Tribunal Popular de AMLO, linchamiento contra enemigos políticos

Como estrategia de propaganda política el Tribunal Popular es él mismo López Obrador. Pretende sustituir a la prensa no alineada que no volcó reflectores a Lozoya, el arma electoral.

El cálculo está a la medida de la perversidad política. El Tribunal Social Popular de Andrés Manuel López Obrador, anunciado en la conferencia de este lunes, es un mecanismo de linchamiento para quemar opositores en la pira mediática.

La estrategia de propaganda será más efectiva que un Tribunal Judicial. Bastarán algunos elementos revelados y otros retorcidos por Emilio Lozoya Austin para destrozar reputaciones.

López Obrador ya le asignó el papel protagónico al ex director de Pemex: sicario político. Será presionado, o mejor dicho, extorsionado, para cumplir los objetivos golpeadores de la Cuarta Transformación, primero, contra quien consideran el rival más fuerte, Acción Nacional, pero también para someter al PRI, al PRD y uno que otro empresario.

Nada tiene que ver la ley en esto, en cambio, se hablará de una justicia con certeza moral, a sabiendas que no puede violar el Debido Proceso del ex director de Pemex, simplemente porque López Obrador no es autoridad judicial ni ministerial.

Y, en caso de que revele información fidedigna y precisa del proceso que lo lleve a una investigación por filtración, el presidente dirá que fue un mensajero anónimo quien le dejó los datos en un sobre… y la alerta en una llamada sin identificar.

Lozoya debe estar en prisión preventiva. Los delitos imputados lo ameritan: lavado de dinero y cohecho, además del antecedente de evadir la justicia al salir del país con orden de aprehensión, es suficiente para encerrarlo, y de existir algún padecimiento que amerite hospitalización, existen las instalaciones penitenciarias conducentes para estos casos.

El Hospital Ángeles del Pedregal es una muestra de esta perversidad negociadora, donde el presunto delincuente de cuello blanco espera disparar contra la banda enemiga, y, de ser necesario, para salvar el pellejo, hasta contra el capo que le ordenaba y ahora permanece impune por la gracia obradorista.

Hay comparaciones que no son odiosas sino reveladoras, una de ellas es la diferencia en el trato a la ex Secretaria peñista, Rosario Robles Berlanga a quien mantienen en prisión preventiva. Tal vez lo amerite, pero todo indica que NO es aplicación de la justicia sino los odios de los Bejarano Padierna por el capítulo de Carlos Ahumada Kurtz que llevó a prisión al Señor de las Ligas.

En todo esto está el capítulo tenebroso mediante el cual, por maniobras extrañas, la ex titular de Sedatu cayó en manos de un juez preventivo familiar de Dolores Padierna.

El propósito del Tribunal Popular es totalmente mediático, y tal vez más letal que el mismo fallo del juez, quien tendrá que determinar si le concede la figura de Testigo Colaborador para acogerse al “criterio de oportunidad”.

La parte motivacional de esta trama es la animadversión de Andrés Manuel a la prensa, periodistas y medios no alineados, esto es, los más importantes. En cambio, se ha dedicado a rodearse de una Corte de los Milagros mediáticos totalmente indigna, rastrera e ínfima.

Estos sobreviven gracias a sus indulgencias, trianguladas para mantener esa mascarada carnestolenda, enmielada con el edulcorante artificial de la cercanía presidencial.

El Ejecutivo enfureció varias veces porque la prensa no volcó reflectores a Lozoya, como él quiere, como una persistente noticia de ocho columnas a partir de sus dichos contra funcionarios y legisladores en el sexenio pasado, con el argumento de la presunta ‘compra’ de votos para la aprobación de la Reforma Energética.

Esas baterías apuntan directamente a legisladores panistas, dos de ellos ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca.

Por supuesto que el Tribunal Popular es el mismo Andrés Manuel, nadie más, acompañado de sus bufones disfrazados de periodistas. Desde ya afila el hacha de verdugo y pretende sustituir a los medios convencionales por youtubers de internet y hordas de boots mediante un montaje, permanente en el proceso judicial.

No se trata de una payasada, se trata de una peligrosa obsesión.