales, la minería de alto impacto, forman parte de una estrategia de sectores productivos para obtener ingresos y supone también la persecución y silenciamiento de activistas y comunidades que alzan la voz. Por ejemplo, ahí donde hay una tala ilegal existe la voluntad perversa de pagar para silenciar y para asegurar ganancias económicas.

Toda actividad productiva relacionada directamente con la explotación de recursos naturales: aguas, bosques, tierras, debería tener normas estrictas que garanticen que su procedencia esté libre tanto de delitos ambientales como de violencia contra pueblos y defensores del medio ambiente.

La participación ciudadana en la defensa del ecosistema en el que habitan, que es su casa común, debe contar con una regulación fuerte porque al final de cuentas, esa es la vía para defender la vida propia, la de sus familias y la de su comunidad o ciudad. Sin esas normativas fuertes, el derecho humano a un medio ambiente sano es solo discurso de buenas intenciones.

El gobierno de Michoacán, todas sus instituciones, deben proceder con energía para frenar de manera inmediata la violencia contra los defensores ambientales y para ello debe fortalecer a las instituciones que ya tienen ese propósito y crear aquellas otras que son necesarias. La observación al Acuerdo de Escazú debe derivar en una operación con resultados exitosos.

Todos queremos “0” violencia, y todos queremos que se haga justicia inmediata a los ambientalistas secuestrados, desplazados, acosados, desaparecidos y asesinados. Las facilidades para violentar ambientalistas deben terminar y esa es responsabilidad del gobierno.