¡Rescatemos la evaluación educativa!

Horacio Erik Avilés Martínez*

Aunada a la situación en que se encuentra el sistema educativo, una tragedia adicional que guarda la evaluación educativa en nuestra nación es que sabemos perfectamente qué hacer sin avanzar hacia los objetivos.

Si México decidiera tomar en serio estos resultados alarmantes, es decir, si hubiera voluntad política real podrían diseñarse intervenciones pedagógicas focalizadas en las escuelas y regiones con mayores deficiencias, asignando recursos y acompañamiento especializado donde más se necesita.

Pero, paralelamente a la intervención pedagógica o implementación de programas de recuperación, es necesario restablecer los cimientos: un sistema de evaluación que merezca ese nombre. Sin diagnóstico confiable no hay tratamiento posible. Sin medición objetiva no hay mejora continua verificable alguna. Sin rendición de cuentas no hay transformación real.

Primera emergencia: reinstalar la evaluación externa e independiente

La reinstalación inmediata de un sistema de evaluación externo, independiente del gobierno en turno y técnicamente sólido es prerrequisito fundamental para cualquier política educativa seria. Sin esto, cualquier estrategia es pura navegación ciega, improvisación disfrazada de planeación, simulación institucionalizada.

Este sistema debe cumplir con características innegociables:

Primero, autonomía constitucional plena: un organismo con presupuesto propio, protegido de interferencias políticas, dirigido por un consejo técnico integrado por académicos de reconocido prestigio en evaluación educativa, nombrados mediante procedimientos transparentes y con periodos de gestión que trasciendan los sexenios. La evaluación educativa no puede estar sujeta a los vaivenes políticos ni a las conveniencias ideológicas del gobierno en turno.

Segundo, instrumentos estandarizados con rigor metodológico: pruebas diseñadas por expertos, validadas estadísticamente, con representatividad muestral que permita comparaciones válidas entre estados, municipios y escuelas. Evaluaciones que midan no solo conocimientos memorizados, sino competencias aplicadas, pensamiento crítico o capacidad de resolución de problemas. Instrumentos que evolucionen con base en la investigación educativa internacional más avanzada, pero adaptados a nuestra realidad nacional.

Tercero, aplicación censal o cuasi-censal: no podemos seguir tomando decisiones sobre el futuro de millones con base en muestras insuficientes o autoevaluaciones sesgadas. Se requiere información completa y verificable que nos permita identificar con precisión dónde están los problemas. Cada estudiante, escuela y comunidad merecen ser vistas, evaluadas y atendidas.

Cuarto, periodicidad sistemática: evaluaciones anuales que permitan dar seguimiento a la evolución del aprendizaje, identificar tendencias, medir el impacto de las intervenciones implementadas, de preferencia, tanto al inicio como al cierre del ciclo escolar. La educación no cambia de un día para otro, pero sin mediciones continuas no podemos saber si avanzamos, retrocedemos o simplemente giramos en círculos.

Quinto, transparencia radical en resultados: publicación completa, oportuna y accesible de todos los datos, desglosados por múltiples variables: estado, municipio, escuela, grado, campo formativo, contexto socioeconómico. Se requieren bases de datos abiertas que permitan a investigadores, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos analizar la información, identificar patrones y exigir cuentas. La opacidad es cómplice directa del fracaso, el secretismo es el refugio de la mediocridad institucionalizada.

Segunda emergencia: terminar con la autoevaluación docente como mecanismo único

El fin definitivo de la autoevaluación docente como único mecanismo de medición es un acto de coherencia institucional elemental, jamás debe ser entendida como un ataque a los trabajadores de la educación. El conflicto de interés es tan evidente,  estructural e insalvable que mantenerlo constituye un acto de irresponsabilidad hacia las futuras generaciones.

Los docentes son profesionales comprometidos que merecen respeto y apoyo, pero ningún profesional en ningún campo puede ser simultáneamente ejecutor y evaluador único de su propio desempeño. Los médicos no diagnostican sus propias cirugías, los auditores no certifican sus propias auditorías ni tampoco las políticas públicas las debe de evaluar el mismo funcionario. ¿Por qué habríamos de presionar a los maestros para que sean juez y parte en la evaluación de sus estudiantes?

Esto no significa eliminar completamente la evaluación formativa que realizan los docentes en el aula. Esa evaluación cotidiana, cercana y contextualizada sigue siendo fundamental para la mejora continua del aprendizaje. Pero debe complementarse, balancearse y verificarse con evaluaciones externas que proporcionen puntos de referencia objetivos, que permitan comparaciones válidas, que identifiquen sesgos o desviaciones, sin aristas punitivas.

La propuesta es establecer un sistema dual de evaluación: evaluación formativa continua, predominantemente cualitativa, a cargo de los docentes, complementada con evaluaciones estandarizadas externas en momentos clave de la trayectoria escolar. Ambas son necesarias, ambas son valiosas, ninguna puede sustituir completamente a la otra. La evaluación formativa informa la práctica pedagógica diaria; la evaluación externa proporciona rendición de cuentas y comparabilidad.

Tercera emergencia: transparencia absoluta en la publicación de resultados

Debe darse la publicación transparente, accesible y periódica de todos los resultados de evaluación, desglosados por estado, municipio, escuela y grupo. No basta con que existan evaluaciones si sus resultados se ocultan, se manipulan o se presentan de manera agregada que impide identificar problemas específicos.

Los resultados deben publicarse en formatos múltiples y accesibles: reportes técnicos completos para especialistas, síntesis ejecutivas para tomadores de decisiones, materiales didácticos para padres de familia y visualizaciones interactivas para ciudadanos. Cada audiencia necesita información relevante presentada de manera comprensible.

Las escuelas deben recibir reportes detallados que les permitan identificar sus fortalezas y debilidades específicas, compararlas con escuelas similares en contexto socioeconómico y diseñar planes de mejora focalizados. Los padres de familia deben recibir información clara sobre el nivel de aprendizaje real de sus hijos, sin eufemismos ni simulaciones, con orientaciones concretas sobre cómo apoyarlos.

Los resultados deben contextualizarse adecuadamente: no es lo mismo una escuela urbana con recursos abundantes que una escuela rural multigrado con infraestructura precaria. Las comparaciones deben considerar el valor agregado, el progreso logrado considerando el punto de partida, no solo los resultados absolutos. Pero contextualizar no significa ocultar o relativizar hasta el punto de la irrelevancia.

La publicación debe incluir análisis desagregados por variables críticas: género, condición de pobreza, lengua materna, condición de discapacidad, entre muchas otras. La evaluación debe servir para identificar y combatir las brechas de desigualdad, no para perpetuarlas bajo el manto del silencio estadístico.

Cuarta emergencia: un plan nacional de rescate educativo integral

Un plan nacional de rescate educativo de emergencia con metas claras y verificables, plazos definidos y cumplibles, presupuesto etiquetado y protegido, y consecuencias reales por incumplimiento. Este plan debe articularse en múltiples niveles de intervención simultánea.

Intervención inmediata en escuelas críticas: identificar las escuelas con peores resultados y proporcionarles apoyo intensivo durante al menos cinco años: recursos materiales adicionales, acompañamiento pedagógico especializado, reducción de carga administrativa, formación docente continua en sitio, infraestructura mejorada. Se debe de documentar rigurosamente qué funciona para replicarlo sistemáticamente y también contar con un plan de desescalada, en donde las comunidades escolares generen capacidades propias.

Programas de recuperación de aprendizajes: implementar tutorías intensivas en matemáticas y lectura para estudiantes que muestran rezagos de dos o más grados. Aprovechar las tardes, los sábados y los periodos vacacionales. Se necesita incorporar tutores especializados, capacitar estudiantes universitarios de pedagogía e involucrar a la comunidad educativa. No podemos seguir pasando de grado a estudiantes que no tienen las bases necesarias sin hacer nada para remediar esos déficits.

Sistemas de alerta temprana: establecer mecanismos que identifiquen a estudiantes en riesgo desde el primer grado de primaria. Indicadores claros de advertencia: ausentismo recurrente, bajo rendimiento sostenido, problemas de conducta y dificultades específicas de aprendizaje. Debe de haber intervención oportuna antes de que los problemas se vuelvan insalvables y, con ello evitar que los estudiantes lleguen a secundaria o bachillerato arrastrando déficits acumulados durante años.

Reformulación de la formación docente inicial y continua: los resultados de las evaluaciones deben informar directamente los planes de formación. Si los estudiantes muestran rezago sistemático en pensamiento científico, los maestros probablemente necesitan formación continua intensiva en didáctica de las ciencias. Si fallan en comprensión lectora, necesitarían estrategias actualizadas de enseñanza de la lectura. La formación docente no puede seguir siendo genérica, descontextualizada, ni tampoco desvinculada de las necesidades reales del aula.

Crear bancos nacionales de mejores prácticas pedagógicas: identificar sistemáticamente qué escuelas y docentes están logrando mejores resultados contra viento y marea, documentar sus estrategias exitosas, analizar qué hacen diferente y crear mecanismos efectivos para replicar esas prácticas. No se trata de imponer recetas uniformes, sino de facilitar el aprendizaje horizontal entre profesionales de la educación.

Reasignación presupuestal basada en evidencia: dirigir más recursos a las escuelas con peores resultados en lugar de distribuirlos de manera uniforme como si todas las realidades fueran iguales. Se deben de construir presupuestos diferenciados que reconozcan que lograr aprendizajes en contextos de alta marginación requiere de más inversión, no menos. Debe haber recursos etiquetados que no puedan desviarse hacia otros fines sexenales.

Establecer metas claras y medibles de mejora para cada escuela: no debe de haber metas imposibles que generen desesperanza, ni tampoco metas tan bajas que no exijan mayor esfuerzo. Se requieren metas realistas pero ambiciosas, con seguimiento trimestral riguroso y apoyo continuo para alcanzarlas, con consecuencias claras tanto por éxitos sostenidos como por fracasos reiterados sin justificación.

Quinta emergencia: participación efectiva de expertos y comunidad educativa

Participación efectiva de expertos educativos genuinos en el diseño e implementación de las políticas públicas, más allá de consideraciones partidistas, más allá de lealtades políticas, más allá de simulaciones burocráticas.

Crear consejos técnicos consultivos integrados por investigadores educativos de prestigio, representantes del magisterio comprometidos con la calidad y la excelencia educativas, por organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación y académicos de talla nacional e internacional. Estos consejos deben tener voz real en las decisiones fundamentales, no ser meros adornos decorativos para legitimar decisiones ya tomadas.

Involucrar a las familias de manera verdaderamente informada: comunicarles con claridad y honestidad el nivel real de aprendizaje de sus hijos y las formas concretas en que pueden apoyarlos. Debe de haber sesiones informativas en las escuelas, materiales didácticos accesibles y talleres de acompañamiento. Las familias son aliadas fundamentales que frecuentemente quieren ayudar, pero no saben cómo.

Especialmente, se debe de proveer a los docentes de materiales educativos específicos que atiendan las deficiencias detectadas en cada campo formativo. Si los estudiantes no comprenden conceptos científicos básicos, necesitamos libros de texto mejores, recursos digitales innovadores, experimentos accesibles y explicaciones más claras. Los materiales educativos no pueden seguir produciéndose sin considerar qué están aprendiendo realmente los estudiantes.

Es imperativo generar un diálogo nacional genuino sobre la constitucional excelencia educativa: foros en cada estado donde académicos, docentes, padres de familia y sociedad civil discutan abierta y honestamente qué tipo de educación queremos, necesitamos y merecemos como país. No simulacros de consulta con resultados predeterminados, sino conversaciones reales donde todas las voces sean escuchadas y consideradas.

Y, con ello, un ágora permanente, consejos ciudadanos que sesionen periódicamente y en donde se dialogue, se proponga y se mejore continuamente el sistema educativo nacional, para que quien tenga una opinión, una propuesta y una recomendación pueda externarla pertinentemente y sea tomada en cuenta.

Los resultados están expuestos, gritando una verdad profundamente incómoda. La pregunta no es si México tiene una crisis educativa —la tiene, profunda, estructural y creciente—. La pregunta verdadera, la pregunta que nos define como sociedad es: ¿tendremos el valor colectivo de reconocerla con honestidad, medirla con rigor, y actuar en consecuencia con la urgencia que demanda desde el poder gubernamental?

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.