Tras bambalinas

Está en su naturaleza

Los motivos del lobo. Cuando se mezcló con la humanidad, vio que no tenía sentido cambiar de hábitos ni actitudes, si los demás son igual o peor que uno. Lo bondadoso fue superado por la naturaleza brutal, intrínseca de la fiera.

Las buenas intenciones se fueron perdiendo en un mar de componendas y arreglos que solo tenían una justificación inmoral: “es para él movimiento”. Y de “El Movimiento Soy Yo”, Andrés Manuel pasó a “La Ley soy yo”.

Dicho por el mismo, aquel López Obrador que hace 7 años aclaraba a sus correligionarios de la pseudo izquierda mexicana, quien es el que manda: “El movimiento soy yo”.

Ahora, a 7 meses de que concluya su mandato, les recuerda esa máxima nefasta: “La Ley soy Yo”, y su candidata presidencial tiene que plegarse a esos designios, y verse eclipsada, donde lo único que no levanta es su propia imagen.

El presidente quizá logró un objetivo: quitar de la mira de los medios a Claudia Sheinbaum. Él es la víctima. Pero es la ahora de empezar a ignorar al presidente, antes de que la hunda con sus desbarros.

EL MOVIMIENTO SOY YO

En el 2008, AMLO espetó a sus seguidores esa advertencia, cuando dirigentes del PRD, PT y Convergencia le pedían terminar con la toma de tribunas del Congreso y con el plantón contra la reforma energética.

El entonces senador Carlos Navarrete le preguntó:

– ¡A ver, para que nos quede bien claro Andrés Manuel! ¿Entonces el movimiento eres tú?

– ¡Sí, soy yo!? – alzó la voz, cortante.

Él concluyó así la discusión. Fue el primer aviso que tuvieron los perredistas de la clase de persona que tenían enfrente.

Así se acuñó la frase “El movimiento soy yo”, apuntalada en una difamación contra un reportero, al que acusó de pertenecer al CISEN de Gobernación, por haber filtrado aquel audio. Así ha sido desde entonces su relación con la prensa.

EL MACHITO

Tiene razón Xóchitl Gálvez cuando dice que el mandatario se portó como un verdadero “machito”. Diríamos más. Se portó como un barbaján, que abusa de su poder contra las mujeres.

“El presidente es muy machito con dos mujeres periodistas, pero vaya que es súper cortés en su trato con los delincuentes”, le soltó en el rostro Xóchitl Gálvez, a quien también violentó su derecho de réplica y divulgó sus datos personales.

El presidente está muy ofendido. Sin embargo, no solo se trata de sus presuntos nexos con el narcotráfico. Están también los descomunales desvíos de dinero que pululan en su sexenio.

Pero, por toda respuesta, la postura del mandatario, a 7 meses de que concluya su gestión, es que la figura presidencial está por encima de las leyes. Expresión escalofriante, solo equiparable a las de los años 40.

Se vuelve amenazante para el ejercicio del periodismo. Sería más fácil aclarar los dichos y las publicaciones que considera falsas y precisar, nombre por nombre, dónde está la tergiversación o la manipulación de datos.

El mandatario ha centrado su atención en los ataques que se le hacen como #narcopresidenteAMLO, pero la lista de acusaciones por corrupción cada día es más larga, y conecta a su primer círculo.

Marcelo Ebrard, Adán Augusto y la propia Claudia Sheinbaum aparecen, en medio de una oleada de imputaciones que, lo podrían llevar incluso a la cárcel, de no ganar su partido las elecciones del 2024 de manera abrumadora.

En esas están, Morena asumiéndose como el partido mayoritario, pero con el mismo pecado original de la élite política. Opacidad, abuso de poder. Todo eso los iguala, y no sabemos por qué mantiene protegidos a varios personajes.

No sólo es el caso Segalmex, donde siguen pendientes de aclaración, 4 mil millones de pesos en desvíos. Ignacio Ovalle sigue bajo la sombra de López Obrador, que lo exonera con un simple “lo engañaron”.

Surgen los fantasmas. Poco antes de morir, Carlos Urzúa había denunciado que más de 600 mil adultos mayores aparecían en la lista de beneficiarios de pensión sin que se supiera su verdadera existencia.

“Fantasmas”, que cobran una pensión por más de 50 mil millones. La investigación, al parecer, se irá a la tumba, porque la 4T ha cerrado esos archivos como casos de Seguridad Nacional.

En el sector educativo también hay un desfalco de 3 mil millones, por pago federalizado sin justificar, pago a trabajadores inactivos, centros de trabajo clausurados. En total, en la cuenta pública del 2022 hay anomalías por 32 mmdp.

El régimen no ha podido aclarar todo esto, ni la verdad sobre sujetos que han aparecido en la lista de presuntos corruptos, cercanos desde hace tiempo a los equipos de López Obrador.

Javier Núñez López, es uno de los principales nombres que aparecen en la lista de denuncias sobre desvíos de monumentales cantidades de dinero. Fue director de Recursos Materiales cuando AMLO fue jefe de gobierno del 2000 al 2005.

Su tarea era asignación de contratos. En 2007 creó la asociación Austeridad Republicana AC. De ahí salieron los gastos para la “Presidencia Legítima”, que creó AMLO luego de perder la elección presidencial con Felipe Calderón.

Austeridad Republicana recibió contratos del gobierno de la Ciudad de México, bajo el mando de Marcelo Ebrard. El dinero recaudado fue a dar a cuentas de Bancomer y Banco Azteca para financiar “el movimiento” de AMLO.

Con el triunfo de AMLO en el 2018, Núñez López asumió la Subdirección de Administración y Servicios de Pemex, desde donde ha firmado y supervisado contratos por más de 100 mil millones de pesos.

Lo grave no sólo es el monto, sino que muchos de esos contratos se han asignado a empresas ligadas con familiares de AMLO, principalmente sus hijos Andy y José Ramón. Todo esto aparece en investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción.

Los contratos firmados en Pemex por 100 mil millones de pesos son con:

·         Empresas de José Miguel Bejos, por 63 mil millones de pesos

·         Marinsa y Filiales, de José Luis Zavala Solís, relacionado con una prima de AMLO, por 14 mil millones de pesos.

·         SAT Desarrollo y Transparencia, Entre 2008 y 2012 Marcelo Ebrard le asignó 19 contratos por 92 millones de pesos. Fue una de las más beneficiadas del gobierno en la CDMX.

·         Baker Hughes, compañía involucrada con la famosa casa gris, firmó contratos por más de 23 mil mdp en tan solo 10 meses.

·         Desarrollos Regua, 83 millones de pesos a, empresa de un amigo de Andy

·         ORB Desarrolladora 81.8 millones de pesos.

En medio de toda esta danza, aparece el nombre de Gabriela del Olmo Albarrán, como presunta “mano derecha” de Javier Núñez López. Ella trabajó con Claudia Sheinbaum en el gobierno de la ciudad.

Luego están los nombres de Osterlein Salazar Beltrán, . “Primo hermano”, como se dicen en Tabasco, de Andy, hijo de AMLO. Ha sido involucrado en arreglos y actos irregulares en torno al Tren Maya y Pemex.

Osterlein Salazar Beltrán firmó dos contratos con Pemex en 2022 y que siguen vigentes, por 190 millones de pesos a través de su empresa Servicios Integrales de Teapa.

Amilcar Olán es otro nombre, amigo de Andy, que según reportajes se convirtió de pronto en “visionario” de los bienes raíces y compró terrenos cerca de la refinería Dos Bocas, cuando AMLO empezaba a reconstruirla.

Él es uno de los propietarios de Romedic, empresa que en el 2020 recibió 61 millones de pesos en contratos para suministro y distribución de medicamentos al gobierno de Tabasco, en los tiempos de Adán Augusto López.

Luego, en el 2022 recibió contratos por 219 millones de pesos de la gobernadora Mara Lezama, de Quintana Roo. Todo esto, cuando todavía existía el INSABI, que dirigía César Mauricio Calderón Alipi, hermano del actual director del IMSS-Bienestar, Alejandro Antonio Calderón Alipi.

¿Desaparecieron al INSABI para lavar todas esas cuentas? ¿Por eso quitaron a la UNAM y UAM, a los investigadores y académicos del Consejo Nacional de Salud?

Curiosamente, Eugenio Segura, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo, es mencionado como uno de los candidatos de Morena al Senado.

Por cierto, todavía no aclara el gobierno de AMLO, si es cierto o falso lo publicado por El Universal, en el sentido de que Amílcar Olán Aparicio, vendió a la Secretaría de la Defensa balasto a un sobreprecio de casi el 70%, para el Tren Maya.

Claudia Elena Pérez García, apoderada de la empresa B-Drive It, obtuvo 55 contratos del gobierno federal por 828 millones de pesos, según publicó el diario Reforma. Ella fue subordinada de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente.

Ahí también se menciona a José Ángel Anzures Galicia, quien presuntamente desvió 3 mil millones de pesos desde el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Y ni qué decir de Daniel Chávez Morán, principal socio de Vidanta, desarrolladora turística que domina toda la costa del pacífico, desde Jalisco, Nayarit y Guerrero. Él obtuvo la renovación de concesiones de playa desde el inicio del sexenio.

Sería más fácil que el presidente desmintiera, uno por uno, la relación de nombres involucrados en posibles actos de corrupción. Pero el mandatario se ha ido por la vía fácil: Si no les gusta, cambien de número, o de país. Ahí vamos al 2 de junio.