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A Maribel se la llevaron sicarios un 24 de agosto del 2008, a plena luz del día, en plena vía pública, en pleno centro de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán. Y desde entonces nada se sabe de ella. Nadie la defendió.

En estos 14 años de drama para su familia, han pasado ya cuatro gobernadores constitucionales, uno interino y otro sustituto, pero ningún rastro existe de la mujer que el día de su desaparición salía de la Casa de la Cultura, donde sostuvo una reunión con comerciantes. Ella era secretaria del Ayuntamiento. El alcalde era el panista Antonio González Rodríguez, y Leonel Godoy el gobernador.

El comando que ejecutó el “levantón” actuó en absoluta impunidad y – para allegados a la víctima no hay duda -, en complicidad con autoridades.

Eran tiempos en que La Familia Michoacana dominaba los territorios. Eran los amos y señores. Tenían infiltradas a las policías, a los ayuntamientos y hasta se filmaban en reuniones con altos políticos, llevados algunos a la fuerza y otros por ver alguna ganancia en el jugoso negocio de las drogas y sus derivados.

A los gatilleros no les generó ninguna dificultad que Maribel fuera acompañada de un escolta y su chofer. Tampoco hallaron obstáculos en su huida. Con facilidad burlaron la frágil reacción de la Policía Municipal y lesionaron a tres agentes.

La familia de Maribel no ha cesado la dolorosa búsqueda en esta década y media. Han dialogado con presidentes de la República, secretarios de Gobernación, mandos policiacos al más alto nivel federal y políticos de todos los colores. Todo ha sido infructuoso. La contundencia con que opera el crimen organizado se impuso a la capacidad del Estado mexicano.

Esta desaparición se suma a una ya enorme lista de mujeres asesinadas o desaparecidas en estos 14 años, que se cuentan por miles en todo el territorio nacional. Michoacán no escapa a esa tragedia.

Los números siguen golpeando con rudeza a la retórica, que insiste en hacernos creer, sentir o ver, que este problema está cediendo o que se está controlando. En esa retórica nos dicen, por ejemplo, que los feminicidios en México ya bajaron un 34 por ciento. Pero el parámetro que toman como referencia es el de agosto del 2021 – hasta ahora el mes con más feminicidios en los últimos tres años, con 112 casos – y lo miden contra los 72 crímenes de este tipo ocurridos en marzo de este 2022.

No nos dicen que la incidencia de feminicidios de marzo de este 2022, es superior a la de julio, septiembre u octubre del 2021. Tampoco nos dicen que es casi equiparable a los 79 feminicidios del mes de enero o a los 82 casos ocurridos en febrero de este año.

Y si tomamos como referentes los tres primeros meses del 2021, para medirlo contra el mismo periodo de este año, la diferencia es mínima: 256 feminicidios en 2021 y 234 en 2022.

Y así fuera solo un caso, el reto seguiría siendo desafiante mientras no se logre articular una estrategia que sume a los tres niveles gubernamentales, pero también a los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, que de pronto parecen perderse en el letargo o las disputas políticas. El primero para ajustar las leyes con penas ejemplares, y el segundo para que la aplicación de la justicia sea implacable y ciega cuando se acredite el delito.

Un escenario distinto a eso solo nos llevará a seguir viendo dramas como el de Maribel, Jessica, Debanhi y miles más, que después de 14 años o más seguirán siendo una estadística sin resolver. Ese escenario donde, como con la desaparición de Maribel, la capacidad del crimen seguirá siendo ley.

Cintillo

Los saldos de la Semana Santa significaron para Michoacán una verdadera resurrección, al entrar el tercer año de la pandemia que crucificó en 2020 y 2021 al turismo y a la economía.