Rolando ando

Del estruendo al tiro de gracia.

En los tiempos de Don Porfirio Díaz la consigna a la tropa del Ejercito era “llévenselos en caliente” para abatir a opositores y criminales.

No había piedad, ni misericordia, mucho menos derechos humanos. Los tiempos han cambiado desde entonces y hoy vivimos una política de seguridad denominada “abrazos y no balazos”, sin grandes resultados en el combate al crimen organizado. Al parecer el objetivo de las Fuerzas Armadas, que deberían protegernos de esos malandros, es otro, y los abrazos son para los criminales y los balazos contra los jóvenes que estudian o trabajan, tal y como lo demuestra la reciente masacre de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El pasado domingo en la madrugada un grupo de jóvenes se dirigían de la discoteca a sus respectivos hogares. El conductor designado se había comprometido a dejarlos sanos y salvos y por ello no bebió, por ende, no conducía a exceso de velocidad ni violentando las señales de tránsito. Las notas periodísticas, testigos presenciales, así como un sobreviviente así lo relatan.

Al parecer hubo un alcance de un vehículo militar contra la troca en la que viajaban los jóvenes, lo que los impactó contra otro automóvil, los obligó a parar y a bajar de la unidad. Entonces empezó el infierno y el fin para cinco de ellos, que pese a las suplicas fueron abatidos a tiros, a corta distancia –se dice hasta ejecutados con el tiro de gracia, ya que uno de ellos presentaba un solo disparo, pero en la nuca–. El conductor recibió hasta doce impactos, el copiloto más de cinco, las suplicas y gritos fueron inútiles, tres más murieron, otro resultó herido y uno más sobrevivió ileso.

El joven sobreviviente, que viajaba detrás del conductor, escuchó al bajar de la unidad el grito de los militares de “mátenlos, mátenlos”. La providencia lo salvó de morir y sólo logró ver los cuerpos de sus amigos ensangrentados en el suelo, ya ha contado su versión.

No fue sino hasta el miércoles pasado, cuando la Secretaria de la Defensa nacional (Sedena) dio a conocer la propia mediante un comunicado de prensa, en el cual reconoce que sus miembros dispararon contra una camioneta pick up donde murieron cinco hombres y uno más resultó herido, en razón de que “iban a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas de circulación, y que aceleraron súbitamente cuando vieron la presencia de los militares”.

Es cierto que Tamaulipas es una entidad dominada por el crimen organizado, cuyas bandas criminales se disputan el territorio y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Una entidad donde son frecuentes las balaceras, persecuciones, bloqueos, ejecuciones y emboscadas contra las fuerzas del orden. De ahí que haya tensión y nerviosismo en sus tareas de recorridos de vigilancia y contención. De ahí también que el dedo en el gatillo puede ser más ligero de lo acostumbrado y al escuchar un “estruendo”, como dicen los militares, accionar de inmediato el arma. Son militares que arriesgan su vida a diario, pero que no están capacitados para acciones de seguridad pública, sino para la guerra.

La matanza de Nuevo Laredo es el mejor ejemplo de que debe parar ya la militarización del país y que sean los cuerpos policiacos y la Guardia Nacional quienes realicen las obligaciones de seguridad pública y cuidado ciudadano.

Desde Palacio Nacional se ha dado la orden de que se investigue a fondo y de que si los militares son culpables sean castigados. Hasta hoy sólo se les imputa haber desobedecido una orden. Y en tanto la indagación procede, la indignación crece entre la población tamulipeca.

Hoy sabemos que, con base en los estudios forenses, los jóvenes murieron de varios tiros cada uno. Al conductor se le contaron hasta doce impactos, a otro de los ultimados diez. Lo que habla del infierno que vivieron antes de morir y que ahora, por instrucciones del jefe del Ejecutivo Federal, corresponde investigar a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuatro militares han sido detenidos y llevados ante las instancias militares para tomar sus declaraciones e iniciar la investigación. Las autoridades militares, así como las judiciales deben realizar una indagación a fondo y develar todo el misterio que rodea la pronta y letal reacción de la tropa, confeccionada para matar en combates y no para cuidar a la ciudadanía en materia de seguridad.

No es la primera vez que los militares están envueltos en acciones semejantes, no son pocas las denuncias en contra de ellos por la violación de los derechos humanos. También los hemos visto aguantar a pie firme golpes, gritos y empujones de pobladores de lugares inseguros y conflictivos. Están preparados para dosificar el uso de sus armas letales, así como para repeler ataques sorpresivos de los malandros, no para tareas policiacas y de seguridad pública.

Tampoco es la primera matanza en lo que va de este gobierno.