Reforma electoral con tufo dictatorial

 En estos días tan convulsos para el país y de acentuada crisis para la coalición gobernante, se discute en el legislativo una serie de nuevas reformas en los ámbitos electoral y judicial con un fuerte tufo dictatorial, cuyo propósito fundamental es en realidad el de darle más facultades al gobierno para protegerse ante su desgaste político y blindarse en caso de altamente probables próximas derrotas en las urnas, para seguir manteniéndose intactos.

Pareciera un juego de palabras pero las reformas a la reforma judicial son una muestra fehaciente de que la reforma original fue una pésima decisión, que ya está haciendo crisis. Incluso, fue criticada hasta por el propio INE pues la considera inmanejable si no se modifica la fecha de la segunda parte de la elección judicial (fijada originalmente para el 2027, concurrente con las demás elecciones). Estas valoraciones son compartidas por múltiples analistas y voces expertas en la materia.

En tanto, desde el gobierno insisten en que la consulta sobre la revocación de mandato se efectúe el  mismo día de las elecciones intermedias de 2027 con la intención y la esperanza de que la presidenta Sheinbaum haga campaña por Morena y que su supuesta popularidad (en declive, según varias mediciones) ayude a llevarle votos a su partido. De manera paralela, Ricardo Monreal ha presentado una iniciativa para anular elecciones en las que haya habido “injerencia extranjera”, propuesta que de inmediato avaló Claudia Sheinbaum.

Además, ambas iniciativas coinciden en proponer mecanismos para supuestamente impedir la participación del crimen organizado en los procesos comiciales. Y también coinciden en que sean las autoridades electorales las que tengan la última palabra en la materia; o lo que es lo mismo, otorgarles más facultades a estos órganos electorales, ahora mayoritariamente controlados por Morena y su gobierno.

¿Por qué digo que la reforma a la reforma electoral tiene un tufo dictatorial? Porque aunque se reconozcan fallas, no las soluciona. Además, el paquete de reformas en conjunto no da reversa a lo verdaderamente trascendente, a la reforma judicial, la cual anuló la división de poderes y acumuló los poderes de la república en el poder ejecutivo, en la presidencia del país.

Con esta nueva  reforma electoral, Claudia Sheinbaum podría hacer campaña sin límite alguno y usar todos los recursos a su alcance en favor de sus candidatos. Es decir, descaradamente organizar y encabezar una auténtica “Elección de Estado”.

Junto con eso, debe recordarse que en tanto el gobierno federal no  actúe para desmantelar el narcosistema que construyeron y se proteja a Rocha Moya y más pillos acusados por los Estados Unidos, el discurso oficialista de “evitar la participación del crimen organizado en las elecciones” no sólo es falso, sino que legaliza el riesgo de que esa figura les sirva para sacar a sus adversarios políticos de las próximas contiendas mientras protegen a los verdaderos delincuentes.

Y, para remachar lo descarado de su pretensión de no soltar el poder aunque lo pierdan en las urnas, la incorporación de la mencionada figura de anular elecciones donde a juicio del tribunal haya habido “injerencia extranjera”, constituye la confesión de parte de que están blindándose para mantener el poder cueste lo que cueste, arrebatando donde pierdan.

Ojo con lo que al inicio de la semana la propia Sheinbaum afirmó  para defender a su gobierno y a Morena: “muchas de las cuentas que impulsan ataques en redes sociales provienen del extranjero y están vinculados con grupos conservadores internacionales”, al mismo tiempo que  se lanzó contra TV Azteca (con Ricardo Salinas Pliego por delante) al convocar a la gente a no ver esa televisora; es decir, desde la Presidencia se encabeza el boicot y la censura contra uno de los medios de comunicación más importantes del país.

Además, Sheinbaum retomó sus ataques contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, enjuiciándolo ya desde “La Mañanera” y sin decir nada de los probados fraudes de sus correligionarios (¡Segalmex con 20 mil millones de pesos y el “huachicol fiscal” con 600 mil!, por mencionar unos cuantos).

Dicho de otra manera: entre el desastre provocado por ellos mismos o defender al país,  decidieron protegerse aun cuando el país se hunda. Por eso, en Palacio Nacional y en Palenque han resuelto que es mejor un régimen dictatorial, cueste lo que cueste, antes que perder el control político.