Otros datos/Hugo Páez

Quien no respeta el derecho no puede ser Presidente, punto

● López Obrador reclama lealtad ciega a sus funcionarios, antepone la justicia al Estado de Derecho y se asume como una trinidad donde ‘el pueblo’ y el ‘proyecto transformador’ son él mismo.

Ayer escribí en este espacio el rechazo a la lealtad a ciegas de Jaime Cárdenas, causa principal de su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) organismo insignia de Andrés Manuel López Obrador, su lábaro en el combate a la corrupción.

Este jueves en la mañana el presidente confirmó que en efecto: “Pedimos lealtad a ciegas…”, segundos después deslizó el salvavidas “…al proyecto de transformación”.

El ‘proyecto transformador’ es él mismo. Igual que su entelequia favorita llamada “pueblo”, parte consustancial del dogma donde se concibe como La Trinidad.

Así que el requerimiento de lealtad ciega al proyecto transformador es en esencia de este dogma, lealtad ciega a López Obrador. ‘El hijo’ dispuesto a ser crucificado por salvar al país.

El funcionario de la Cuarta Transformación que no entienda esto está perdido. No lo entendieron Carlos Urzúa Macías, Victor Manuel Toledo Manzur, Javier Jiménez Espriú y Jaime Cárdenas y ya tuvieron que abandonar al padre, hijo y espíritu santo.

En boca del presidente que juró en el Congreso cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, hablar en Palacio Nacional este jueves sobre la superioridad de la justicia sobre el Estado de Derecho no solamente es un error semántico, es traicionar su propio juramento (https://youtu.be/KWMcwRvgOFM ).

Por ejemplo, puede ser injusta la acumulación exorbitante de riqueza en los miembros de su Consejo de Empresarios donde están Ricardo Salinas, Olegario Vázuqez, Barnardo Gómez, Carlos Hank, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Miguel Alemán y Sergio Gutiérrez, cuya fortuna acumulada rebasa las decenas de miles de millones de dólares, pero no es ilegal ni anticonstitucional, aún cuando hay millones de personas en México que viven en pobreza extrema.

Es una brutal falta de justicia que los niños se mueran de cáncer y las muertes por Covid rebasen la cifra catastrófica de las 60 mil muertes, para llegar a la apocalíptica de más de 74 mil, por incompetencia, falta de prevención y manejo erróneo de Hugo López-Gatell, pero no es ilegal, según la Constitución, porque así protegen las leyes a las decisiones de los funcionarios públicos.

En este tema Gatell no está cometiendo un robo, ni un desfalco, de igual forma la inseguridad incontrolable que ha producido muertes dolosas récord en toda la historia registrada, por las malas decisiones de Alfonso Durazo Montaño y el Comandante Supremo, no constituyen un delito.

Las decisiones de la Cuarta Transformación han provocado grandes injusticias, en consecuencia ¿qué va a hacer el presidente con esta situación al aplicar su lógica de la Justicia sobre las leyes..?

Ayer hablé sobre la certeza moral de López Obrador como la guía para sus apóstoles funcionarios, y de la Constitución Moral publicada en noviembre del 2018, que, de acuerdo a las revelaciones del ex titular de la Semarnat, Víctor Toledo y de Jaime Cárdenas ex del Indep, es su carta de navegación, por encima del Estado de Derecho.

Esta misma mañana una reportera le preguntó al presidente su postura sobre la mutilación de joyas y la evidente corrupción en subastas del Indep. Como respuesta, el presidente construyó un discurso inconcebible de ceguera jurídica que concluyó en que esas acusaciones eran “pura politiquería”.

Me imagino que piensa que se hará justicia cuando logre concretar la presunta transformación, sin importar pisotear el Estado de Derecho, mentir sin límite alguno, tolerar la corrupción desde arriba, y aplastar con brutales difamaciones a sus adversarios.

Quiero pensar que todavía somos un país donde prevalece el Estado de Derecho y que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no armarán triquiñuelas jurídicas para echar abajo el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

El ministro Aguilar considera inconstitucional la consulta solicitada por López Obrador para enjuiciar a ex presidentes. Espero que tampoco eviten invalidarla y pretendan reformular una nueva pregunta, para ayudar a Andrés Manuel a mantener la propaganda mediática que cumpla sus propósitos electorales.

Quiero pensar que en este país de leyes, quien no respete el Derecho NO puede ser presidente, punto.