Opinión/Reyes Galindo

LOS “OTROS DATOS” EN LA AMPLIACIÓN DE MANDATO

Antes de iniciar mi análisis, quiero agradecer al equipo de Quadratin y a su Director Paco G. Davish, la oportunidad de volver a escribir, me comprometo a ser objetivo, profesional y constante. Al público lector, también muchas gracias.

Luego de la segunda mitad del siglo pasado, en México se han llevado a cabo importantes reformas electorales, todas con el objetivo de hacer a nuestro sistema democrático más competitivo.

Resultado de estas reformas, se logró la alternancia en el ejercicio del poder público y los congresos se convirtieron en verdaderos centros de representación popular, donde convergen las diferentes fuerzas políticas. Se logró pasar de un sistema de partido hegemónico a un multipartidismo.

Con el proceso federal de julio de 2006, se evidenciaron las limitaciones a la entonces legislación electoral vigente; como consecuencia, se decidió incorporar dentro de la agenda de la reforma del Estado, lo relativo a la reforma electoral. Un aspecto importante que incluyó esta reforma aprobada por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, fue lo relacionado con la homologación del calendario electoral en las entidades federativas. El debate a favor o en contra, no es propiamente motivo de este artículo; sin embargo, bien vale la pena destacar que uno de los argumentos más sólidos era la posibilidad de ahorrar tiempos y recursos económicos, al disminuir la organización de los procesos electorales.

En Michoacán se reformó la Constitución Política del Estado para hacer concurrente su jornada electoral con la federal a partir del año 2015; lo que implicó que para la elección de noviembre de 2007, el mandato del Gobernador que se eligiera durara tan solo 4 años, y la elección de noviembre de 2011 fuera de apenas 2 años y 7 meses.

En el caso de Baja California, esta reforma electoral quedó plasmada en el Decreto 112, que establecía que, para lograr la concurrencia entre la elección de Gobernador con el proceso federal, el electo iniciaría funciones en noviembre de 2019 y concluiría en octubre de 2021; el siguiente gobierno estatal ya cubriría de manera normal los 6 años.

Sin embargo, como ya es del dominio público, hace apenas unos días, el Congreso Local de Baja California decidió, aceleradamente y sin discusión, con 21 votos, ampliar de 2 a 5 años el periodo de la gubernatura morenista de Jaime Bonilla, lo que le permitiría permanecer en el poder hasta el 2024 y no al 2021 como originalmente fue establecido en las “reglas del juego” de las elecciones del pasado 2 de junio.

Distintas aristas pueden tocarse en el presente asunto. El primero y sin duda de mayor relevancia, tiene que ver con la abierta inconstitucionalidad de la reforma aprobada por los legisladores de aquella entidad federativa, pues violenta,  a todas luces, el contenido del artículo 116 de la Constitución Federal. Y es que, con la ampliación del mandato, se estaría designando, de facto y de manera “extraordinaria”, un nuevo periodo de gobierno de 3 años más, sin previo proceso electoral.

Aunado a ello, lo particular de la violación constitucional es que las elecciones a las que se refería la parte transitoria de aquél Decreto 112, ya se realizaron, es decir, que también se infringe con la disposición de que cualquier reforma electoral debe promulgarse y publicarse 90 días antes de que inicie el proceso, por lo menos.

Y es que no solo es una modificación a nivel local, se trata de uno de los más graves y peligrosos antecedentes contra la democracia y el orden republicano de nuestro país; es un hecho tachado de ilegal y un atropello al mandato democrático, que vulnera el Estado de Derecho y rompe el respeto a la supremacía jerárquica de la Constitución.

Sí, se trata de un tema eminentemente jurídico, pero que, dado las posibles consecuencias electorales y el gran revuelo en la opinión pública, transita hacia el escenario político de todo México y que debe ser rechazado por los partidos, sus actores y la sociedad en general.

Lo más preocupante es que el asunto podría ser un precedente para que, luego, otros gobernantes busquen los mecanismos para hacer lo mismo y mantener prolongadamente el control político del país. Y esto encuentra sentido lógico con la declaración pública de la presidenta nacional de MORENA, al considerar que la ampliación de mandato de Jaime Bonilla en Baja California “es algo que la ciudadanía está pidiendo”, “porque dos años son pocos”.

En reiteradas ocasiones, el Presidente López Obrador ha llamado a honrar la memoria de Francisco I. Madero y su lucha por la democracia, como sistema de gobierno y forma de vida,  y que lucharía contra las fuerzas neoliberales imperantes, a las que modernamente califica como “la mafia del poder” o “fifís”. ¡Vaya despropósito!

Primero inician con una acción muy sencilla, irrelevante para algunos, la suspensión del uso oficial de la frase maderista “Sufragio efectivo. No reeleción”; luego, la intención de favorecerse con la revocación de mandato, que más bien pareciera ser el camino a la “reelección”; y ahora esto, un duro golpe a la voluntad popular de los electores bajacalifornianos.

¡Usted juzgue! Pero, “cuando vea las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar”. Todos atentos. Estaremos pendientes del actuar de las instancias jurisdiccionales.

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