Perfiles/Arnulfo Mora

*LAS VERDADES DEL SÍNDICO

Lo que ha venido ocurriendo en la administración municipal podría ser una receta para envejecer más pronto. Está claro que a nadie le interesaría aplicarla y por eso no se entiende porqué nadie pone interés en resolver el problema que cada día se hace más añejo y más complicado. Pero sí hay alguien que puede.  

Escuché al Síndico el viernes en una entrevista en el noticiero Hablemos Todos de Rogelio Ortega Camargo y su hijo Rogelio O. Fabres.

 De sus afirmaciones, tres cuestiones me parecen fundamentales y a la vez graves para la administración de Itzé Camacho. La primera, que no hay problemas personales de ningún tipo entre el síndico y la alcaldesa.

Incluso, tan es así, que Miguel Ángel Peraldí presume seguir siendo aún ahora el representante legal de Itzé Camacho Zapiain y de su señor padre, Desiderio Camacho Garibo. Es decir, lo aceptan como defensor en los asuntos personales pero lo rechazan como defensor del municipio y la administración. 

 La segunda: que no está en sus planes solicitar licencia y dejar el cargo de síndico municipal.

 “Acepté y me aceptaron buscar esta responsabilidad y pese a todas las limitaciones, desempeñaré mi cargo”, lo dijo así de claro.

Y la tercera: que la presidenta municipal, Itzé Camacho, no da muestra alguna de hacer cambios en su actitud. Y es que así la traen desde que inició la administración y a ocho meses nadie explica el fondo o causas del problema.

Lo que sí está claro es lo que dijo el síndico Miguel Ángel Peraldí:

 “Hemos platicado al menos en tres ocasiones y saben qué, si hemos llegado a tener acuerdos y aparentemente resolvemos, pero luego la alcaldesa se junta con sus asesores, con el tesorero y la oficial mayor y lo acordado se viene abajo”.

Y el síndico fundamenta sus afirmaciones:

“Lo que sucede es que la señora Oficial Mayor no tiene experiencia laboral ni conocimientos de la ley para hacer bien su trabajo, y en cuanto al tesorero, tampoco tiene experiencia ni conocimientos en el manejo de finanzas porque su ramo profesional es otro y entonces, como asesores principales de la presidenta municipal, pues no le dan opciones que realmente convengan a la administración”, detalló Peraldí Sotelo.

Hasta aquí todo podría ser parte de los dimes o diretes o como usted lector guste llamarle a estos desencuentros, pero falta lo peor, viene ahora lo que sí causa perjuicios al municipio, a su operatividad, a sus fianzas y de una vez, desde ahora complica el panorama de la próxima administración.

Parte de lo más delicado lo dijo el Síndico: “En el reciente arreglo contractual con el Sindicato se violentó la ley de Disciplina Financiera y habrá quien tenga que responder por ello”.

 “Lo presupuestado era disponer de solo un tres por ciento, pero el arreglo superó el 5 por ciento global y de ahí pueden venir dos cosas graves: sanciones por violentar la ley y que no habrá de donde sacar los recursos para cumplir a los trabajadores”.

El síndico también afirma que en la administración hay tres nóminas y las tres diferentes entre sí.

Lo explica: una se manda al Seguro Social para el cálculo de cuotas,  otra se manda al SAT para el cálculo de los impuestos por pagar y la otra es la real, es decir, esta última “para consumo interno”.

Sí una auditoría descubre esto y lo acepta como triquiñuelas, los responsables sabrán entonces que lo tantas veces dicho por el síndico era en bien de la alcaldesa y la administración.

Pero aún no hemos tocado fondo: el municipio suma una deuda con el SAT que supera ya los 60 millones de pesos por el no pago de los impuestos que la administración le retiene a los trabajadores producto de sus sueldos.

Cierto, el problema no es nuevo, pero se está agudizando en el periodo actual y a esto le agregamos que el gobierno federal endurece las sanciones a los incumplidos.

Producto de esto, afirma Peraldí Sotelo, que el SAT está multando al municipio con un monto de 450 mil pesos mensuales por incumplimiento. Y aclara que aquí no se incluye la deuda con el Seguro Social ni las multas que este aplica.

Y todavía se dan el lujo de invertir tiempo y dinero en disputas entre titulares del gobierno por renegarse de sí mismos y negarse el poder que la propia ley les dicta.

Y a todo esto; ¿qué hacen y que dicen los regidores?

Ni la presidenta ni el síndico son absolutos en la administración. La propia ley define al órgano de gobierno como la máxima autoridad.

“El poder político está en el órgano de gobierno”, pero el poder económico está del lado de quien representa la autoridad y esto opera como opera la autocensura en los medios de comunicación.

Sin embargo, los miembros del cabildo se han involucrado en los diferendos legales entre el síndico y la alcaldesa cuando acuerdan limitar los poderes que la ley le otorga al representante del Municipio, es decir, al síndico. En una de esas, en los varios amparos en curso, pueden ser llamados a cuentas por sumarse a limitantes que no son de sus facultades.

Hay algo que no lo dice el Síndico, pero hay allegados al gobierno que sí lo dicen: que todo esto que hace y dice la alcaldesa contra síndico, el artífice es el Contralor Municipal, y la Oficial Mayor y el Tesorero, “solo ayudan a enturbiar las cosas, pero no son los principales”.

¿Entonces hay plan para mantener confrontados y desestabilizar la administración? La verdad se antoja demasiado perverso que alguien llegue a tanto. Los interinatos nunca han sido obra de la casualidad.

Yo me quedo en que aún es posible enderezar el barco y estoy convencido que hay un personaje con la capacidad y con la responsabilidad de hacer entrar en razón tanto al síndico como a la alcaldesa.

 Y solo puede ser el que los puso como candidatos. Ese personaje hoy está obligado a intervenir por el bien suyo, por el bien de Itzé Camacho y de Miguel Ángel Peraldí, por el bien de la administración y por último, por el bien del municipio y de los ciudadanos que les confiaron el voto. HASTA LA VISTA.