Política gourmet

Responde Poder Judicial a Zaldívar: denuncias anónimas son válidas.

* Norma Lucía Piña Hernández, como debe de ser, se conduce por el cauce de la legalidad

* Al ministro swiftie ya se le olvidó que él inició 283 procedimientos basado en denuncias anónimas

* El juicio político contra la presidenta magistrada de la SCJN dejará en ridículo a Arturo Zaldívar

            PATADAS DE AHOGADO.- En su desbocada y muy poco reflexionada intentona por pasar de ser un simple porrista para convertirse en un fiel soldado al servicio de la 4ª Transformación, al ministro renunciado Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea se le olvida una cosa muy importante cuando asegura que “no se vale” iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas: Cuando él fue magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, inició un total de 283 procedimientos de investigación recargado únicamente en testimonios anónimos y ahora que su predecesora, Norma Lucía Piña Hernández, ha determinado llegar hasta el fondo de los presuntos actos de corrupción que cometió el llamado ministro swiftie junto con su equipo de colaboradores más cercanos (Netzaí Sandoval Ballesteros, Carlos Antonio Alpízar Salazar y Edgar Manuel Bonilla del Ángel), el señor Zaldívar despotrica y suelta la ridícula y distractora bomba de humo de que promoverá un juicio político contra Piña Hernández porque “ha violado derechos humanos y ha interferido en procesos electorales”. Sí, ¡cómo no!

            LA LEY ES CLARA.- Durante su perorata de esta última semana, al ex ministro se le olvidó por completo que conforme a la normativa que rige la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es competencia de su Presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y eso está perfectamente delineado y contemplado en el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa —incluyendo las a-nó-ni-mas— por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91 párrafo segundo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas.

LA CONSECUENCIA.- Bajo este contexto, el pasado 9 de abril la Presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Lucía Piña, dio trámite a un escrito anónimo que denunció a diversos funcionarios, entre ellos a un ex ministro de la Corte, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y sancionar estos hechos. Pero, en consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal,  que por razón secretarial, el 10 de abril pasado, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos, por lo que el pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente; además, por acuerdo de la Presidenta del CJF se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Como verá, don Arturo, lo que “no se vale” es aventar la piedra y esconder la mano.

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