¿Quitar plurinominales mejorará la democracia?

Con la irrupción en la agenda pública de una próxima reforma político-electoral en nuestro país, tema impulsado por el obradorismo a través de Claudia Sheinbaum, era de esperarse la emisión de análisis, opiniones e informaciones al respecto, inundando las páginas de los medios impresos y las pantallas y micrófonos de los medios electrónicos en todas sus versiones y las redes sociales.

En particular ha cobrado subrayada relevancia la discusión sobre la representación proporcional; es decir, sobre los diputados y senadores mejor conocidos como “plurinominales”, cuestionados por el oficialismo porque es algo que “no debe seguir”  ya  que  “a la gente no le gustan” (palabras de la misma Sheinbaum).

Tales “argumentos” se nutren de viejas críticas (la mayoría de ellas oficialistas) a nuestro  andamiaje institucional electoral por presuntamente “ser muy caro” y el que ya de por sí fue muy persistentemente vapuleado por López Obrador y sus facilitadores en el INE, el Tribunal Electoral, la Corte y también por ciertas plumas a sueldo.

Con ese argumento, lo que en realidad buscan ocultar es su pretensión de perpetuarse en el poder al  asestar un nuevo golpe, éste de carácter mortal, a nuestro moribundo régimen democrático. Es falso el discurso de "la austeridad republicana" del actual grupo gobernante que, además de ser pésimo administrador y ni siquiera predicar con el ejemplo, quiere borrar la historia sobre cómo surgió esta figura, qué son y para qué sirven los plurinominales.

Como han apuntado varios analistas y lo señalara hace poco el académico y ex consejero electoral Ciro Murayama, “gracias a los plurinominales, destacadas figuras de la oposición y de las izquierdas llegaron al parlamento en los años de la democratización… por el voto plural y libre de vastas franjas de la sociedad… En Morena se busca ignorar que los plurinominales también le favorecieron cuando no estaban en el poder".

Los anuncios hechos por Claudia Sheinbaum y Pablo Gómez (en otros tiempos defensor de la pluralidad y el parlamentarismo), son contrarios a la tradición de reformas consensuadas con todas las voces y auguran la profundización de la censura, la eliminación de la disidencia y el acotamiento de espacios para las oposiciones políticas y sociales. Es, ni más ni menos, que un paso más hacia la pretendida eternización de una nueva hegemonía que indebidamente se hizo de una sobrerepresentación antidemocrática en ambas Cámaras. Nuevos pasos hacía una dictadura, como en mis publicaciones y columnas he denunciado desde hace años. De eso se trata.

Si de verdad a este régimen (Obrador-Sheinbaum) le importara tanto la “austeridad” y el ahorro de recursos públicos, entonces por qué han despilfarrado criminalmente el dinero del erario en las llamadas “megaobras faraónicas”, que poca o nula utilidad han tenido y que sí han representado la distracción de cuantiosos presupuestos que mejor deberían destinarse a la salud, la educación, la seguridad y proyectos verdaderamente productivos que tanto necesita el país, sus hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y niños. De acuerdo con México Evalúa, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA tuvieron “un sobreejercicio conjunto de 674 mil millones de pesos, es una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de varios estados de México. Es ligeramente mayor al PIB anual del estado de Querétaro que es de 614 mil millones de pesos, y duplica el generado por Chiapas, ubicado en 380 mil millones de pesos”. Así el tamaño de la insensatez.

Otro ejemplo de la sinrazón: el INDEP (“Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”), creado por López Obrador, al cual -¡oh, ironías de la vida!- su exdirector Jaime Cárdenas prefirió renunciar porque se encontró con que funcionarios a los que sucedió en su encargo se habían robado varios de los bienes recaudados. Además, de acuerdo con una fuente del diario español El País, en 2025 se aumentaron en 48% los fondos asignados a dicho organismo, mismo que ha enfrentado críticas  por su ineficacia en la  gestión de los recursos y bienes que administra y el consecuente incumplimiento de sus objetivos. Ejemplos sobran para hablar  del derroche de recursos y de los estragos provocados por la corrupción durante los años recientes: en Pemex, Mexicana de Aviación, el escándalo de los 13 mil millones de pesos en Segalmex o –ahora- de los insultantes lujos de la elite morenista.

Hoy, muchos de quienes defendieron la instauración del principio de representación proporcional como medio para abrir, en el ya lejano 1979 (tras la reforma de 1977), un sistema autoritario, mediante la corrección de distorsiones en el sistema de representación puramente de mayoría relativa, traicionan su pasado y actúan como instrumentos para facilitar la imposición autoritaria de una reforma electoral que, de consumarse, significará -como bien lo ha subrayado recientemente José Woldenberg-colocar el último clavo en el ataúd de la ya casi muerta apertura democrática mexicana del Siglo XX y comienzos del XXI. Tiran la escalera que los llevó al poder, parafraseando a Héctor Aguilar Camín.

Tenemos los casos de figuras representativas del actual régimen como Sergio Gutiérrez Luna, Ignacio Mier, Luisa María Alcalde, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Javier Corral, Carlos Lomelí, Félix Salgado Macedonio, Martha Lucía Mícher, Fernando Castro Trenti, Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces, Julio César Moreno, José Narro Céspedes, entre muchos más. Todos ellos son actualmente y/o han sido legisladores plurinominales por Morena y otros partidos en años anteriores. Su voz y su voto, sus desempeños y su arribo al poder desde la oposición (recuérdese que el actual partido gobernante tuvo su primer grupo parlamentario en el 2015), no se entenderían si no hubiera habido la vía de la representación proporcional; ellos y ellas son parte de la personificación que la vía plurinominal ha tenido  para  la inclusión en las cámaras de la diversidad y pluralidad que caracterizan a este país. Pero hoy en el poder lo "olvidan" para cerrar el paso a todas las voces que no sean las de ellos. Anhelan, como aprendices de neodictadores, un país de una sola voz.

Nadie en su sano juicio negaría la necesidad de que, con el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales del país, deban perfeccionarse los principios de representación en el Congreso y el costo de los procesos electorales y el sistema de partidos, para también perfeccionar nuestra democracia. Sin embargo, lo que se vislumbra no es eso; lo que se anticipa es, a la luz de los hechos y las palabras, una voluntad autoritaria que políticamente nos podría regresar a esos años en que predominaba una sola fuerza política. La historia de los últimos 50 años nos enseñó que ese camino resulta más costoso política, social y hasta económicamente.

Con el argumento de acabar con la corrupción en el Poder Judicial y de que la gente quería esa reforma, impulsaron y realizaron una amañada elección popular de sus integrantes, cuando el objetivo real era adueñarse de ese importantísimo pilar de la República. Ahí sí se les "olvidó" la austeridad (se gastaron miles de millones de pesos). Ahora, con nuevos falsos argumentos, quieren el control total de los procesos electorales. ¡Ya veremos, pues!