Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

Responsabilidades y negligencia criminal 

Guste o no a los seguidores y leales a López Obrador, su futuro histórico está marcado por el manejo irresponsable que desde el principio dio a la pandemia. 

La frase brutal, de que a la 4T le vino “como anillo al dedo” la mortandad, quedará en los anales como una ligereza imperdonable. Pero, más grave aún, es que quizá en el futuro cercano, se deba investigar si hubo negligencia criminal. 

El presidente de la República pudo haber hecho muchas cosas, antes que dejar en manos de una sola persona, el manejo de toda la estrategia sanitaria y la comunicación social sobre las medidas de actuación ante la amenaza mortal.  

Hoy por hoy, nadie podría negar que la actitud del gobierno federal fue errática, displicente y dubitativa y hasta la fecha, con casi 110 mil muertes declaradas, López Obrador dice no querer aplicar medidas dictatoriales o de suspensión de garantías. 

Lleva al extremo la disyuntiva discursiva pero, en términos legales, lo cierto es que pudo hacer mucho más, y tomar medidas de protección efectiva a la sociedad y de contención de la pandemia, pero nunca lo tomó en serio. 

LO QUE PUDO Y NO HIZO 

Pudo, por ejemplo, implementar medidas sanitarias en todos los accesos carreteros y entronques de los estados, con el apoyo de los gobiernos locales, para implementar pruebas aleatorias de posibles infectados. 

Antes que emitir cartillas morales, pudo editar cartillas de riesgo y control sobre lo que debía hacer la población desde el inicio de la contingencia sanitaria, e incluso acordar la emisión de avisos sanitarios en altavoces en casetas de carreteras. 

El perifoneo en comunidades y colonias pudo ser también una acción preventiva, para crear conciencia exacta en la ciudadanía de la dimensión del problema que se venía. 

El presidente pudo haber ordenado el establecimiento de horarios matutino y vespertino para las jornadas laborales, a fin de reducir la masa de personas circulando por las ciudades, sin detener la actividad económica de la nación. 

De hecho, hasta pudo ordenar horarios nocturnos, para que otros trabajadores pudieran cumplir sus responsabilidades de acuerdo con su actividad. Pero no. López Obrador salió con su “¡Detente”! “Hay que salir, hay que abrazarse”. 

LA CIFRA FLOTANTE DE MUERTOS 

Hoy, su gobierno está montado en la cresta de una ola monumental, que puede llevar al país a una desgracia monstruosa y arrastrarlo a él a ese “basurero de la historia” del que tanto habla.    

Por lo pronto, hay un dato controversial, que crece y crece: el volumen de muertos estadístico, en un año normal, y los que se han empezado a contabilizar en estos primeros ocho meses de pandemia. 

Van 217 mil 989 muertes en México, que rebasa en un 38% la cantidad de fallecimientos históricos que se dan año tras año en el país. ¿El gobierno ocultó, manipuló información o simplemente hubo un mal manejo de la emergencia? 

Para los “adversarios”, todo esto podría configurar negligencia criminal, empezando por la decisión más criticada: haber dejado en los hombros de Hugo López Gatell todo el peso de las decisiones, aclaraciones y precisiones sobre la pandemia. 

Constitucionalmente existe un Consejo de Salubridad General, que jurídicamente asume toda la responsabilidad en la emisión de disposiciones generales en situaciones de pandemia, según el artículo 73, fracción XVI.  

Ahí se establece la asignación de facultades y competencias en estos casos. Las funciones ejecutivas quedan a cargo de la Secretaría de Salud, que asume la responsabilidad de todo el Sistema Nacional de Salud. 

Todas las instituciones que proporcionan servicios de salud quedan incluidas en el Sistema Nacional de Salud, aunque no todas se encuentren bajo la jerarquía directa de la Secretaría de Salud. 

El artículo 29 constitucional establece, entre otras cosas, que ante situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede suspender garantías. 

Todo esto lo hace, en acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, durante los recesos de aquel.  

En esas reuniones, puede suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación de emergencia. 

Las medidas adicionales que se deban aplicar en medio de la situación, deberán ser sometidas a la aprobación del Congreso de la Unión.  

López Obrador dejó todo eso en manos de una sola persona que, en sentido estricto, no ha sabido, no ha podido, o no ha querido establecer los criterios para la aplicación del llamado “semáforo” epidemiológico. 

El artículo 73 fracción XVI citado, puntualiza entre otras cosas que, en el caso de una epidemia (pandemia en este caso):  

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. (Esto no ha ocurrido) 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País. 

Es decir: el presidente debió establecer las medidas sanitarias. Cosa que no hizo desde el principio y no ha hecho hasta la fecha. Apenas el viernes pasado, 8 meses en que se desató la pandemia, emitió un decálogo anodino.  

Hay un Reglamento Sanitario Internacional que regula los actos de los Estados al hacerle frente a una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Dicho reglamento autoriza a los Estados a tomar medidas incluso, en contra de la voluntad de las personas o “viajeros”, en caso de que exista un riesgo inminente para la salud. El actual régimen ni siquiera lo ha mencionado. 

No ha querido implementar siquiera el uso de tapabocas como medida coercitiva. Ha preferido dejar en manos de los gobiernos estatales la decisión, para así no afectar sus índices de popularidad. 

Hemos visto pues, no sólo durante la pandemia, sino en estos dos años, que lo que más le preocupa a López Obrador, al margen del volumen de muertes, es su popularidad. 

Apenas la semana pasada, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, habló al respecto: 

Dijo que en situaciones de emergencia, la negligencia, la irresponsabilidad y la falta de oportunidad en el actuar de las autoridades para brindar atención a la ciudadanía pueden derivar en corrupción. 

Advirtió que hasta ahora, los efectos nacionales de la pandemia se desconocen por la falta de certidumbre pública:  

“Las cifras y el manejo de una estrategia, que no parece haber habido nunca, están generando y carcomiendo la capacidad de credibilidad de la ciudadanía en sus autoridades”. 

Esta es la nueva discusión que se empieza a desarrollar en los círculos políticos, intelectuales e incluso jurídicos. 

Cuando termine esta pandemia y se inicie el recuento de los daños, el primer mandatario del país tendrá que responder, pues la Constitución lo obliga a asumir la responsabilidad… Y no lo ha hecho cabalmente.