Tras bambalinas

El derecho a cambiar de opinión

Por Jorge Octavio Ochoa

El pasado 9 de septiembre apareció en Twitter un panfleto, presuntamente de la Guardia Nacional, que mueve a preocupación. 

Advierte que “La ciudadanía digital es tarea de todas y todos”; que los comentarios o publicaciones pueden afectar a alguien. 

“Convive y comunícate sin faltar el respeto a los demás”, dice el folleto, que concluye con algo más que una advertencia: 

“Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real”. 

De esta forma se inaugura la entrada en vigor de las reformas que transfieren el control de la GN al fuero del Ejército. 

Es un mensaje funesto, que pronto tendrá que aclarar en su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

De por sí ha crecido el descontento de los 30 millones de mexicanos que votamos por él, con la esperanza de un cambio y el fin de la corrupción del PRI. 

Este libelo, llena de preocupación a los que no estamos de acuerdo con el régimen y que también tenemos derecho a “cambiar de opinión”. 

Aquel que en 2017 decía “¡No a la militarización!”, hoy nos deja con un palmo de narices, abriendo las puertas al regreso de los militares al poder.  

Técnicamente, las policías municipales desaparecerán. Será la Guardia Nacional, desde el centro de la Federación, la que coordine el contraataque. 

El PRI se quedó corto con su pretendida Ley de Seguridad Interior. López Obrador ha entregado a la SEDENA más poder, recursos económicos y control financiero.  

El pueblo, que hoy reprocha los “Abrazos, no balazos”, dentro de poco podría temblar por los excesos en pueblos y comunidades. 

El tridente del Diablo: Prisión Preventiva Oficiosa, Criterio de Oportunidad y Militarización está en ristre. La guerra de Felipe Calderón tendrá su 2ª temporada.  

Será la Guardia Nacional, “con disciplina, con profesionalismo, honestidad y mando militar”, la que se hará cargo de la seguridad pública, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales”, palabra de AMLO.  

El lunes 5 de septiembre del 2022, pasará a los anales como la fecha en que López Obrador traicionó su palabra. “Cambiar de opinión” no fue de sabios. Fue una farsa, una mentira perversa, urdida para ganar votos y nada más.  

Por eso, ¿por qué la amenaza si la opinión de los mexicanos cambia? Es muy probable que venga ahora la manipulación, la censura y la reacción. 

Está en todo su derecho a cambiar de opinión pero ¿en serio tardó 5 años para darse cuenta de la gravedad del problema?  

AMLO ha pasado por encima de la Constitución y de las leyes. Ese será su legado. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos organismos de carácter mundial ya hoy le reprochan. 

Por toda respuesta, él declara: "Estoy sintiendo, percibiendo, de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia”, como si se tratara simplemente de un acto de fe. 

La mentira

López Obrador mintió todo el tiempo. En 2017 Peña Nieto suspendió la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior hasta que la SCJN calificara su constitucionalidad, en medio de una ola de opiniones negativas. 

Un año más tarde, en el 2018, fue derogada tras la campaña de las huestes de López Obrador que, apoyados por colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, y por la propia ONU, la consideró peligrosa para el país. 

Con pancartas guindas, salieron a las calles para decir que esa Ley pretendía la militarización del país y conculcaba los derechos de:  

• Acceso a la información,  
• Libertad de expresión,  
• Libertad de reunión 
• Libertad de asociación 
• Privacidad 
• Protección de datos personales. 

Concluyeron que la presencia permanente de estas fuerzas militares podría generar un efecto amedrentador en la ciudadanía y la echaron abajo.  

Hoy, el discurso es exactamente al revés y los morenistas hacen malabares y pirotecnias verbales para acoplarse a las órdenes de un líder que ha traicionado su palabra.  

Pero resulta que hoy, sólo él tiene derecho a cambiar de opinión y los demás tenemos que aceptarlo ciegamente. 

El agua tibia

Como el perro que persigue su cola, López Obrador vino a dar vueltas en círculos para llegar al mismo diagnóstico: sólo el Ejército puede enfrentar a los criminales. 

El problema es que habrá daños colaterales. La ciudadanía, los civiles, son quienes pagarán los costos y los excesos que puedan cometer los militares. 

El diagnóstico es el mismo, pero no es la forma que se deseaba para el combate al crimen organizado. Dar tanto poder a las fuerzas castrenses, sólo abre apetitos y espacios que se creían clausurados. 

Lo cierto es que, insistimos, desde hace más de 30 años, la penetración del narco y crimen organizado en las estructuras de poder es ya escandalosa. 

Los gobiernos municipales en amplias regiones del país han sido controlados por cárteles de la droga que aplican el terror para asentarse. 

No existe institución alguna, salvo las Fuerzas Armadas, que pueda enfrentarse en igualdad de condiciones a las bandas criminales, que además mueven enormes cantidades de dinero para sobornar, comprar a todo el que se cruce en su paso. 

Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: corrupción. Y el gobierno de López Obrador está lejos, muy lejos de haberlo combatido. 

La tranza de Segalmex, el hilo de la madeja

Entrado al cuarto año de gobierno, el círculo cercano del Presidente de México está plagado de versiones de corrupción. Los casos más sonados en estos momentos son: Segalmex y Bimex, sobre los que la 4T no ha podido responder. 

El primero es emblemático, porque involucra a un funcionario que hace años estuvo indiciado por actos de corrupción similares en la desaparecida Conasupo, hoy Segalmex. Se trata de Ignacio Ovalle, exjefe de López Obrador. 

Lo más delicado es que en las investigaciones se habla de triangulación de recursos y lavado de dinero vinculados a la empresa Libre Abordo, en favor de un altísimo personaje de Venezuela. 

En las carpetas se habla de la carencia de reglas de operación en Segalmex, lo que permitió un manejo discrecional de recursos y la creación de una red de proveedores que mediante adjudicaciones directas obtuvo contratos multimillonarios sin supervisión. 

Se menciona insistentemente a un personaje: René Gavira Segreste, como el cerebro de las transacciones en Segalmex a través de Liconsa.  

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, es mencionada también en presuntas relaciones con empresas como Gravas del Sureste o Diza Soluciones de Oficina, en las que aparecen algunos de sus familiares como beneficiarios de contratos. 

También hay un cúmulo de versiones no aclaradas, ni desmentidas, sobre nexos de altos miembros del gabinete con el narcotráfico, en operaciones de lavado de dinero a través de una notaría en Tabasco. 

Igualmente se dice que Emma Coronel, esposa de El Chapo, aseguró durante su proceso en los Estados Unidos, que su marido financió 3 campañas políticas de Morena a través de un alto funcionario de gobierno que es perseguido en aquel país 

Quizá por ello la preocupación del presidente Mexicano, quien ha solicitado reunirse con Antony Blinken, durante la próxima visita que realizará éste a nuestro país. Los temas del narcotráfico y seguridad estarán en la mesa, anticipó el gobierno de USA. 

En resumen, así como el presidente decidió cambiar de opinión con respecto a la militarización en México, ahora viene a caer en la cuenta de que sus proyectos estelares no funcionarán en el corto plazo. 

Necesita medidas extraordinarias para mantener el control y la sumisión de propios y extraños. Por eso la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en todo el país. México lindo y querido ¿por quién doblarán mañana las campanas?