Participación social en la educación/Horacio Erik Avilés Martínez

El estado que guarda el sistema educativo michoacano, en sus múltiples indicadores no puede tener a nadie contento, especialmente porque esta situación lacera intrínsecamente los derechos de más de la mitad de los habitantes de Michoacán.  Los sueños y aspiraciones de toda una generación están bajo seria amenaza.

Las áreas de oportunidad de las instituciones educativas estatales son del dominio público, ya se ha profundizado mucho en el análisis y en el señalamiento de la casuística respectiva. Las notas periodísticas y denuncias ciudadanas son soporte documental de los asuntos que requieren solución inmediata y la normatividad aplicable en la materia en este caso constituye también una lista de revisión de focos rojos. Es irrefutable que se requiere intervención expedita y diligente para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán.

Por si fuera poco, se sabe que en 2021 nos encontramos colectivamente en un previsible periodo de transición económica, política y electoral, que redundará en inestabilidad administrativa y efectos muy negativos contra el derecho a aprender.  Lo anterior también se potencia con la crisis que ha generado la pandemia por COVID-19 y los exacerbados efectos que ha ocasionado sistémicamente en México, los cuales padecemos colectivamente.

Los factores anteriormente citados gravitan inmensamente en el ejercicio del derecho a aprender. Pero, son también retos que deben asumirse dentro de un análisis situacional objetivo para poder afrontar la agenda que nos depara este 2021 con mucha dignidad, anticipación, proactividad, visión estratégica y efectividad, en aras de alcanzar las altas misiones que están plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  normatividad aplicable en la materia, que se traducen en las esperanzas de evolución, transformación, desarrollo, felicidad y progreso de 129 millones de mexicanos, así como de 4 millones 800 mil personas que residen en Michoacán.

Sí, vivimos un momento muy importante para el destino del derecho a aprender en la entidad, pero si se actúa pronta e inteligentemente, se puede convertir la crisis en oportunidad. Una dimensión que debe contemplarse es la de gobernanza, ya que esclarece el camino a recorrer en aras de someter el ciclo de las políticas públicas a una mayor aceleración y con un enfoque de mejora continua. Parte sustancial de instaurar un modelo de gobernanza en el sistema educativo estatal consiste en impulsar la participación ciudadana en la entidad, lo cual impactará de múltiples maneras. Por ejemplo, cuando la ciudadanía interviene en el ejercicio colaborativo de la autoridad, se toman mejores decisiones de inversión de los recursos públicos, toda vez que se analiza colectivamente la situación y se contemplan ópticas adicionales a las que unos pocos funcionarios podrían acceder. Aunado a lo anterior, se multiplican los recursos invertidos en acciones de desarrollo, toda vez que se fomentan la solidaridad, el altruismo, la generosidad, la subsidiariedad y otros valores que generan sinergias y círculos virtuosos que con el puro presupuesto gubernamental resultaría inalcanzable. También, que la ciudadanía participe les otorga validación a los proyectos, ya que, bajo reglas democráticas, se toman decisiones y responsabilidades compartidas, por lo que los resultados de las acciones implementadas para resolver los asuntos públicos se aceptan más fácilmente, aun cuando no se obtenga lo esperado, ni lo más popular. Adicionalmente, se difunden y recomiendan las soluciones de manera viral y natural.

                          Como una gran línea de acción para cumplimentar la dimensión de gobernanza, colocar en la agenda pública estatal una cruzada educadora que alcance los objetivos enunciados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sumamente estratégico. Ya es tiempo de asumir la realidad educativa y transformarla. Por su historia y atribuciones, el Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación (CEPEE) es el organismo multidisciplinario que puede constituirse en un brazo transicional que abone a la estabilidad y desarrollo del sistema educativo estatal durante este periodo.

                          Como una primera acción que manifiesta la posibilidad de lograr efectos transformadores en el sistema educativo estatal, se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria del CEPEE el día de ayer, de manera remota por las condiciones imperantes, pero que en sí manifiesta una intención esperanzadora, la de asumir una misión de ser un organismo de participación ciudadana que sea garante de la continuidad de propósitos, objetivos, pendientes y la urgencia en torno al derecho a aprender en el estado de Michoacán, desde la intervención articulada de los actores educativos, funcionarios y ciudadanía. Para lograr semejantes efectos, los consejeros deberán asumirse como guardianes y coadyuvantes del derecho a aprender, desde sus respectivas posiciones, lo cual constituye en sí un reto inmenso.

                          Es importante considerar una serie de factores que pueden impulsarse desde un organismo de este tipo, en el contexto en el cual se está viviendo en el sistema educativo estatal en la actualidad. Por ejemplo, se puede impulsar la concreción de la federalización de la nómina educativa, proceso cardinal de un rescate integral de las finanzas educativas de la entidad, que debe de ir mucho más allá de una visión coyuntural o de cálculo político, pensando en resolver un problema particularmente doloroso que daña profundamente el derecho a aprender de los estudiantes michoacanos. Asimismo, los ciudadanos consejeros pueden constituir toda una vocería paralela en defensa del derecho a aprender difundiendo las acciones y convocatorias que socialmente necesiten ser propagadas en beneficio de todos.

Aunado a lo anterior, el CEPEE se puede constituir en mesa de análisis para regresar a la presencialidad paulatinamente en las escuelas michoacanas, donde se pueden desarrollar acciones revulsivas como el diseño e implementación de una calculadora de riesgos de regreso a aprender para poder evaluar objetivamente las posibilidades de dar pasos rumbo al regreso presencial a clases en cada comunidad educativa de la entidad federativa. Es importante aclarar que, si bien es cierto, estamos atravesando una situación de semáforo rojo en cuanto a la incidencia de casos de COVID-19 y resulta completamente absurdo el retorno a clases hoy en día, lo que no se vale es dejar de analizar y construir escenarios ponderando un posible retorno.

El principio esperanza no debe de evaporarse, ya que, como decía Benito Juárez “el que abandona la idea, pierde”. Imaginemos también la realización de diagnósticos independientes del estado de la educación, donde los funcionarios que hoy se ocupan de la evaluación educativa no tienen ausencia de intereses potenciales en los resultados del estudio. Podría ser el CEPEE encunar en su interior un observatorio ciudadano del estado de la educación, donde se pueda dar seguimiento a las variables, dimensiones e indicadores del sistema educativo estatal.

Respecto a aspectos específicos a atender a la brevedad, uno de ellos es el desarrollo organizacional del CEPEE, que implica dotar de recursos humanos, materiales, inmueble y equipamiento que le permitan conseguir sus objetivos institucionales. En ello resulta cardinal la definición de las atribuciones del secretario técnico, que es garante de la autonomía, quien debe ser un empleado al servicio de las opiniones y recomendaciones de los ciudadanos que impacten favorablemente en los derechos de la niñez, de la juventud, sus maestros y padres de familia, más allá de responder a una cadena de mando burocrática.

Otro aspecto por atender es el del marco normativo será importante realizar una revisión profunda en pro de la actualización del marco normativo existente, para armonizarlo con la reforma federal del año pasado, donde se pasó de estipular Consejos Estatales de Participación Social en la Educación a ser, conforme a lo dispuesto por los artículos 134 de la Ley General de Educación y 183 de la Ley de Educación del Estado (CEPEE), lo cual aconteció el día 22 de julio de 2020, cuando se llevó la última sesión del CEPSE como tal, pero a la fecha no se ha concluido la plena consecución de un marco normativo completo, toda vez que  la SEP no ha emitido aún los Lineamientos para el nuevo órgano, pero tampoco se ha hecho al respecto para adecuar el acuerdo de creación estatal vigente desde 2016 al respecto. La autoridad educativa michoacana anunció que, cuando eso suceda, se harán los ajustes necesarios para que, a título de consejeros o como invitados permanentes, los actores sociales que han participado en este órgano colegiado de gobernanza educativa sigan formando parte del nuevo Consejo como una amplia Mesa Educativa para la construcción colectiva de política pública, pero no es necesario esperar nuevos lineamientos para poner manos a la obra.

Es importante recordar que, de 2009 a 2021 se ha recorrido una ruta donde el máximo órgano de gobernanza educativa en Michoacán transitó de ser el Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán (CCAEEM) a ser CEPSE y ahora CEPEE, acumulándose historias de éxito y de áreas de oportunidad. Por ello, resulta muy necesaria la elaboración de un reglamento interior y un manual de organización para poder alcanzar los objetivos institucionales recorriendo sistemáticamente rutas normadas que autorregulen los trabajos internos.

En cuanto respecta a la urgencia de acciones en materia de participación social en la educación, será muy importante lograr conformar y articular los consejos, a escala estatal, municipal y escolar, con la participación de ciudadanos en ellos, lo cual será la principal garantía de la plena operatividad de los consejos en Michoacán, conformando conjuntamente lo que podría llegar a ser el mayor órgano de gobernanza del estado.

En materia de indicadores educativos, es importante realizar un diagnóstico integral y profundo del estado de la educación en el estado. Toda vez que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020 sufrió efectos por la pandemia es importantísimo no atenerse a la información que puede surgir del mencionado esfuerzo estadístico. Es importantísimo elaborar a la brevedad e implementar un plan de acción para elevar indicadores educativos, especialmente los asociados con rezago social, como el abandono escolar, el analfabetismo, la ruptura de trayectorias educativas y las necesidades de apoyo socioeducativo para los estudiantes y sus familias.

Es importante conocer en materia de ingreso, permanencia, promoción y desvinculación de los trabajadores de la educación la estadística en cuanto al número de plazas existentes, la efectividad de la ruta normativa de acceso al sistema educativo estatal, su ubicación en el organigrama educativo a lo largo de la línea del tiempo y en función de lo que dicta el enfoque vigente de la Nueva Escuela Mexicana, realizando un estudio censal sobre los trabajadores de la educación, principales y primeros garantes del derecho a aprender en la entidad.

En materia de formación inicial y continua de los docentes es perentorio conocer cuál es la situación que guarda la plantilla docente en la entidad al respecto, realizar una detección y atención de necesidades de formación continua a nivel censal, con la finalidad de poder tomar las acciones respectivas que permitan contar con profesionales de la educación que puedan afrontar con éxito los retos que les arrostra la situación actual.

En lo que respecta a infraestructura, donde se debe realizar un diagnóstico del estado físico que guardan las instalaciones y equipamiento de las escuelas y realizar una detección minuciosa de las necesidades imperantes; particularmente, de todas aquellas que tengan qué ver con el regreso a clases, para poder pasar a un ámbito programático-presupuestal y de plena ejecución conforme a disponibilidad presupuestal. Especialmente es importante resolver los retos en materia de conectividad para que estudiantes, trabajadores de la educación y sus familias puedan comunicarse y establecer rutas paralelas a la presencialidad escolar para ejercer el derecho a aprender.

Para lograr lo anterior, resulta imprescindible desarrollar una ruta de seguimiento, en ámbitos como el desarrollo organizacional, el robustecimiento y armonización del marco normativo y la operatividad plena de los grupos de trabajo, para su definición colectiva y acuerdo consensuado en este mes, desahogando la agenda pendiente con reuniones periódicas, de ser posible, semanalmente, contemplando incluso la presencia del gobernador de Michoacán.

En suma, hay grandes retos en el sistema educativo estatal, pero con la suma de esfuerzos de todos los actores clave puede resultar en un año donde se recupere la inercia y se generen cimientos de transformación.

Es muy importante destacar que, con voluntad de la SEE y de los ciudadanos participantes se logró reiniciar tempranamente en el calendario anual los trabajos del Consejo Estatal y que se empiezan a dar pasos en pro de la regularidad de la educación estatal. Es imprescindible que las acciones se concatenen y se note la diferencia prontamente.

La congruencia es una gema muy escasa en los asuntos públicos estatales. La presión, la temperatura y la profundidad de tantos años pueden contribuir a que esa consistencia entre el discurso, acciones y efectos se consiga por fin y sea el valor que marque la diferencia después de tanto tiempo transcurrido en una situación inaceptable. Hagamos que valga la pena, merecemos ser un Michoacán educador. Amable lector, le consulto su valiosa opinión, ¿con qué acciones se puede mejorar la gobernanza del sistema educativo estatal? Sus comentarios y propuestas son bienvenidas en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles