Perfil de México/Armando Ríos Ruiz

Hace más de cinco años que nuestro gobierno se empecinó en acostumbrarnos a las sorpresas menos plausibles. Su insistencia no logró el cometido de formarnos costumbre. Más bien consiguió que la mayoría de los mexicanos nos hiciéramos desconfiados de sus actitudes.

Hemos visto desfilar de todo lo que no queríamos saber, desde actos de corrupción que han traspasado las fronteras y nos hacen ver en ridículo en otros lugares del mundo, hasta el uso de las instituciones públicas a discreción, para afectar a quienes tienen en la mira, o para ayudar a los políticos amigos que cayeron en desgracia debido a su pésimo comportamiento.

La Procuraduría General de la República ha empleado grandes recursos en denostar a un candidato a la Presidencia de la República, porque la estrategia del gobierno para posicionar al suyo, prevé que es la fórmula correcta para lograrlo. Pero también usa a esa dependencia para exonerar a quienes torcieron la ley y huyeron del país para evitar la cárcel.

Así conviene en su entender, que se hagan las cosas. Si es necesario echar mano de otra dependencia, seguro que no será pensado más de una vez. Para eso sirven y no para el objetivo que motivó su creación. Esto quiere decir que en lugar de avanzar, hemos caminado hacia atrás con pasos gigantes.

El viernes de la semana pasada, el INE dio a conocer su dictamen, respecto a los aspirantes a candidatos independientes para la Presidencia de la República y decidió descalificar a dos de ellos, con el argumento de que presentaron firmas falsas de mexicanos que decidieron apoyarlos.

Más bien, los tres que lograron reunir casi un millón de firmas en 17 estados de la República como mínimo, de acuerdo con la exigencia del Instituto, falsificaron las credenciales o fotocopiaron copias de las mismas y mediante una aplicación complicadísima las enviaron. A pesar de notificar que los tres incurrieron en la misma falta, reconoció el triunfo a uno de ellos.

Se sabía que el INE realizaba una revisión minuciosa y aprobaba sólo las auténticas. La revisión se hizo diariamente y de inmediato avisaba a los contendientes interesados, el avance de su recolección. Invariablemente decía que fulano de tal llevaba tantas firmas reunidas y tantas validadas. Daba confianza de llevar el recuento al pie de la letra, entre las que desecharía forzosamente por contener fallas y las que validaba por su autenticidad.

Días antes de que finalizara el período de captura de firmas, la institución informó a los aspirantes, del estado de su recolección. Les dijo lo de siempre: que había captado en total tantas firmas y validado un monto superior al exigido. Por lo tanto, era de suponer que los tres estaban en la pelea.

Sin embargo, el miércoles pasado apareció una columna periodística que adelantaba el fallo del INE. Dos estaban afuera y uno en la contienda para la elección presidencial que se avecina. No sólo descalificó a dos contendientes, por lo visto, porque alguien así lo ordenó, sino que además, validó la candidatura de alguien que incurrió en las mismas supuestas fallas.

No sólo descalificó, sino que además filtró la información a un columnista, seguramente para hacer conciencia anticipada entre la población, con el fin perverso de que ésta y otros medios hicieran carnicería de quienes resultaron descalificados, sin más pruebas que el dicho de los consejeros del INE. Se ha hablado de trampas y de tramposos, pero hasta el momento, nadie ha ofrecido la prueba más insignificante.

¿Estaría dispuesto el INE a presentar a los que supuestamente aportaron firmas, para que digan que falsificaron su credencial o la signatura? ¿Cómo puede comprobarlo si para ello tendría que recorrer todo el país en busca de las firmas o credenciales suplantadas? ¿Su software es capaz de resolver el problema?