Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

Las diferencias entre “puto”, cobarde y gay

Quizá fue como mera ocurrencia, pero a la luz de la descomposición social que vive México, el planteamiento debiera ser considerado con mucha seriedad.

Este fin de semana, López Obrador propuso, a manera de desquite, evaluar también a gobernantes, legisladores y funcionarios públicos, ante la negativa de la SEP de suspender la evaluación magisterial.

Si permanece la evaluación a los docentes, uno de los pilares de la reforma educativa, también será necesario evaluar a los servidores públicos, entre ellos gobernadores y legisladores, dijo López Obrador.

“Hay quienes están peleando que se debe quedar la evaluación, si se queda hay que evaluar al presidente, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los líderes sindicales, a los empresariales, ¿por qué nada más al maestro? Hay mucha saña”, insistió.

La cuestión es que la Secretaría de Educación Pública rechazó frontalmente un Punto de Acuerdo promovido por MORENA en la Cámara de Diputados, a través del cual exhortaban a las autoridades a suspender indefinidamente la evaluación docente.

La SEP respondió que el calendario continuaría porque lo ordena la Constitución y las leyes reglamentarias en materia educativa. Por tanto, a principios de diciembre, dicha reforma constitucional será una de las principales tareas del Congreso de la Unión.

Pero, ya que lo dijo el futuro Presidente de la República ¿Por qué no tomarle la palabra? si la asignación de puestos, escaños y curules desde el inicio de los tiempos revolucionarios se han decidido a través de cuotas de poder pero nunca de capacidad.

La asignación, por ejemplo, de la Comisión de Cultura a un actor de medio pelo en San Lázaro, es quizá el ejemplo más patente de los dislates que ocurren en el Poder Legislativo pero habría que analizar otros casos más patéticos que podrían requerir evaluación psiquiátrica.

Arropado por un partido que no debiera existir porque su volumen de votos reales no daba para mantener el registro, Gerardo Fernández Noroña, por el PT, se ha convertido en la pieza más vergonzosa de un Congreso vociferante que, lejos de imponer ley y orden, añaden tensión al país.

Lo ocurrido la semana pasada en San Lázaro y el silencio de los hombres ante la ofensa dirigida a Rosario Robles, obliga a pensar seriamente en la posibilidad de dicha evaluación, incluso de carácter psico-métrica, pues hay legisladores que confunden su función.

Autonombrado paladín de la nueva moral republicana, Noroña ya había calificado de “cobarde” y “traidor” a Porfirio Muñoz Ledo en una de las primeras sesiones de la actual legislatura y la semana pasada le recetó el epíteto de “amante” a Rosario Robles sin recibir una sanción.

Más allá de los abusos de edad y de género cometidos por este actor de la política, lo que se ve aquí es una equivocada concepción de lo que es el fuero y de la delicada responsabilidad que implica el uso y el abuso del poder.

Cobardía, con todas sus letras, es lo que demostró Gerardo Fernández Noroña, al enfrentar a un octagenario en plena Cámara y cobarde es la agresión a Rosario Robles quien, al final de cuentas, es dueña de sus actos.

Es cierto que quizá, gran parte de la actuación de Robles como secretaria de Sedesol y Sedatu, e incluso como ex Jefa de Gobierno, ameriten una profunda investigación, pero de ahí a calificar su vida íntima, hay un mar de distancia.

Si a calificativos nos vamos ¿quién le dio derecho a este “eunuco” para erigirse como censor moral de las conciencias? Pero, por si fuera poco, en el colmo del abuso, el fulano argumentó que el uso del término “amante”, se encuadra en un contexto “político”.

En qué diccionario encontró tal definición, porque lo que se entiende en el español castizo es que “amante” es la persona que mantiene relaciones extraconyugales, lo cual no era el caso de Robles, y aunque lo hubiere sido, no era el lugar ni la forma para aclarar ese tipo de definiciones.

¿Qué sanción aplica para una ofensa de este tamaño? ¿Qué hará la recién creada Comisión de Ética para castigar este abuso del susodicho legislador. Aquí, lo menos que se nos ocurre, es exigir una disculpa pública, sin más retruécanos por parte del legislador.

Sería bueno ahondar en el tema, porque de hecho existe una profunda confusión respecto de algunos calificativos que se usan en la vida cotidiana que en ciertos casos parecen ofensa y no lo son; y en otros parecen calificativo denominador de hechos, pero son más bien “difamaciónes”.

Justamente ese es el delito en el que incurrió éste sujeto, contra el cual surge el deseo natural de gritarle a la cara “¡Puto!”, palabra vedada, porque existe la creencia de que es el calificativo para los homosexuales.

La cuestión es que llamarlo así, sería una ofensa para la comunidad gay, porque la profunda diferencia que los distingue es la dignidad, el valor y el derecho que les merece de proclamar sus preferencias y a Noroña sólo le distingue su oportunismo.

Tomémosle la palabra a AMLO, que sometan a examen a los gobernantes, legisladores y funcionarios, igual y Sergio Mayer nos da la sorpresa y tiene más capacidad de la que todos le creen y por lo menos tiene más respeto por las personas que el payaso castrado de San Lázaro.