De frente y de perfil
Durante los últimos días ha crecido el rumor de que Rubén Rocha Moya regresará al gobierno de Sinaloa. Como Claudia Sheinbaum lo ha seguido exonerando ante las acusaciones de los Estados Unidos y la fiscal general de la república, Ernestina Godoy, ha declarado que no hay ninguna prueba de que aquel personaje haya cometido delito alguno, entonces para el obradorismo no habría razón para que este “distinguido sinaloense” siga con licencia de su encargo, más cuando ya transcurrieron y se rebasaron los 60 días establecidos en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos para la presentación de pruebas por parte del jurado norteamericano en contra del político morenista.
Sheinbaum ha declarado reiteradamente que “sin pruebas” no extraditará a Rocha Moya al país vecino a pesar de las crecientes y diversas presiones de muy importantes organismos de justicia y de inteligencia de aquel gobierno. Por eso cobran fuerza las versiones de que el multiseñalado gobernador con licencia regresaría a reinstalarse en el gobierno de Sinaloa, aun cuando ya el exsecretario de Seguridad del estado y el exresponsable de las finanzas de su gobierno se han entregado a los Estados Unidos para cooperar como testigos protegidos, corroborando con ello que sí hay pruebas suficientes para acusar a Rocha Moya.
No obstante, la jefa del ejecutivo mexicano ha decidido proteger a este mandatario estatal a costa de todo, dañando severamente los vínculos comerciales y la colaboración bilateral en materia de seguridad, así como las relaciones en el ámbito de la diplomacia internacional. ¿Por qué? Seguramente porque Sheinbaum sabe que son ciertas las graves acusaciones en contra de su correligionario morenista de haberse coaligado con el Cártel de Sinaloa con la finalidad de ganar elecciones, haber construido un narcogobierno en esa entidad y de haber ayudado al propio López Obrador en sus relaciones con “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. Relaciones de las que la misma Sheinbaum se benefició para llegar a la Presidencia de la República en el 2024, lo cual la convierte en cómplice.
Rocha Moya, pues, es una piedra angular del narcosistema obradorista edificado desde el 2018 bajo la engañosa divisa de “los abrazos” a la delincuencia.
No se encuentra otra explicación lógica para esa reiterada negativa a la extradición del gobernador sinaloense a tierras norteamericanas. Se confirma, así, la conocida amenaza del susodicho personaje de que si caía él, caían todos, asumiendo que no era un ataque contra él, sino contra todo el proyecto de la supuesta “Cuarta Transformación”.
También por eso es que cobran fuerza las versiones de que Estados Unidos ya tiene preparada “una fuerza de tarea” para incursionar en México y llevarse a Rocha Moya (según la versión del periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga), lo cual enrarecería aún más las ya lastimadas relaciones bilaterales entre ambos países.
Si ya de por sí es monumental el enredo de la Fiscalía General de la República y del Gabinete de Seguridad con el escándalo del piloto de la aeronave que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos, la confirmación de que Rubén Rocha se reintegraría al frente del gobierno en su entidad no sólo encendería alarmas mayores, sino que confirmaría la acusación pública internacional de que en México tenemos un narcogobierno, un narcosistema.
Pero parece que en Palacio Nacional están dispuestos a jugársela por Rocha Moya y asumir el enorme costo político, en imagen, gobernabilidad, estabilidad y legitimidad, que ya está significando el hecho de defenderlo, además de lo que podría representar más adelante en nuestra relación con EU si es que se llegara consumar una “extracción”. Quizá un congelamiento o suspensión de las relaciones bilaterales con la consecuente imposición a nuestro país de graves restricciones o sanciones de diverso tipo.
Como ya hemos sostenido en anteriores colaboraciones, al obradorismo no le interesa México, sólo le interesa su proyecto de dominación política para mantenerse en el poder y preservar su impunidad.




