Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

Maniqueísmo como sistema de gobierno

México está empezando a entrar a un terreno escabroso donde la confrontación violenta que se esperaba en el 2018 podría convertirse en una larga pugna de Poderes que podría ser incluso más peligrosa y agresiva de lo que se esperaba.

Tras la controversia promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos partidos de oposición encabezados por el PAN, PRI y PRD,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la Ley de Remuneraciones para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República.

De inmediato, Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a los ministros y los acusó de “no estar entendiendo la nueva realidad” que vive el país y remató: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, sentencia que suena más que lógica y justa.

Y en efecto: el Poder Judicial es uno de los poderes que más le han quedado a deber a los mexicanos. Los abusos, las ilegalidades, la nula impartición de justicia es lo que ha imperado en el país desde hace décadas y de hecho, se encuentran bajo sospecha de colaborar con el crimen organizado.

Incluso en la década de los 90 trascendió la noticia de que Ministros de la SCJN asesoraban a abogados del narco para enfrentar litigios y juicios en procesos mal llevados por la Fiscalía. El entonces Procurador, Jorge Carpizo intentó desmentir la versión y acusó a dos reporteros de “narcoperiodistas”.

Sin embargo, el ex procurador murió y nunca pudo probar la acusación contra los periodistas y creció la percepción de que jueces y ministros se habían colocado del lado oscuro de la ley para asesorar al crimen organizado. Esa fue y ha sido la queja permanente del Ministerio Público desde entonces.

Delincuentes entran y salen de las cárceles, sin recibir todo el peso de la justicia, porque siempre los abogados encuentran un resquicio, algún abuso de poder y así vemos como el 90% por ciento de los delitos en el país quedan impunes. Así han salido varios de los detenidos por los sucesos de Ayotzinapa.

Puestas así las cosas, los dichos del Presidente de la República caen como plomo encendido en el alma de un pueblo que se siente indefenso, desprotegido y abusado por fuerzas invisibles que han llenado de miedo y terror ya casi todo el país.

Hay irritación social porque, efectivamente, los ministros y jueces son los principales beneficiarios de un sistema inequitativo que propicia la prevalencia de una élite privilegiada, de políticos y funcionarios que se reparten el poder, el dinero y los negocios.

El problema es que Ley Federal de Remuneraciones, que establece la reducción de los ingresos de los funcionarios públicos de alto perfil, también afecta a estratos del mundo académico y de la burocracia que crearon un sistema de vida y de deuda acorde al monto de sus emolumentos.

Hoy, muchos maestros, doctores y catedráticos de la UNAM, UAM y diversas instituciones de enseñanza superior podrían verse ante la imposibilidad de responder a compromisos crediticios e hipotecarios basados en un nivel de ingresos que ya no tendrán.

Esto ha generado otro frente de inconformidad, porque además la intención de recorte salarial va acompañada por una severa merma presupuestal de los recursos que recibirán las universidades públicas el año próximo, que simplemente harán imposible ensanchar la matrícula de estudiantes.

El problema aquí es que, como en el caso de los Jueces y Magistrados, el pueblo dirá: “Pues que se chinguen también los maestros, doctores y licenciados ¿por qué van a ganar más que los demás si en realidad no hacen nada por el país?” Así, la confrontación social.

Lo más grave, es que este debate en torno a las percepciones se los servidores públicos se ha mezclado ahora con la pugna electoral que mantienen MORENA y PAN por las elecciones en Puebla, donde el Tribunal Electoral falló hace unas horas a favor de los panistas.

Esto enrarece aún más el ambiente de tensión social que ya se está sintiendo en el país y que se acompaña por dos hechos más que preocupantes que ponen en evidencia toda una estrategia de concentración de poder inusitada, que convertirá a López Obrador en un Presidente todo poderoso.

El hecho es que la semana pasada se aprobó en el Congreso una enmienda al artículo 19 constitucional, con la que se expande por igual la figura de PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, SIN DERECHO A FIANZA, a delitos como el huachicoleo, el feminicidio, el fraude electoral y la corrupción, entre otras.

Se metieron en una misma canasta delitos de índole disímbola, que dejan al ciudadano común y corriente en la indefensión pues los hechos electorales se vuelven un delito grave, al igual que la corrupción, sin que sepamos bien a bien qué es lo que el NUEVO RÉGIMEN considerará como corrupción.

Es tan delicado este tema que la ONU envió un oficio al Congreso en el que expresa preocupación de que se extienda en México la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Dicha práctica, señala el documento de la ONU, ya ha sido identificada como contraria a los derechos humanos, a la libertad y seguridad personal, así como a un juicio justo con debido proceso y garantías judiciales.

Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de organizaciones no gubernamentales se han pronunciado también en contra de esta figura porque, desde su punto de vista, es la que antecede a los gobiernos totalitarios.

Por si fuera poco, López Obrador ha sido severamente criticado en los círculos políticos por la terna propuesta para cubrir el lugar del Ministro José Ramón Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cara, el año próximo, para elegir nuevo Presidente de dicho órgano.

Los propuestos son:

Loreta Ortiz, fue diputada federal por Morena, es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es responsable del Área de Derechos Humanos y Migrantes del Servicio Social de la Universidad Iberoamericana. 

Celia Maya García, excandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro en 2015 y al Senado en 2018. Es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y egresada de la Universidad Autónoma de dicho estado en materia penal. Inició su carrera en el Poder Judicial de Querétaro desde 1979.

Juan Luis González Alcántara Carrancá Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2003 y fue propuesto a principios de año por López Obrador dentro de su terna para la Fiscalía General de la República.

González Alcántara es nada menos que el magistrado que ordenó la reducción de la pensión que pagaba Góngora Pimentel a su expareja, madre de sus 2 hijos con autismo.

Es evidente que AMLO sí busca tener Fiscal “carnal”, Jueces “de partido” y Mando Único policiaco para encarar la 4a Transformación que le ha prometido a los mexicanos, ante un ambiente de descomposición total en el que el crimen organizado no parece tenerle ningún miedo.

Por eso, el nuevo régimen ha anunciado también que va por todas las empresas “fantasma” ligadas al crimen organizado, principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación y a Los Cuinis, según informó el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

Apenas en enero pasado, el ex jefe de Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, había dado a conocer que más de 6 mil empresas “fantasma” en México han simulado operaciones por 1.4 billones de pesos, lo que equivale a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Es decir, hay un manejo maniqueo de MEDIAS VERDADES Y MENTIRAS COMPLETAS, porque el ambiente de inseguridad y corrupción es tal que sí ameritan una intervención directa de las Fuerzas Armadas, pero no a ese nivel de militarización donde, sin autorización previa de un juez, puedan intervenir en pueblos y comunidades.

¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! Procesos similares se han visto en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Palestina y Haití, donde los revolucionarios de ayer se convirtieron en los dictadores y asesinos de su mañana. ¡Cuidado! Podemos creer en la buena fe de López Obrador, pero no así en los que vienen detrás de él.