Salvar al aguacate

A diestra y siniestra el presidente Trump la ha emprendido a garrotazos contra el T-mec. A estas alturas a nadie le deben quedar dudas de que su valoración sobre este tratado no le merece ningún elogio. Al contrario, le parece un obstáculo y causa de las desventajas en la balanza comercial con México y Canadá.

Lo ha expresado sin ambages, en el 2026 no habrá una revisión como lo estipula el acuerdo, su propósito es acordar uno nuevo o bien impulsar acuerdos diferenciados con ambos países. Si es un nuevo acuerdo o un acuerdo con cada país esto ocurrirá a partir de la idea de poner en el centro el interés económico superior de Estados Unidos.

De los garrotazos que más han dañado la consistencia del T-mec el de la imposición de aranceles es el más destructivo. La imposición de aranceles, aunque estén en pausa, es la acción arbitraria que más violenta los términos esenciales del acuerdo comercial, es la negación misma del acuerdo.

 Es justificable la preocupación de los agentes productivos que utilizan el T-mec para su realización comercial pues su debilitamiento y eventual cancelación frenaría el impulso de sus empresas como hasta ahora se había conocido y ocasionará una caída de la economía mexicana que la metería en la senda de la recesión.

La producción aguacatera que es generadora de miles de millones de dólares aporta al Producto Interno Bruto (PIB) más del 4.3 % y es uno de los pilares de la producción agropecuaria nacional. El valor que esta representa para estados como Michoacán es crucial, su caída tendría un impacto negativo de impredecibles consecuencias.

La bonanza aguacatera no se puede explicar sin los instrumentos que le han otorgado los tratados comerciales. Este cultivo tan bien auspiciado generó un afiebramiento que contagió a inversionistas, dueños de predios, a funcionarios públicos y por supuesto al crimen organizado. Por décadas se expandieron de manera ilegal por la autopista de la corrupción, tomando bosques y aguas sin respeto por las normas de sustentabilidad, al margen de las leyes ambientales del país y sin consideración por los derechos humanos.

Se confiaron tanto ―aguacateros y gobernantes― que no obstante los términos explícitos del capítulo 24 del T-mec, que prohíbe las exportaciones de productos con huella de deforestación y cambio de uso de suelo, se permitieron y permitieron realizar un ecocidio generalizado en los ecosistemas de bosques templados del estado, al fin que no pasaba nada.

Si los demenciales impulsos proteccionistas del presidente Trump lo han llevado a apalear el tratado comercial también es cierto que la codicia e irresponsabilidad de productores y gobernantes mexicanos han dado permiso para que de este lado de la frontera se apaleé y pisoteé el capítulo 24 del T-mec con singular gusto a cambio de ingresos fastuosos y la presunción de una economía agrícola boyante.

En este campo de la actividad productiva, como en otros más en los que México ha sido violador consuetudinario de los valores que le dan sentido al dicho acuerdo comercial trilateral, el gobierno mexicano le está regalando en bandeja de plata los pretextos que puede presumir el de la Casa Blanca para demoler por completo el T-mec, imponer los aranceles y replantearse una ruta proteccionista que sacrifique a nuestro país.

Y no es que al señor Trump le gusten los argumentos ambientales, más bien todo lo contrario, ha retirado a su país de los Acuerdos de París y decidió intensificar el consumo de combustibles fósiles por la economía estadounidense a través del fracking bajo la festiva idea de “perfora bebé perfora”. Pero, no dejará pasar un “maravilloso y hermoso” pretexto, el de que los mexicanos han venido violando el T-mec desde que se firmó ―él lo firmó en 2018― y se han enriquecido a costa de mal informar a los consumidores estadounidenses.

Al cuarto para las doce y previendo el huracán que se le avecina a la producción aguacatera nacional el 30 de enero pasado a través de un comunicado gubernamental la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la del Trabajo y Previsión Social, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañados de la Asesoría de la Presidencia, comunicaron que “pondrá(n) en marcha (¡ahora sí) un programa que busca agregar valor a nuestro campo al garantizar que todos los productos de agroexportación de México cumplan con la legislación laboral y ambiental”, y agregó el secretario de agricultura “que el aguacate es uno de los principales productos nacionales de consumo y exportación, pero enfrenta retos como la deforestación y la informalidad laboral”.

La nota es extraña, aunque tiene lógica, porque si ha habido una institución históricamente reacia a meterle control al aguacate ecocida ha sido la secretaría de agricultura, pues ha consentido las prácticas vandálicas de la producción aguacatera a pesar de las quejas constantes, todo en nombre de la prosperidad agrícola.

Bajo ese mismo horizonte el gobierno de Michoacán ha dado a conocer este viernes 7 de febrero el primer paquete de aguacateros que voluntariamente se han incorporado a la certificación ambiental de su fruto. Una certificación, por cierto, demasiado acotada porque permite la certificación ambiental de miles de hectáreas con cambio de uso de suelo hechas hasta antes del 1 de enero de 2018.

Los anuncios gubernamentales están dirigidos a Trump y su tribu y buscan apaciguarlos ante la cuestión aguacatera. No obstante, la incertidumbre de lo que ocurra cuando concluyan los 30 días de gracia otorgados al gobierno de México es tal que cualquier escenario es posible. Este domingo ya anunció la imposición de aranceles al acero y al aluminio, incluido el comprado a México.

Es bueno que el gobierno mexicano tenga alternativas de atención para salvar al super aguacate, aunque pueda ser demasiado tarde. Tal vez la exploración de nuevos mercados no deba descartarse como ya se ha adelantado también.

Como sea, una nueva era para la producción aguacatera, para que sea exitosa, debe ser necesariamente sustentable y sostenible, es decir, debe pasar por el respeto o recuperación de bosques, aguas y los ecosistemas que ya dañó durante décadas. De no ser así los garrotazos del mercado exterior continuarán además del costo incalculable de los efectos ambientales.