Riesgo por defender la vida

Defender la vida puede costar la vida. Esta expresión que parece una ironía es tan cierta como que dos más dos son cuatro. El productivismo económico, derivado de un modelo agresivo para la generación de renta, al que se le ha permitido operar sin restricciones efectivas y en ocasiones hasta solapado por quienes deben aplicar las leyes, corre desbocado arrasando, también paradójicamente, con los ecosistemas que permiten la vida de los humanos a los que se supone debe beneficiar.

La carrera entre productivismo y legislaciones ambientales ha sido desigual. El poder económico y político que ha construido el productivismo ha superado con creces el débil escudo protector de bosques, aguas y ecosistemas, poniendo en riesgo los equilibrios que el planeta, el territorio y la localidad necesitan para que la vida siga siendo posible.

La mercancía y el dinero han sido colocados por nuestra sociedad en el centro de todos los valores. Y aquello que discrepa de estos valores ha sido puesto en el lugar de los adversarios del progreso. Hemos invertido el valor de los valores. No valen como servicios ambientales los bosques, las aguas, los ecosistemas, es decir, la vida, pero sí vale la riqueza que se pueda obtener al mercantilizar esos bienes.

Este modelo de pensamiento, tan aceptado y reproducido por nuestra civilización, legitima la tolerancia al delito ambiental y la criminalización de quienes alzan la voz para protestar por la muerte de la vida. El poder económico que en torno a este paradigma se ha constituido es de tal alcance que ordena la práctica de las relaciones entre el hombre y la naturaleza.

Por eso a pesar de que México tiene un acervo legislativo que supone definiciones, principios y compromisos con la vida natural, que bastarían para reorientar las practicas productivas ecocidas, en los hechos los intereses del poder económico terminan imponiéndose, anulando de facto los límites legales.

El estado mexicano ha sostenido hasta ahora una postura limitada, tibia y hasta cómplice de estas prácticas productivas, dejándolas avanzar hasta que los daños son irreversibles y asumidos como parte del paisaje natural del progreso.

Si las leyes existentes se aplicaran a través de instituciones firmes, fuertes y no corrompidas, la contención sería efectiva y la regulación estaría caminando hacia la sustentabilidad y la sostenibilidad. Como no es así los gobiernos tienen que limitarse a reproducir el discurso plasmado en los documentos de política pública, pero con escasísima correspondencia con la realidad.

La cuestión ambiental importa a los políticos solo como discurso electoral casi nunca como compromiso gubernamental para dar resultados verificables. Esta falla ha ocasionado que la agenda ambiental aparezca como un problema de magnitudes titánicas y de costos monumentales.

Los bosques y las aguas que ha perdido Michoacán, por ejemplo, representan grandes costos en múltiples dimensiones presentes y futuras: modificaciones climáticas, elevación de temperaturas, pérdida de zonas de infiltración hídrica, desertificación de tierras, estrés hídrico, pérdida de biodiversidad, reducción de la calidad de vida, enfermedades, ansiedad climática, crisis alimentaria, y más.

El abandono de la atención a la agenda ambiental ha incrementado los conflictos de gobernabilidad, que, al paso de los años, crecen al punto de que ya no pueden ser atendidos de manera adecuada. Los conflictos sociales del presente y del futuro todos tienen ya un componente ambiental claramente identificado, que van desde la carencia de agua, la producción alimentaria, los apagones, la suspensión de clases, las inundaciones, las enfermedades zoonóticas, hasta la inseguridad protagonizada por grupos criminales que disputan el control de territorios para apropiarse de bosques, suelos y especies “exóticas”.

El número de ciudadanos que reclamen el respeto de las leyes ambientales para proteger su entorno se irá incrementando en la medida que el deterioro ambiental avance. Y el riesgo de que sus vidas estén en peligro también se incrementará porque al señalar, por ejemplo, la perdida de agua, tendrán que señalar a los predadores que la están acaparando.

Los asesinatos y acoso contra ambientalistas que hasta ahora hemos presenciado tenderán a incrementarse porque los generadores del desequilibrio ambiental cuentan con poder económico y político y en muchos casos con alianzas bien definidas con grupos criminales que venden sus servicios a taladores, robadores de agua, cambiadores de uso de suelo o extractores de fauna “valorizada”.

Todos los ambientalistas, hoy día, ponen en riesgo su integridad y su vida por, ¡oh, funesta paradoja!, defender la vida... de todos.

Si las instituciones no atienden esta tendencia de riesgos y retoman el control de los territorios serán por completo rebasadas en poco tiempo. Los acuerdos de Escazú, los cuales fueron armonizados con la constitución michoacana a finales del 2025, deberán suponer para el estado políticas claras y suficientemente financiadas para atender el derecho ambiental, la participación ciudadana y el derecho a la vida de quienes alzan la voz por la defensa de los ecosistemas en los que todos vivimos.