Tras bambalinas

De escándalo en escándalo, el régimen 4teísta va dando tumbos, pero esta vez se enfrentará a sus demonios internos.  

Del nuevo hallazgo de otra mansión en Houston, que López Obrador ve como “modesta”, al descubrimiento de medicinas echadas a perder en Tabasco y Veracruz, no hay “a cual irle”, como dicen en el barrio.  

Ambos casos son, más que debate, motivo de demandas penales y llamados a cuentas por el Congreso de la Unión. Pero, como ya sabemos, al menos en la Cámara de Diputados no hay nada que hacer.  

El agrónomo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza tendrá que explicar, en primer lugar, porque una muchacha sin experiencia en el sector petrolero es directora de una filial de la paraestatal. 

Pero, peor aún. El Senado de la República debe llamar a cuentas a los gobernadores de Veracruz y Tabasco por el criminal desperdicio de medicinas y vacunas, al margen de las demandas penales que les inicie la población. 

Moralmente, ambas investigaciones profundizan el debilitamiento que la imagen del presidente de la república sufrió desde que se reveló el caso de su hijo José Ramón López Beltrán, del que no ha podido salir el mandatario.    

En medio de todo este drama, los grupos al interior de Morena empiezan a lanzarse obuses mortales y tarde o temprano echaran mano a estos temas, así como a la disputa entre el Fiscal Gertz Manero y el ex consejero presidencial Julio Scherer.  

Es muy factible que, por lo pronto, Cuitláhuac García y Carlos Merino, gobernadores de Veracruz y Tabasco, sea citados a comparecer en el Senado, luego de confirmarse el quebranto por miles de fármacos que caducaron embodegados. 

Los radicales de Morena, encabezados por John Ackerman, dirán que esto es culpa de Mario Delgado, por permitir el ingreso de advenedizos y pecadores. Los otros dirán que es resultado del avasallamiento, soberbia y autoritarismo de los Ayatolas. 

López Obrador podrá decir que Cuitláhuac y Merino son “gente de primera”, pero al margen de su humilde opinión, ambos tienen que explicar cómo fue que se echaron a perder 100 mil 100 cajas en Tabasco y 884 mil 822 en Veracruz, de piezas de medicina contra el cáncer.  

El escándalo adquiere otros niveles cuando el primer mandatario de la nación acaba de mandar “al carajo” a todos sus conciudadanos de la oposición, a quienes también gobierna, por criticar su decisión de traer médicos cubanos “especialistas”, para enviarlos a zonas apartadas porque los mexicanos no quieren ir. 

Hasta la fecha López Obrador no ha precisado en qué se gastaron 285 millones 873 mil 177 pesos para el pago a 585 presuntos especialistas de la isla que vinieron a “asesorar” a los mexicanos, y cuántas vidas salvaron los galenos durante la pandemia.  

El Presidente descalifica, insulta y todo le parece modesto. Pero seguimos sin saber cómo se justifica el gasto por sólo 3 meses de servicio de cada uno de los médicos cubanos, que ganaron en ese lapso 437 mil 390 pesos por cabeza. Aunque en realidad el dinero fue a parar a las arcas del gobierno de Cuba.  

Es un insulto para miles de médicos mexicanos, que sólo ganan 17 mil pesos mensuales en muchos casos. Pero a él le parece poca cosa gastar por ejemplo, tan sólo en 2020, alrededor de 14 millones 884 mil pesos por gastos de “hospedaje, alimentación y servicios generales”. 

Es ofensivo y fuera de todo orden, que el presidente nos mande “al carajo” por estar inconformes, luego de dos años de pandemia, en que su régimen nunca tuvo un gramo de empatía para condonar impuestos, diferir pagos de algunos servicios públicos o hacer descuentos. Nada, no hubo ningún apoyo.  

UN INSULTO A LA INTELIGENCIA DEL PUEBLO 

Enfurecido, por este último escándalo de la casona, López Obrador también trata de aplastar, sepultar, evadir el escándalo de la hija de su secretario particular, Alejandro Esquer, y cree que con su sola palabra lo libra a él y al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, de todo pecado. 

No sólo se trata de la casa de 8 millones de pesos, adquirida en Houston por Carmelina Esquer, a tan sólo 15 minutos de la que ocupaba el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, quien pagó la renta con su sueldo de una empresa radicada en Estados Unidos, propiedad “del hijo de un amigo”.  

Hay toda una cadena de irregularidades, como el hecho de que Carmelina fue designada directora de Pemex Procurement Internacional (PPI) en julio de 2019, con tan sólo cinco meses de experiencia en el sector petrolero, luego de ser solo “coordinadora de área”.  

Este es un asunto grave, que por sí solo amerita explicación de Romero Oropeza. Ella tiene un sueldo mensual de 270 mil pesos, superior a lo que gana el presidente, y contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovida por el propio López Obrador.  

En 2019, tras el triunfo de AMLO, ella fue nombrada delegada de la Secretaría del Bienestar y un mes después, en febrero de 2019 llegó a Pemex como coordinadora de área, para después ascender a la dirección de PPI. Ahí se confirma aquello de que 90% de lealtad y 10% de capacidad. 

Es aberrante, un insulto a la inteligencia del pueblo, porque además la filial de Pemex fue creada por el “odiado Peña Nieto y los conservadores de antes”; ha mantenido contratos con Baker Hughes, la empresa de donde salió un funcionario que le rentó su “casita” a José Ramón López Beltrán.  

También tuvo contratos con la empresa holandesa Vitol, vinculada a sobornos comerciales. Aun así, la filial de Pemex en Houston firmó convenios con ellas.  

Pero no es todo. La filial de Pemex mantiene prácticas de opacidad, heredadas de los de antes, como el conservar en secreto su nómina y los contratos multimillonarios que ha suscrito. Todo, bajo el pretexto de que se rige por leyes extranjeras y por tanto, “no es un ente obligado”.  

El blindaje de opacidad creado por el gobierno de Peña Nieto bajo la dirección del actual indiciado Emilio Lozoya, es el mismo que mantiene el impoluto régimen de López Obrador. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tuvo que obtener la información a través de una fuente que ha colaborado para PPI. 

Pero López Obrador justificó la contratación de Carmelina, el sueldo, el cargo y la propiedad de una residencia en Estados Unidos. “Ella estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto…” 

Sin más argumentos, se fue de boca contra Reforma y otros diarios estadounidenses, así como contra el periodista Jorge Ramos, menciona a Carlos Loret. Pero no aclara ninguno de los puntos legales. El presidente de México otra vez falta a la verdad, a la ética y a la legalidad.  

¿No pasa nada? ¿Qué es lo que ya cambió, señor Presidente? Me gustaría rematar esta entrega y aplicarle la misma que usted nos recetó por criticar la contratación de médicos cubanos. 

Pero ¿sabe algo?, Entre las pocas cosas en que estamos de acuerdo, debo decirle que, efectivamente, “no somos iguales”. Nosotros sí tenemos todavía autoridad moral y educación. No puedo mandarlo ni a su rancho.