Por un primer ciclo escolar completo

La prevención, la contención y la reacción inmediata son factores clave para evitar que se sigan padeciendo ciclos escolares incompletos en Michoacán de Ocampo. Aunque las autoridades han declarado que el ciclo escolar 2024-2025 fue completo, la realidad documentada muestra que no fue así en términos reales. Las suspensiones por paros sindicales, la violencia, la inseguridad, la falta de maestros y las condiciones precarias de infraestructura provocaron interrupciones significativas en la educación de miles de estudiantes.

En varios municipios no se alcanzaron ni 150 días efectivos de clases. La suma de suspensiones —por violencia, clima, bloqueos, asesinatos y más, especialmente en municipios como Tepalcatepec, Buenavista, La Ruana y Zitácuaro, como ejemplos. — quebró la continuidad escolar. Decir que fue un ciclo “completo” es tapar el sol con un dedo.

Se evidenció la persistencia de múltiples factores que comprometen el derecho fundamental a la educación. La mera acumulación de días de calendario no puede considerarse sinónimo de días de clase, mucho menos de educación de excelencia, accesible, universal, inclusiva y continua.

Más aún: el verdadero éxito educativo no se podría medir únicamente en días de clase cumplidos, sino en la capacidad del sistema para adaptarse, proteger y garantizar el aprendizaje significativo en cualquier circunstancia.

Es imperativo construir políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de las incidencias educativas.

Solo mediante un enfoque honesto, transparente y comprometido con el bienestar de la comunidad educativa será posible construir un sistema educativo verdaderamente resiliente y garante del derecho a la educación para todos los niños, niñas y jóvenes michoacanos, lo que requiere voluntad política, recursos suficientes y, sobre todo, el compromiso genuino con la verdad y la transparencia en beneficio de su comunidad educativa.

En muchas escuelas de Michoacán, ir a la escuela se ha vuelto una especie de lotería: cada mañana es incierta. ¿Habrá clases o no? ¿Podrán llegar los maestros? ¿Estarán las aulas abiertas o selladas por un conflicto, un deslave o un retén armado? Lo más doloroso es que los estudiantes se han acostumbrado a esta incertidumbre. Hoy, terminar el ciclo escolar completo es casi una hazaña.

El ciclo 2024-2025 ha dejado cicatrices profundas. No sólo en los calendarios escolares, sino en las mentes y los corazones de miles de niñas, niños y jóvenes que ven la educación como algo frágil, intermitente.

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional y moral de garantizar el derecho a la educación. Pero ese derecho no se ejerce con discursos, sino con políticas públicas sólidas, técnicas, y sobre todo, aplicadas con rigor.

Es tiempo de pensar ya en que el Ciclo Escolar 2025-2026 sea el primero que sea completo y digno en Michoacán en muchos años. Para ello, pensemos en conjurar riesgos y vulnerabilidades, relacionados con violencia, circunstancias climatológicas y sociales.

Además de generarse condiciones para estar, aprender y participar para todas las niñas, niños y jóvenes en edad escolar, como becas, apoyos socioeducativos, transporte, alimentación, útiles escolares, infraestructura digna y accesible, con todas las plantillas de personal completas y pagadas a tiempo, temas que han sido materia de otras entregas,  es necesario establecer medidas contingentes, en consistencia con una propuesta metodológica tendiente a establecer un Atlas Estatal de Riesgos Educativos; tales como las siguientes:

1. Sistema de Alerta Temprana Educativa. Desarrollar un sistema informático estatal interconectado con Protección Civil, CENAPRED, autoridades meteorológicas y de seguridad, que emita alertas en tiempo real a supervisores escolares y directores para decidir suspensiones de clases preventivas, con criterios claros y protocolos previamente establecidos.

2. Mapas de riesgo climático escolar. Elaborar mapas georreferenciados que identifiquen planteles vulnerables a lluvias, inundaciones, deslaves o temperaturas extremas. Estos mapas se actualizarán cada año y servirán para priorizar intervenciones y medidas de protección civil.

3. Infraestructura resiliente en zonas de impacto. Implementar normas técnicas de construcción para que las escuelas en zonas de riesgo cuenten con estructuras elevadas, drenaje pluvial reforzado, materiales resistentes a humedad, y espacios seguros designados para refugio en emergencias.

4. Reforzamiento antisísmico de escuelas. Aplicar peritajes estructurales a todas las escuelas, priorizando zonas sísmicas, para reforzar muros, columnas y techos conforme a las normas mexicanas de construcción antisísmica. Las obras deberán estar certificadas por peritos estructuristas.

5. Protocolos inmediatos de evaluación estructural. Desarrollar procedimientos técnicos para que ingenieros evalúen en menos de 24 horas si un plantel puede seguir operando tras un sismo, para evitar suspensiones innecesarias prolongadas.

6. Simulacros regionalizados y especializados. Diseñar simulacros adaptados a cada tipo de riesgo: sismos, lluvias torrenciales, incendios o balaceras, que sean prácticas específicas que reflejen escenarios realistas según la región.

7. Fondo para reconstrucción escolar rápida. Crear un fideicomiso estatal con reglas claras para utilizarse exclusivamente en reconstrucción de escuelas dañadas, con procesos de adjudicación rápida y transparente. Evitaría que los planteles afectados permanezcan años sin reparaciones.

8. Sistemas de detección temprana de incendios. Instalar detectores de humo y sistemas de alarma en escuelas, conectados a centrales de emergencia municipales. En zonas rurales, incluir sistemas autónomos alimentados por energía solar.

9. Planes de evacuación comunitarios. Diseñar, imprimir y difundir rutas de evacuación y puntos de reunión específicos para cada escuela, considerando zonas seguras y posibles obstáculos físicos o sociales.

10. Brigadas escolares de seguridad y protección civil. Capacitar a docentes, personal administrativo y padres de familia en primeros auxilios, combate de incendios y evacuación. Las brigadas tendrían roles claros asignados y un sistema de credenciales para actuar en emergencias.

11. Supervisión estricta de transporte escolar. Implementar un padrón estatal de transportistas escolares, con requisitos de licencia tipo “E” para choferes, revisiones mecánicas trimestrales y sistemas de geolocalización obligatorios en las unidades.

12. Capacitación en primeros auxilios. Certificar al menos al 80% del personal escolar en maniobras básicas de atención a lesiones, desmayos, crisis epilépticas o paros cardiorrespiratorios, con constancias oficiales y actualizaciones periódicas.

13. Protocolos de atención inmediata en accidentes. Desarrollar guías operativas detalladas que indiquen pasos a seguir en accidentes, contactos de emergencia, hospitales de referencia y registros obligatorios de incidentes.

14. Acuerdos con grupos sociales para no afectar escuelas. Establecer compromisos firmados entre autoridades, sindicatos, grupos sociales y organizaciones campesinas para, primeramente, reconocer su problemática legítima y, acto seguido, garantizar que protestas o bloqueos no interrumpan el acceso ni el funcionamiento de las escuelas.

15. Declarar zonas escolares “espacios neutros”. Emitir decretos estatales y municipales para reconocer legalmente a las zonas escolares como lugares donde no se permita bajo concepto alguno realizar manifestaciones, bloqueos, vendimias, fiestas ni actividades políticas que afecten la operación escolar.

16. Canales de mediación civil. Formar equipos de mediadores profesionales, especializados en resolver conflictos comunitarios o sociales que puedan derivar en interrupciones escolares.

17. Programa Escuela Segura. Instalar cámaras de videovigilancia en perímetros escolares, botones de pánico conectados a la policía municipal, rondines periódicos y patrullas de reacción inmediata en zonas de riesgo.

18. Rutas escolares seguras con Guardia Nacional. Coordinar operativos de vigilancia en trayectos escolares, especialmente en regiones de alta incidencia delictiva. Integrar análisis de inteligencia para diseñar las rutas más seguras.

19. Botón de pánico en escuelas. Dotar a cada plantel de un dispositivo de emergencia que pueda alertar directamente a las autoridades ante balaceras, agresiones o delitos, con geolocalización precisa.

20. Red de apoyo psicosocial post-evento. Establecer equipos itinerantes de psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatras para atender comunidades escolares tras hechos violentos, desastres naturales o fallecimientos dentro de la comunidad educativa.

21. Protocolo estatal de duelo escolar. Crear lineamientos claros sobre cómo gestionar el duelo colectivo ante fallecimientos de estudiantes o docentes, con estrategias pedagógicas y contención emocional.

22. Protección a docentes amenazados. Implementar protocolos de seguridad, cambios de adscripción, acompañamiento policial o incluso traslados fuera de la entidad para personal docente amenazado por grupos criminales, así como persecución de las células delictivas hasta su cabal disolución.

23. Banco estatal de docentes suplentes. Conformar una base de datos de docentes certificados y capacitados para integrarse rápidamente a cualquier plantel que quede sin maestros por enfermedad, riesgo o conflictos.

24. Incentivos económicos para zonas de riesgo. Otorgar bonos mensuales, vivienda digna, apoyo en transporte y prestaciones adicionales a docentes que acepten trabajar en regiones de difícil acceso o alta inseguridad.

25. Garantía de seguridad para docentes. Firmar convenios con instancias de seguridad estatal y federal para proteger a personal docente en traslados, zonas de trabajo y contextos comunitarios de alto riesgo.

26. Mantenimiento predictivo de infraestructura. Utilizar software especializado para detectar deterioro en techos, muros, instalaciones eléctricas e hidráulicas antes de que colapsen, programando mantenimientos preventivos.

27. Auditorías anuales a planteles. Obligar a revisiones técnicas anuales en todas las escuelas, con informes públicos que indiquen el estado de sus instalaciones y riesgos detectados.

28. Fondos de emergencia para infraestructura escolar. Tener presupuestos específicos, no sujetos a recortes, destinados a reparaciones inmediatas de escuelas dañadas.

29. Ventanilla única para permisos de obra cerca de escuelas. Evitar obras improvisadas que afecten planteles. Toda obra pública o privada cerca de escuelas deberá gestionarse a través de esta ventanilla, que evaluará impacto educativo.

30. Evaluación de impacto escolar de obras públicas. Establecer requisitos legales para que antes de autorizar cualquier proyecto de infraestructura, se analice su efecto sobre el acceso, ruido, seguridad y operación de las escuelas cercanas.

31. Comunicación previa con comunidades educativas.  Imponer la obligación legal de informar a directores, consejos escolares y padres sobre cualquier obra o cierre de vialidad que pueda impactar la operación escolar.

32. Rutas educativas alternas planeadas. Desarrollar rutas viales alternativas para cada plantel, mapeadas y señalizadas, para garantizar acceso aun en caso de bloqueos o desastres.

33. Monitoreo en tiempo real de incidentes viales o sociales. Implementar aplicaciones móviles y plataformas web para informar en tiempo real sobre bloqueos, accidentes o conflictos que afecten la movilidad escolar. Así también, que se informe en estos sistemas informáticos sobre si hubo clases o no y por qué razón, detallando las incidencias de cada grupo en cada plantel educativo, día tras día.

La realidad es dura. No podemos resignarnos a que el ciclo escolar sea siempre interrumpido. Ningún derecho constitucional es tan frecuentemente violentado como el derecho a la educación en este estado. Lo dice la CEDH.

Cada día sin clases, cada semana sin maestros, cada aula cerrada por violencia o por lluvia es una herida profunda en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Y no hay justificación para seguir aplazando soluciones.

Estas 33 propuestas de arropamiento ante riesgos y vulnerabilidades son técnicas, viables y perfectamente implementables si existe voluntad política y si se asignan los recursos necesarios.

Hoy, más que nunca, Michoacán necesita que autoridades, sociedad civil, docentes, gremios  y comunidades se unan bajo un solo compromiso: que ningún evento —ni climático, ni social, ni delictivo— sea más fuerte que el derecho a la educación.

Es hora de decir ¡basta! a ciclos escolares interrumpidos. El ciclo escolar 2025-2026 debe ser, por fin, el ciclo escolar completo que los hijos de Michoacán se merecen. Porque cuando defendemos la educación, estamos defendiendo el futuro de todos. Merecemos un gobierno educador.

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C