Programas sociales: clientelismo disfrazado

La máxima del gobernador californiano Ronald Reagan de 1972 ante el Senado de Estados Unidos —medir el éxito de la asistencia social por cuántos la dejan, no por cuántos entran— no solo es vigente: es una bofetada al modelo mexicano actual. Porque aquí no se mide la salida de la pobreza, sino la expansión del padrón. Y eso no es política social: es estrategia de poder.

El gobierno federal ha convertido los programas sociales en su principal bandera, pero también en su instrumento más eficaz de control político. Presume millones de beneficiarios como si fueran historias de superación, cuando en realidad son evidencia de un sistema que no logra —o no quiere— que la gente deje de depender del Estado.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han sido claros: las transferencias alivian, pero no transforman. Contienen la pobreza, pero no la erradican. Son un paliativo necesario, sí, pero insuficiente. Y cuando ese paliativo se vuelve permanente, deja de ser solución para convertirse en modelo.

Lo grave no es solo la ineficacia estructural. Es la intención política detrás. Desde el poder se insiste en que los programas son derechos, pero en los hechos se operan como mecanismos de fidelización electoral. No hace falta decirlo abiertamente: basta con construir una narrativa donde el beneficiario entiende —sin que se lo digan— que su apoyo está vinculado a la continuidad del régimen.

Esa relación, hipócrita y peligrosa, ha sido alimentada desde el propio discurso oficial que celebra la lealtad popular como respaldo político casi automático. El mensaje implícito es brutal: quien recibe, respalda. Quien depende, no cuestiona.

Así, millones de mexicanos dejan de ser ciudadanos para convertirse en piezas de una maquinaria electoral perfectamente aceitada. No son sujetos de derechos en tránsito hacia la autonomía, sino votantes cautivos dentro de un sistema que administra la pobreza para capitalizarla políticamente.

El resultado es devastador: se estabiliza el ingreso mínimo, pero se cancela la movilidad. Se garantiza la subsistencia, pero no el progreso. Se construye una base social agradecida, pero no una sociedad libre.

Medir el éxito por cuántos entran es fácil. Lo difícil —y lo verdaderamente transformador— sería medir cuántos salen. Pero eso implicaría aceptar que el objetivo no es solo repartir, sino liberar. Y ahí es donde el modelo actual revela su verdadera naturaleza.

Porque una política social que perpetúa la dependencia no combate la pobreza: la administra. Y en el México de hoy, esa administración tiene nombre, estrategia y propósito electoral.