Uso de Razón/Pablo Hiriart

            Con el presupuesto y la demagogia imperantes hay dos crisis aseguradas para el próximo año.

            Tendremos una crisis de seguridad pública, y esa no nos la va quitar nadie porque no hay voluntad política para evitarla.

            Ya existe esa crisis. Asaltan a mano armada en cualquier parte.

            Los índices delictivos se han disparado en estos nueve meses, y ya veníamos mal.

            Sin crecimiento económico y con tolerancia oficial a quienes delinquen, esto se va a disparar.

            Fue falso que la seguridad sería una prioridad en el presupuesto.

No hay aumento, sino estancamiento en el gasto, con una baja para la secretaría de la Defensa Nacional de 3.1 por ciento en términos reales.

Es falso que esa baja se compensa porque los integrantes del Ejército que pasen a la Guardia Nacional ya no van a cobrar en la ventanilla de Sedena.

Consciente o no, el gobierno busca una “pax narca”, entregándoles territorio y control político a los grupos delictivos para que no hagan ruido.

Esa estrategia nos lleva a una crisis de seguridad que la veremos agudizada en el año próximo.

Decirles a los ejércitos irregulares de delincuentes que asesinan, trafican con drogas, secuestran, extorsionan y siembran el terror en buena parte del país, que piensen en sus mamacitas antes de hacer lo que hacen, es la claudicación del Estado a cumplir con su primera obligación: dar seguridad personal y patrimonial a los ciudadanos.

Esos dichos vienen acompañados de medidas en favor de los enemigos de la ciudadanía pacífica.

Las gasolineras en el norte de Tamaulipas tienen prohibido, por los narcos, venderle combustible al Ejército.

Y el gobierno, en lugar de darles protección, las multa por no venderle gasolina a los camiones de la secretaría de la Defensa.

En materia de seguridad, no se cuenta con el presidente.

No está del lado del ciudadano, sino de los delincuentes.

Sólo le interesa perseguir a los contribuyentes, para los que habrá cárcel sin haber sido declarados culpables de fraude fiscal.

Las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas por el gobierno para dar la cara ante los criminales, pero les prohíben someterlos.

Por primera vez, son los delincuentes los que reprimen a los soldados. Y no les pasa nada

La secretaría de la Defensa sacó un comunicado en el que informa que de ahora en adelante los soldados se van a defender si los agreden.

Muy bien. Pero, ¿cuándo agreden a la ciudadanía, no?

Se supone que para eso el gobierno los tiene en las calles: para cuidar a los ciudadanos. Y sólo van a actuar en defensa propia.

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Si es así, mejor que regresen a los cuarteles. Ahí nadie los va a agredir.
La Guardia Nacional, por su parte, es una estafa.

Nuestro compañero David Saúl Vela publicó el martes que del presupuesto de la Guardia Nacional, mil 242 millones 200 mil pesos serán para sueldos (rubro “prevención del delito con perspectiva nacional”).

Esa cantidad sólo alcanza para pagar los salarios de cinco mil 500 elementos, aproximadamente. Y la Guardia tiene 56 mil 200 integrantes, de acuerdo con el Primer Informe presidencial.

Lo anterior quiere decir, explica el reportero Vela, que 50 mil elementos de la Guardia Nacional siguen cobrando sus sueldos en la Defensa Nacional y en la Marina. Eso es contrario a la ley, por lo que las detenciones que realicen podrán ser impugnadas ante un juez.

Además de lo anterior, tienen prohibido enfrentar a la delincuencia y el presidente declaró que ya no hay guerra contra los capos de las bandas criminales.

La otra crisis segura es la educativa. Pobre niñez, en manos de la CNTE.
No se han aprobado las leyes secundarias de la contra reforma educativa porque no le gustan a la CNTE. “Faltan acuerdos con los maestros”, dijo el coordinador de los diputados de Morena.

¿Se refería a todos los maestros (un millón y medio)? No, a los de la Coordinadora que tenían bloqueados los accesos a San Lázaro.

Esas leyes no se van a destrabar en el Congreso, como ocurre en una democracia que se respete, sino en Palacio Nacional: en los acuerdos entre el titular del Ejecutivo y ese grupo violento que es la CNTE.

Al presidente ya le llevaron sus programas de educación, que enseñarán a los niños: “deben comenzar por desobedecer y resistir a las imposiciones institucionales, culturales y consumistas como primeras acciones contrahegemónicas”.

Le dicen al presidente que “somos cientos de miles los trabajadores de la educación: hombres y mujeres de todos los estados del país, integrados en la CNTE y otras organizaciones, los que nos manifestamos en contra de las políticas educativas neoliberales y todas las que transgredan los derechos de los estudiantes a recibir una verdadera educación”.

Le van a dar lo que piden. Al gobierno -salvo respetables funcionarios- no le importa que esos niños salgan de primaria sin poder resolver un quebrado, o que jamás en la vida puedan diseñar un software o incursionar en la programación de robótica.

Esa crisis que viene es brutal e inhumana. Niños preparados para votar, no para desenvolverse en la vida.

Las “cien universidades nuevas” que anunció el presidente en su Informe son otra broma cruel. Una estafa más.

Ayer publicamos en estas páginas la foto de la “Universidad del Bienestar Benito Juárez”, en el municipio Emiliano Zapata, Tabasco.

Tiene una sola carrera, “Ingeniería Química de la Industria Petrolera”, y carece de las mínimas condiciones para dar clases (se ve un solo salón) y realizar labores administrativas, y hay inscritos un centenar de alumnos.
Cada alumno, eso sí, tiene una beca de dos mil 400 pesos al mes por el sólo hecho de estar matriculados.

Una estafa para ellos, que creen que estudian ingeniería química. Todo al aventón y sin rigor académico alguno.

Esa es la crisis que más nos va a costar: el abandono de la educación.

Otra generación de mexicanos, perdida. Castigados con enseñanza de baja calidad o francamente nociva, y condenados a la pobreza.