Revisar las conductas y comportamientos

La dirigencia de un partido político debe asumir múltiples tareas y responsabilidades para sacar adelante su labor, especialmente cuando se ha propuesto alcanzar ciertos objetivos. Desde el inicio, contar con fuerza y músculo organizativo es fundamental para su funcionamiento. Cuando estos elementos existen, una organización política puede maniobrar con mayor facilidad en los distintos procesos democráticos. Así, un partido obtiene solidez mediante un vehículo político eficaz, respaldado tanto por la ciudadanía como por el trabajo territorial. Por ello, además de requerir voluntad, se trata de un esfuerzo que solo genera resultados cuando se respetan estrictamente los principios que se dice defender.

En este contexto, la presidenta de México se vio obligada a llevar a cabo un cambio de rumbo en la dirigencia nacional de Morena. Luisa María Alcalde, en términos prácticos, no logró cumplir con las expectativas y tampoco consiguió abrir los canales de comunicación necesarios con los aliados para consolidar un acuerdo de unidad.

En pocas palabras, Alcalde desatendió la indicación de consolidar nuevamente una coalición que, pese a los comentarios, ha sido redituable no solamente para ganar elecciones, sino para pensar en modificar el marco constitucional. Así se ha ido corroborando con el paso de los días. De igual manera, hemos comprobado que la presidenta, a través de su dirigencia, endureció las reglas de participación internas. Los filtros de seguridad, lo mismo que la revisión minuciosa para no admitir perfiles con señalamientos, es una buena medida que supone, en el mejor de los casos, una mayor credibilidad. Aparte de que muchos actores de la vida pública no han estado a la altura, hemos ratificado que miembros activos de Morena se han extralimitado en sus funciones. La misma Ariadna Montiel, en conferencia de prensa, expuso los excesos y la parafernalia de un presidente municipal emanado del partido guinda. Eso importa y mucho, máxime cuando se sobrepasan los preceptos que han dicho abanderar.

Y ahora que hemos prestado mucha atención a situaciones como esa, debemos señalar que muchos presidentes municipales de Morena, a lo largo de esta gestión, no están cumpliendo con los compromisos que pactaron con la ciudadanía. A ellos, ahora que hay cambio de dirigencia, se les debe evaluar minuciosamente para ver si siguen siendo candidatos a otros puestos de elección popular. Eso, precisamente ahora que hay ajustes, se debe someter a consideración. Solo es cuestión de voluntad y de mucho criterio para hacer valer los estatutos de un partido, máxime cuando habla de rectitud, sobriedad, empatía y solidaridad. A los pocos días de que ha quedado constituida una nueva dirigencia en Morena, sobra decir, ha reinado el discurso que promete cerrarle el camino a aquellos que han quedado señalados por la lupa del escrutinio público.

Hay poderosas razones para señalar la mala actuación del coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier. De hecho, la caída de Adán Augusto aceleró su llegada o, de plano, precipitó las cosas al interior del seno morenista. Siendo así, ya se había previsto la llegada de Nacho Mier a la coordinación. El problema, que ha salido a la luz pública, radica en la violencia política que señaló Natalia Suarez del Real, quien hace un tiempo fungió en su círculo más cercano de confianza. De entrada, tenemos que resaltar la firmeza de Natalia para sacar a la luz pública este tipo de incidentes que, por supuesto, reprochamos en todas sus formas. Con ello, rápidamente, la noticia se convirtió en tendencia; los canales de comunicación y las redes sociales replicaron la ignominia. Fueron, en efecto, señalamientos duros que tendrá que revisar la propia dirigencia nacional o, de plano, hasta la misma presidenta para sentar un precedente, sobre todo al tratarse de una mujer que ha estado dedicada al servicio público.

Me sumo con firmeza a quienes han señalado el uso injustificado de violencia política de género. Ningún servidor público —sin importar afiliaciones— puede permitirse conductas que vulneren la dignidad de una mujer, especialmente en un país que atraviesa cambios profundos en materia de paridad y derechos políticos.

La reacción social fue inmediata y mayoritariamente de respaldo hacia Natalia Suárez del Real, lo que demuestra que este tipo de agresiones ya no pasan inadvertidas y tocan fibras sensibles en la ciudadanía. Ese es, precisamente, el punto que más ha generado atención: la responsabilidad pública que recae sobre Ignacio Mier, quien, por la naturaleza de su encargo, debería conducirse con absoluta rectitud y congruencia.

Queda por ver si ofrecerá una disculpa y asumirá con claridad el error cometido. Ojalá lo haga. De no ser así, estaríamos frente a una falta grave respecto a los principios que afirma defender, y eso tendría un peso político y ético que no puede minimizarse.

Notas finales

Hace unos días, los medios de comunicación dieron a conocer el multihomicidio ocurrido en Tehuitzingo, Puebla, donde diez personas fueron asesinadas. Un hecho de tal magnitud provocó una profunda indignación social, pues se trató de una tragedia en toda la extensión de la palabra. Ante ello, correspondía al Estado brindar certeza y justicia a las familias afectadas.

Ayer, tras la difusión nacional del caso, se informó que las autoridades de Puebla actuaron con rapidez y lograron detener al presunto responsable. Este resultado refleja la firmeza del trabajo policial y la precisión de las labores de investigación que permitieron ubicar al agresor.

Desde el primer momento, las noticias destacaron el amplio operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como agentes ministeriales y peritos especializados. La coordinación entre estas instituciones evidenció la seriedad con la que se asumió el caso.

Según las primeras indagatorias, siete de las víctimas pertenecían a una misma familia y las otras tres eran trabajadores que se encontraban laborando en el lugar al momento del ataque. La tragedia alcanzó a personas completamente inocentes.

En ese sentido, es justo reconocer la labor de la policía estatal de Puebla, cuya actuación oportuna permitió avanzar hacia la verdad y la justicia que las familias merecen.