Seguridad y defensa/Carlos Ramírez

Seguridad y Defensa

Militares: debate sin adjetivos

Nuevo paradigma: seguridad interior

De manera recurrente y casi siempre como efecto de textos en publicaciones extranjeras, el tema de la participación de las fuerzas armadas en labores más allá de la seguridad nacional territorial pasa a formar parte del debate político e ideológico. La conceptualización más fácil es la de hablar de “militarización” de labores civiles de gobierno.

Pero el tema es más complejo. Ahora mismo el texto “Sargento López Obrador” de la revista The Economist ha movido algunas columnas periodísticas siguiendo el texto, pero de nueva cuenta sin aportaciones propias. Inclusive, el mundo de la academia mexicana de ciencias sociales sigue rezagándose en la exploración de nuevas formas de ejercicio de la policía, el poder y la sociedad y más atrás de la indagación de las nuevas realidades que pudieran englobarse en el espacio de la “seguridad”.

El punto clave sigue esperando debate: ¿es México un régimen militar? La respuesta es negativa, por más que el presidente actual le haya asignado funciones ajenas al uso de las armas, pero en base a la permisividad legal de la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional que permite su participación en obras sociales. Inclusive, para ser presidente no se debe ser activo en las fuerzas armadas o en alguna cofradía religiosa. Se puede discutir si el presidente de la republica tiene una mentalidad autoritaria o cerrada, pero no hay indicios de que tenga un ejercicio militarista del poder por encima de las leyes porque todas sus decisiones, mal que bien, tienen fundamentos legales constitucionales.

Aquí se propone un nuevo marco analítico: la construcción de la “seguridad interior” como un nuevo paradigma de entendimiento de las labores de oficinas de seguridad. Nos habíamos quedado en el Estado de bienestar social como la aportación histórica del régimen de la Revolución Mexicana, pero el neoliberalismo salinista sacó al Estado de las caracterizaciones sociales y definió las labores de gobierno como funcionales a los fundamentos administrativos.

La nueva fase del Estado neoliberal en 1980-1994 --del Plan Global de Desarrollo 1980-1982 al Tratado de Comercio Libre-- disminuyó el potencial del Estado en el sistema productivo. El relevo en la burocracia dirigente de los grupos políticos por los técnicos administrativistas --concepto de Octavio Rodríguez Araujo en una charla-- terminó con la fase de control político de la delincuencia por parte de los funcionarios. En el vacío de poder de ese relevo se dio el fortalecimiento de las bandas criminales organizadas y desorganizadas.

Los delincuentes pasaron de actividades propiamente delictivas --quitarle a los individuos su riqueza-- a labores de sustitución de funciones productivas, pasando por la fase de captura y sustitución del Estado. Ahí, en ese espacio, se dio la reformulación de la seguridad interior como eje de estabilidad. La doctrina de defensa nacional establece definiciones claras de seguridad interior:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

De la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus bienes se pasó al aseguramiento del ambiente del Estado para la inversión y el desarrollo. Ahí, en ese agudizamiento de la inseguridad personal a la inseguridad del Estado para generar desarrollo y bienestar se asumió el modelo de seguridad interior, por cierto caracterizada como orden interno por la Constitución de Cádiz de 1812 y como seguridad interior en las tres constituciones mexicanas. Es decir, el Estado expandió sus funciones de seguridad cuando la delincuencia afectó el territorio, la economía productiva y la soberanía territorial.

La nota de The Economist recupera las quejas mexicanas sobre la participación de las fuerzas armadas en labores administrativas ajenas a la guerra. Sin embargo, las principales tienen que ver con la seguridad vis a vis el activismo de las bandas criminales: narco, migración, oleoductos, carreteras, puertos, presas, hospitales y aduanas, entre otras. Esas actividades han sido afectadas por la corrupción, el poder y la criminalidad de las bandas delictivas. Y la presencia militar en los hechos introduce criterios de seguridad interior para recuperar el dominio sobre espacios, actividades y funciones.

La participación militar en labores de seguridad tiene que ver, como se ha explicado, con el hecho de que se trata de seguridad pública en espacios de seguridad interior y a partir del hecho permitido por las autoridades políticas y administrativas: la construcción de una capacidad de fuego por parte de los delincuentes en niveles superiores a la policía, pero inferiores a los militares. Las reglas aprobadas en este gobierno insisten en la temporalidad militar de cinco años.

El dato adicional radica en el hecho de que la estructura militar en México no es segregada de la civil; el hecho de que los jefes del ejército y la Marina-Armada sean también miembros del gabinete presidencial implica su pertenencia a las estructuras civiles de control administrativo. Y la observación critica civil será del nivel de independencia y autonomía real que esos organismos asuman para controlar las finanzas publicas. Y ya los miembros de las fuerzas armadas pueden ser juzgados por tribunales civiles, terminando con el fuero de guerra.

Hasta ahora y a pesar de las actividades en las que participa, el pensamiento militar y el espíritu de un cuerpo amado no ha definido las relaciones de poder. Todos los niveles de gobierno son civiles y los militares y marinos tienen que ajustarse a las leyes civiles en sus nuevas actividades no castrenses.

El tema da para mucho. Pero debe comenzar por la comprensión de un nuevo paradigma de funcionamiento y utilización de las fuerzas armadas sin que se contamine el espíritu civil de la sociedad y sus instituciones. Y, además, el presidente de la república no es sargento, sino comandante supremo de las fuerzas armadas con u a quinta estrella que lo coloca por encima de los generales de división con tres y cuatro el general secretario, así como el presidente de EEUU es comándate en jefe de sus fuerzas armadas.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.