Política al margen

*Septiembre 1, Llega Aire Fresco a la SCJN; Sheinbaum

*“El Pueblo no se Equivocó”; Ricardo Monreal

*Hugo Aguilar: Traje Indígena, Austeridad, Puertas Abiertas…

Argonmexico / Con Toga y Birrete, ¿había justicia?… La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —que tomarán protesta el 1 de septiembre— ganarán menos que ella, como titular del Ejecutivo federal, y así se cumplirá lo que establece la Constitución en cuestión de salarios en el Sector Público.

Durante la mañanera dijo que su sueldo neto es de 133 mil pesos al mes; al anotar: “ya viene la nueva Corte, ya no van a ganar tanto, ya van a ganar menos que la Presidenta. No pueden ganar más que la Presidenta, eso ya lo dice claramente la Constitución. Aprobaron un presupuesto altísimo. Pero, bueno, ya viene la nueva Corte. Llega aire fresco”.

En tanto que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, enjuició: el pueblo no se equivocó y tendremos resultados tangibles en materia de justicia, cuando las y los nuevos integrantes de la SCJN asuman los cargos que éste les dio.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el ministro presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que, con la reforma judicial, “para los pueblos y comunidades indígenas, para mí en lo personal, ha sido la oportunidad histórica para llegar a este espacio y servirle a la nación. A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio”.

El miércoles pasado, Ricardo Monreal Ávila recibió en el Salón “Legisladores de la República” de San Lázaro al ministro presidente electo de la SCJN, ante quien aseveró tener mucha confianza en que desde el primer día que las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) asuman el cargo que el pueblo les dio.

Al término del foro “México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas”, ambos ofrecieron una rueda de prensa donde Hugo Aguilar Ortiz, puso en claro que él no tiene carrera política, ni compromiso con ningún partido, agrupación política ni con ninguno de los otros sectores que tengan intereses en la Corte.

El abogado oaxaqueño de origen mixteco repuso: “Yo llego por la reforma judicial. A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. A esta fecha nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía”.

Después de haber ganado la elección, Aguilar Ortiz anunció que se abrirán las puertas de la Corte, visitará comunidades indígenas y que él no usará la toga y el birrete utilizados por los integrantes de la SCJN; porque vestirá atuendos de grupos étnicos tradicionales.

Esto último molestó a quienes argumentan que el ministro que porta esos atuendos “siente el peso de la ley; y sus mangas holgadas son para que sepa que debe interpretar la norma pensando en las personas.

Vale recordar que la imagen de la Corte se tornó negativa cuando se revelaron los abusivos ingresos, prestaciones y otros beneficios económicos que se asignaban ministros, magistrados y jueces en el Poder Judicial; donde además reinaba el nepotismo y una rampante corrupción que suspendía juicios por años y concedía amparos, sin el más mínimo compromiso social.

Su actuar, el de la gran mayoría de sus integrantes, dejaba mucho qué desear en materia de justicia. Lo mismo convertían en “puerta giratoria” las prisiones para delincuentes y sus familiares, aunque sus expedientes estuvieran perfectamente judicializados y, con facilidad amparaban a deudores del fisco; mientras miles de personas procesadas pasaban años y años encarcelados y sin sentencia. Un caso claro el ahora sonado de Israel Vallarta.

Una investigación realizada por Ricardo Monreal Avila, expresada desde la tribuna del Senado el 9 de mayo de 2023, acusó que los togados tenían un fondo para comer en restaurantes por 724 mil pesos anuales; aparte de tener un comedor especial donde ordenaban a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.

También contaban con un presupuesto mensual por más de 5 millones 541 mil pesos mensuales para contratar personal; dos camionetas blindadas tipo Suburban de 6 millones de pesos, renovables cada dos años; seguro de gastos médicos para ministros y su familia, por 30 millones de pesos en adelante.

Y las cuentas para autoflagelarse no paran: Al final de sus 15 años de servicio, ministras y ministros recibían 20 millones de pesos o más, por un “Seguro de Separación Individualizado”. La indagatoria del entonces senador Monreal Ávila descubrió unas 40 prestaciones de monarcas “privilegiados”, acordadas y autorizadas por ellos mismos.

Un reporte publicado en agosto de 2023 por Luis Rodríguez Bucio, entonces subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso: “centenares de resoluciones en las que varios togados determinaron no vincular a proceso penal, cambiaron medidas cautelares y calificaron las detenciones de ilegales.

En ese afán de liberar criminales, los mismos juzgadores “reclasificaron delitos graves por otros menos penados, se opusieron a aplicar la prisión preventiva oficiosa y dictaron sentencias absolutorias a delincuentes acusados y con posesión de armas de fuego, de tráfico de personas, huachicol, narcotráfico, delincuencia organizada, explotación ilícita de bienes nacionales o robo al autotransporte”.

En materia de impuestos, el exprocurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla denunció: “varios togados han impedido el avance en juicios o procesos penales contra grandes contribuyentes que deben impuestos por alrededor de 80 mil millones de pesos.

Para puntualizar: en 17 litigios, que suman 55 mil millones de pesos, los jueces han retardado en forma indebida la impartición de justicia, al no convocar o aplazar las audiencias, con lo que retrasan de manera indefinida los juicios y permiten a los evasores seguir gozando de fortunas hurtadas a la nación”.

Peor aún, dijo, no son hechos aislados, sino un patrón de comportamiento del Poder Judicial con actores lícitos e ilícitos en sinergia con un poder del Estado, en la que estos personajes salen beneficiados a partir de actos de corrupción sistémica “la cual se manifiesta en el encubrimiento, la complicidad, la connivencia y la promoción activa de la impunidad”.

Ricardo Monreal previno: hay una tasa de impunidad de 94 por ciento, un rezago judicial de 75 puntos porcentuales; 85 de cada 100 reos carecen de sentencia; y en promedio, tardan 7 años para recibirla. Al advertir cáustico: los jueces mexicanos “son los más caros del mundo.

El costo estimado para quienes acuden a tribunales en busca de justicia es de 7 mil pesos en asuntos administrativos, 70 mil en temas familiares y 700 mil en asuntos penales, dependiendo el caso. Todo sin considerar que, en el interior de los reclusorios, el costo de la sobrevivencia es muchas veces inconmensurable. En cuestión de toga y birrete, El hábito no hace al monje…

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