Otredades

18 de octubre de 2026

18:26

José Sobrevilla/Quadratín Michoacán

Los límites de la soberanía digital mexicana

Públicamente no ha quedado muy clara la relación entre el Gobierno de México

y empresas como Google, Amazon, Microsoft, Huawei, Oracle y Meta

Recientemente fuimos testigos del informe en la Mañanera del Pueblo (24 de septiembre de 2026) sobre los alcances de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), sin embargo, no quedó muy clara la relación entre el Gobierno de México y empresas como Google, Amazon, Microsoft, Huawei, Oracle o Meta; la idea es saber cómo y hasta qué punto participan estas transnacionales y, de acuerdo con la información oficial consultada, se han identificado distintas figuras jurídicas y económicas: contratos de servicios, licencias de software, convenios de colaboración, programas de capacitación, inversiones en centros de datos e incluso programas de apoyo social, pero la información publicada resulta insuficiente para tener una idea completa de la participación real que tienen en el espectro mexicano.

Para empezar, la soberanía digital mexicana la podemos entender como la capacidad del Estado y de la sociedad para tomar decisiones autónomas sobre sus datos, su infraestructura tecnológica, el software y las redes de telecomunicaciones, sin depender por completo de intereses o proveedores extranjeros (como sucedió en Colombia en las pasadas elecciones).

Asegurar —por ejemplo— que la información de los ciudadanos y del gobierno (como datos de salud, fiscales o de seguridad) sean almacenados y procesados conforme a las leyes mexicanas y no queden sujetos a la jurisdicción de otros países. Fortalecer el desarrollo de redes de telecomunicaciones robustas, de centros de datos propios y de la conectividad nacional para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

En ciberseguridad y defensa, proteger los sistemas críticos del país —como la red energética, el sector financiero, la salud y las vías de comunicación— frente al espionaje económico o a los ciberataques es fundamental; igual que el uso de plataformas auditables y estándares abiertos para negociar en mejores condiciones con grandes empresas tecnológicas globales.

Al revisar los datos, lo primero que se evidencia es que no todo acuerdo con las empresas tecnológicas implica dinero público; un contrato puede implicar un pago del Gobierno a una empresa; y un convenio puede establecer colaboración sin contraprestación económica. Una inversión es capital privado destinado a infraestructura, pero una donación debe acreditarse documentalmente para comprobar qué se entregó, quién la recibió y bajo qué condiciones.

La evidencia oficial consultada permite identificar relaciones concretas Gobierno-tecnológicas, como contratación de software, mecanismos para adquirir servicios en la nube, convenios para impulsar MipyMEs, acuerdos de seguridad, de atención a la violencia digital, e inversiones privadas en infraestructura; sin embargo, no permiten saber cuánto han recibido del erario mexicano en el periodo 2018-2026 ni cuál es el volumen total de donaciones que han entregado al sector público; solo podemos tener una idea por declaraciones aisladas.

Hoy presentaremos algunos datos relevantes y verificables sobre acuerdos documentados. Ejemplo, en enero de 2025, la presidencia había anunciado una inversión de 5,000 millones de dólares con Amazon Web Services (AWS) para desarrollar una región de infraestructura en la nube en Querétaro: contemplaba capacitación y efectos económicos; pero esta cifra correspondía a una inversión empresarial, no a un contrato por el que el Gobierno pagaría esa cantidad a Amazon.

Huawei ha tenido presencia en México mediante contratos de telecomunicaciones y tecnología con entidades públicas, acuerdos de colaboración, así como donaciones o apoyos en especie. Sin embargo, la información pública está fragmentada y no siempre permite consolidar con precisión los montos, los beneficiarios y los vínculos corporativos. No se proporcionan expedientes ni enlaces específicos para una verificación documental en tiempo real; por ello, el resumen que presentamos distingue entre hechos generalmente documentados y puntos que requieren validación en bases oficiales no publicadas.

En 2018 CompraNet dio a conocer un convenio de adhesión a un contrato marco para adquirir licencias de Microsoft y contratar servicios de actualización y soporte para dependencias y entidades de la administración pública federal. El expediente incluyó un primer convenio modificatorio en 2021 y un segundo en noviembre de 2023, lo que acreditaba el mecanismo de contratación, pero no dejaba claro el total efectivamente pagado por todas las dependencias.

El 26 de mayo de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer un convenio general de colaboración con Huawei Technologies de México para fortalecer las habilidades digitales y tecnológicas de las micro, pequeñas y medianas empresas (MipyMEs) y de las cooperativas del sector social, a fin de facilitar su participación en las compras públicas. El comunicado acreditaba el convenio, pero por sí solo no establecía una transferencia de fondos públicos ni una donación monetaria.

También, en junio de 2022, el Gobierno de México, mediante comunicado oficial, informó del convenio entre Amazon México y la Secretaría de Economía para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país en comercio electrónico, capacitación, exportación y comercialización internacional; y en septiembre de 2025, la dependencia documentaba otro convenio relacionado con el programa “Hecho en México”, orientado a dar visibilidad a los productos nacionales.

La participación de Huawei en la digitalización del país

El acuerdo más claramente documentado es —sin duda— el Diplomado en Gestión de la Ciberseguridad, coordinado por la ATDT, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM y Huawei Technologies de México.

Un programa que buscaba capacitar no sólo en aspectos técnicos, sino también en gestión de riesgos, gobernanza, prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, en el que la propia ATDT reconoce que Huawei patrocina y apoya esta iniciativa de formación. Además —en él—, estaba previsto un curso masivo tipo MOOC (Massive Open Online Course) sobre gestión de la ciberseguridad, en coordinación también con la ATDT y Huawei, del que, en agosto (2026), comenzó la tercera edición con 32 funcionarios de distintas dependencias federales.

Esto es importante porque la seguridad de los sistemas digitales —se supone— área estratégica para el Estado mexicano y, según la ATDT, entre sus objetivos oficiales está la autonomía tecnológica y la seguridad de la información, así como la implementación de una política federal de ciberseguridad; por tanto, la relación con Huawei no debe analizarse únicamente como una relación comercial, porque implica además la transferencia de conocimientos, capacitación de funcionarios y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

La relación UNAM–Huawei se remonta a varios años atrás; en marzo de 2025 —por ejemplo—, la máxima casa de estudios informó de la renovación de un convenio general con Huawei para desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica, estudios técnicos, intercambio académico, formación de recursos humanos y capacitación especializada. Entre los trabajos realizados figuraban estudios sobre 5G, la regulación de 5G y la ciberseguridad, así como documentos sobre buenas prácticas y vigilancia tecnológica. Fue así como la colaboración académica desembocó posteriormente en los diplomados en ciberseguridad en los que participan la UNAM, ATDT y Huawei.

Un antecedente contractual relevante que documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 consistió en pagos realizados por el Centro de Servicios Tecnológicos del Gobierno Federal, Infotec, a Huawei, derivados de acuerdos específicos para poner a disposición del equipo de la Red Metropolitana y del proyecto Metro DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing o Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa), mediante convenios modificatorios. Desde 2025, Infotec pasó a estar sectorizado en la ATDT, lo cual difiere de los programas de capacitación actuales, pero resulta importante, ya que Infotec forma parte del ámbito institucional de la ATDT.

Una soberanía digital no tan soberana

Sin embargo, lo interesante de la soberanía digital del país es que Huawei participa en la formación de funcionarios mexicanos en ciberseguridad y en el desarrollo de infraestructura tecnológica pública. Si bien la ATDT declara como principios la autonomía tecnológica y la seguridad de la información, esto no demuestra por sí mismo una pérdida de soberanía tecnológica, pero sí constituye un tema que merece ser revisado en los contratos, los convenios, la propiedad de la infraestructura, el acceso a los datos, la transferencia tecnológica y la dependencia de los proveedores.

Al realizar una revisión documental cruzando datos de la ASF, Compras MX/CompraNet, DOF, dependencias federales, UNAM, Tecnológico Nacional de México, TecNM y algunos portales estatales, encontramos que la relación Huawei–Gobierno mexicano es más amplia que el convenio reciente con la ATDT, y que el punto financieramente más relevante que aparece en la documentación pública es el de Infotec–Huawei–CFE ‘Telecomunicaciones e Internet para Todos’.

Datos de la Auditoría Superior de la Federación indican que, según la Cuenta Pública 2022, los pagos efectuados por Infotec a Huawei corresponden a dos acuerdos específicos para la provisión de servicios WiFi, fases 3 y 4, así como a acuerdos vinculados a un contrato de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) que Infotec tenía para adquirir equipos AP y CPE destinados a proporcionar acceso gratuito a Internet.

El de la Fase 3 tiene fecha del 14 de enero de 2022 y su vigencia era hasta la entrega total de los equipos, por un monto de US$29.0142 millones, con el pago realizado en 2022. La ASF convirtió esa cantidad en aproximadamente $579.9925 millones utilizando el tipo de cambio señalado en el informe, para finalmente registrar $580.1231 millones ejercidos/pagados en este acuerdo (2022).

En la Fase 4, de fecha 29 de julio de ese mismo año, el monto máximo documentado, que era de US$29.0142 millones, no se reflejó en el pago; por tanto, no debe decirse que Huawei recibió US$58 millones en 2022; lo correcto sería que los dos acuerdos tenían un valor máximo conjunto de aproximadamente US$58.03 millones, pero en 2022 sólo se reportaron pagos correspondientes a la Fase 3.

No se trataba simplemente de comprar "WiFi"; los acuerdos establecían que Huawei pondría a disposición de Infotec equipos, soporte técnico, mantenimiento Hi-Care (ahora conocido como la aplicación de soporte en muchos dispositivos) e infraestructura para la prestación del servicio de WiFi. El objetivo: atender el contrato de Infotec con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

Esto es importante porque sitúa a Huawei no solo como proveedor de dispositivos aislados, sino también como participante en una arquitectura tecnológica vinculada a un programa federal de conectividad. Todavía, en la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó y encontró que Infotec seguía pagando a Huawei montos vinculados a dichas relaciones contractuales.

Un caso muy reciente es el del Hospital Juárez de México, que en julio de 2026 convocó la licitación LA-12-NAW-012NAW001-N-127-2026 para el “Servicio de infraestructura tecnológica de la marca Huawei 2026–2027”. El procedimiento fue adjudicado el 22 de julio de 2026 a IKUSI México, S.A. de C.V. (grupo de carácter familiar presidido por el español Javier Ormazabal) por $41,886,402 pesos, y la licitación comprende 17 partidas: entre otras, puntos de acceso inalámbrico, switches, sistemas de seguridad perimetral, administración de infraestructura IP, servidores, sistemas de voz IP, UPS, terminales de conferencia y capacitación. Ejemplo claro de que, en 2026, continúa existiendo infraestructura pública mexicana basada en tecnología de Huawei, aunque nuevamente el adjudicatario no sea Huawei directamente.

En 2024 encontramos otro caso relevante: el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) convocó a la licitación LA-18-TOM-018TOM999-N-24-2024 para mantener en operación los equipos de la infraestructura de su red. La documentación técnica incluía numerosos equipos de Huawei, entre ellos NetEngine 8000 M8, CloudEngine S12700E-4, CloudEngine S6730-H48X6C y CloudEngine S5732-H48UM2CC.

Huawei nunca aparece como adjudicatario directo: en la documentación de Global VoIP de México figura como distribuidor autorizado por Huawei y como fabricante de los equipos. La diferencia es jurídicamente importante: Huawei puede ser el fabricante de la tecnología sin ser necesariamente quien recibe directamente el pago gubernamental. Pero en 2024, la SEMARNAT realizó la licitación LA-16-512-016000997-N-56-2024 para el “Arrendamiento de equipo para red LAN y WLAN”. La documentación identificaba equipos Huawei, entre ellos S12700E-8, S12700E-4, S5731-S48P4X y S5731-S24P4X, y el procedimiento fue adjudicado a UNINET, S.A. de C.V., por un monto aproximado de $2.5298 millones de pesos. Otra vez, el dinero fue adjudicado a UNINET, no directamente a Huawei, aunque Huawei figura como fabricante de los equipos.

Antes de finalizar esta columna, les diremos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en julio de 2024, firmó con Huawei México un convenio para fortalecer las capacidades tecnológicas de mujeres empresarias y facilitar la inclusión digital de la inteligencia artificial para mujeres de comunidades originarias. El acuerdo contemplaba: asistencia financiera y técnica; capacitación; plataformas digitales; dispositivos tecnológicos; programas en lenguas indígenas; acceso a herramientas digitales, pero como en otras ocasiones, el comunicado oficial jamás publicó el monto del convenio. Sin duda, el gobierno mexicano tiene mucho que aclarar respecto de su “soberanía digital” y su relación con las empresas globales del sector. Sin validar la veracidad de sus afirmaciones, quien ha venido tocando el tema de la presencia de Huawei en México en redes sociales ha sido el regiomontano Ramón Alberto Garza, creador de Código Magenta.