Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

Tras bambalinas. Entre fosas clandestinas y panteones, nuestra realidad hoy

Por Jorge Octavio Ochoa.– Si con la misma fuerza que ahora impugnan la Ley de Seguridad Interior hubieran impugnado los presupuestos anuales de gobernadores en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, etcétera, otro gallo le cantaría a México.

Sin embargo, el silencio y la complicidad fue lo que imperó mientras los Duarte, los Moreira, Borge gobernaron. ¿Dónde estaban sus diputados locales mientras todo eso ocurría? ¿No sabían nada? ¿Quién revisaba las cuentas anuales? ¿Entonces para qué sirven los Congresos locales?

¡Pamplinas! algo recibieron a cambio o se lo guardaron para estos tiempos de raja electoral.

La perversidad política ha permeado en la historia del país y así como vimos a un Ricardo Anaya y Jesús Zambrano muy apoyadores del Pacto por México, aduladores de las reformas de las que ahora reniegan, ahora vemos a los Bartlett y los Yunes como neo-redentores de la honestidad.

Este fin de semana, en el Cañón del Nacapule, en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, encontraron una fosa clandestina con huesos humanos. La versión extraoficial es que en el área buscan más de 211 personas desaparecidas desde 2010 a la fecha.

En Guerrero, también el fin de semana, en un terreno irregular ubicado entre las colonias PRD y PPS de Chilpancingo, encontraron otra fosa clandestina. La versión oficial dice que son “4 segmentos óseos”; extraoficialmente se dice que son 11 cadáveres.

El hecho es que México lleva más que décadas, generaciones completas inmerso en esa historia de narcofosas y cementerios clandestinos, entre versiones encontradas y espeluznantes de las que los tres niveles de gobierno nunca saben nada hasta que les aparece el niño ahogado.

Hoy, en una avalancha de recursos jurídicos, la Ley de Seguridad Interior corre el inminente destino de verse truncada para que “especialistas”, “catedráticos”, “politólogos” y demás caterva de ilustres cabezas sigan pensando cómo crear una policía nacional que realmente proteja a los mexicanos

Sin embargo, los datos son abrumadores: esa intentona de profesionalizar los cuerpos policiacos ha sido un fracaso. En parte, porque a los propios policías no les interesa dedicar el poco tiempo que tienen para descansar, en cursitos y ejercicios. En parte, porque a los gobernadores tampoco les importa.

Datos del propio Senado de la República revelan que tan sólo el año pasado, cerca de 9 mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, 4 de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit fracasaron y tendrán que ser sustituidos.

En el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas de diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación señaló que los estados deberán “depurar” a los 8 mil 921 elementos que reprobaron las evaluaciones.

Lo paradójico del caso es que son los propios senadores y diputados quienes “urgieron” a los gobiernos estatales certificar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de acuerdo con los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial y profesionalizar a sus elementos.

Pero el diagnóstico es más contundente: “Actualmente nadie cumple con el ordenamiento constitucional y siguen utilizando policías uniformados no certificados”.

En la vida de México, la demagogia y el oportunismo han sido el “bitcoing” de uso corriente que más ha enriquecido a partidos y políticos, en un grosero insulto a la aparente desmemoria de un pueblo que, en los hechos, no entiende nada y sólo se va con la nata, el ruido y el rumor.

Eso que hoy cuestionan los ínclitos legisladores y las calvas brillantes enclaustradas en cubículos tibios y cómodos, son las normas que se han discutido desde hace años y que ahora todos dicen desconocer, pero que simplemente no se han aplicado.

Todos son unos hipócritas y viven en la línea de lo “políticamente correcto”, porque nunca se tomaron el tiempo necesario para analizar los pros y contras, hasta que la ley ya estaba promulgada y lista para su aplicación. ¿Dónde quedaron las horas de debate en el Congreso?

Claro, no es lo mismo vivir en grandes ciudades donde, bien que mal, se pueden pegar gritos de auxilio o esperar que milagrosamente alguna cámara oculta logre captar una irregularidad.

¿Pero qué pasa con las comunidades apartadas que son asoladas actualmente por el crimen organizado y el narcotráfico?

Gran parte de los desaparecidos y de los cadáveres encontrados, están en esas zonas de terror donde nadie ve nada, e incluso se pueden armar espantosas piras humanas para exterminar todo rastro. ¿Eso no lo ven las brillantes calvas indecentes? Y perdón a los pelones, que la indecencia es por la inmoralidad.

Desde el 19 de septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para profesionalizar a las policías en todo el país, en el marco de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 30 de agosto de ese mismo año, establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todo quedó en simple letra y nada de acto.

Los aspirantes e integrantes de los cuerpos policiacos deben presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de habilidades y del desempeño, así como obtener y mantener actualizado el Certificado que expedirá el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) respectivo, para ingresar y permanecer en las instituciones policiales de los estados.

Después de doce meses, Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones.

La pregunta sigue siendo la misma para todos: ¿Qué hacían en el momento que se discutieron leyes tan polémicas como esta? ¿Por qué el grado de emergencia e irritación llega sólo cuando están promulgadas?

La respuesta es la misma para todos los casos: oportunismo, demagogia, uso político-electoral. Eso, al igual que la impunidad y la corrupción, están carcomiendo a nuestro país.