Real, pero no urgente

Un título así es lo que más se acerca a la manera precisa de nombrar la relación entre políticos y crisis ambiental. Es así porque difícilmente nos encontraremos con un político que niegue la magnitud que ha alcanzado la degradación ambiental, el quiebre de los equilibrios ecológicos y los riesgos que para la existencia humana y planetaria representa. Pero, en ese mismo político encontraremos la convicción pragmática de que la cuestión puede abordarse mucho más tarde cuando se da cuenta que para abordar la cuestión se deben tomar medidas profundas, que suponen regulaciones, prohibiciones e inversiones económicas importantes.

La vida política, que camina más por la respuesta inmediata antes que por la respuesta a largo plazo, encuentra más rentable para sus objetivos proceder conforme el interés de los poderes que están involucrados en el problema ambiental y dejar que los desequilibrios sigan colapsando. Para ellos, en el fondo es más tolerable la crisis ambiental que la pérdida del apoyo de esos poderes políticos y económicos.

Una agenda suave, superficial, como la de regar un jardín y retirar las hojas secas, es la que se deriva de esta condicionante impuesta por las relaciones de poder; una agenda fuerte que pare de una vez por todas con la tala o el robo de aguas no está hoy en el ánimo de los gobiernos, no vayan a romper esa coexistencia.

En ningún otro campo de la agenda pública es tan claro este comportamiento de las élites políticas gobernantes como en el ámbito de la crisis medio ambiental. En su guion aparece imperativo el aceptar las verdades científicas sobre el impacto negativo que algunas actividades económicas ocasionan a la biosfera e incluso mostrarse empáticos con el sufrimiento socioambiental de los grupos humanos afectados. Eso les gana votos y con ello acceden al poder. El problema es que estando en el poder el discurso queda reducido a un simple adorno y en la práctica abandonan incluso los compromisos más elementales.

Esta condición de divorcio entre lo real y la urgencia incluso se puede identificar, más allá de los gobiernos locales y nacionales, en los organismos internacionales. Por ejemplo, se ha dado a conocer que el 23 de julio del año en curso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo pública una “Opinión Consultiva histórica que cambia las reglas del juego climático: los Estados tienen la obligación legal de proteger el sistema climático y los derechos humanos frente al cambio climático. No actuar —ya sea por mantener subsidios a combustibles fósiles, establecer metas nacionales débiles o no apoyar a los países más vulnerables— puede constituir una violación al derecho internacional constituido voluntariamente para estudiar, reconocer y promover medidas globales para frenar o revertir la tala ilegal, la crisis de agua, la contaminación, el calentamiento global y el Cambio Climático”.

Así como está podríamos pensar que la comunidad internacional a través de la Corte Internacional de Justicia ha dado un paso decisivo para que las naciones, como México, estarán obligadas a cumplir esta norma y a poner en práctica las acciones que sean necesarias para detener la tala ilegal y más.

Pero, nada más lejano. La resolución no es jurídicamente vinculante, y se dice, “su peso moral y legal podría ser importante en litigios futuros”.  Es decir, la crisis ambiental es real, es importante, pero no es urgente. Los gobiernos de las naciones, como ha ocurrido antes, archivarán la Opinión Consultiva para no incomodar a quienes se enriquecen a costa de la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, la expansión ilegal del aguacate o la apropiación ilegal de aguas.

El fracaso ya reconocido de los grandes acuerdos globales, como el Acuerdo de París de 2015, que preveía comenzar a estabilizar el calentamiento global a partir de este 2025, está a los ojos del mundo. Ni todas las naciones lo cumplieron y por ello el calentamiento sigue en ascenso lo que hace cuestionable que para el 2050 alcancemos una estabilidad sostenible. Los gobiernos han optado por no molestar a los grandes capitales que contribuyen a que sea “exitoso” su modelo de desarrollo económico soportado en prácticas energéticas que niegan los supuestos esenciales de los Acuerdos de París.

De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno, dice el aforismo de San Bernardo de Claraval, y nunca mejor aplicado que en el caso de las políticas ambientales. Gobiernos van y gobiernos vienen en nuestra nación y en nuestro estado y las políticas ambientales son eso, solo piedras de un camino que conduce al infierno de la crisis ambiental.

La realidad siempre termina derrotando las políticas sexenales o trianuales en materia ambiental. Y esas derrotas para nuestra desgracia son acumulativas, de tal manera que al inicio de un nuevo gobierno los problemas son más agudos y menos fáciles de contener y mucho menos de revertir.

El día en que los electores generen, por la calidad de su ciudadanía, candidatos y gobernantes que tengan la estatura para reconciliar realidad con urgencia (en todos los problemas de la nación), y tengan la inteligencia y el valor para contener bajo la fuerza del estado de derecho los interese egoístas de quienes destruyen los equilibrios ecológicos, ese día podremos hablar de una realidad atendida. Aunque existe un riesgo propio del no progreso de la historia, que veamos en el futuro el desmoronamiento de los valores ambientales como consecuencia de la ruta que hasta ahora hemos seguido.