Opinión/Felipe de J. Monroy

Si bien se puede compartir la preocupación expresada por algunos líderes sobre el control ideológico que los gigantes informáticos han decidido implementar con mayor agresividad en sus plataformas no hay manera de concederle al presidente Donald Trump sus lloros sobre la ‘censura’ que “pretenden imponer” sobre su persona.

Vamos por partes. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos que derivaron en la suspensión de las redes sociales de Trump ciertamente evidenciaron una práctica que se ha tornado cada vez más frecuente entre los usuarios de estas plataformas de divulgación de contenidos. El control que las empresas comienzan a tener sobre los contenidos que pueden o no divulgar los usuarios de las plataformas no sólo se limita a actos ilegales ni de seguridad; en estos momentos es ampliamente evidente que ciertas empresas de redes sociales censuran contenido debido a su posición ideológica y a sus intereses comerciales.

Lo anterior no es nuevo y por lo menos los últimos 10 años se ha pedido formalmente a los creadores de estas plataformas explicación sobre los alcances políticos, económicos y sociales de la potencial mal utilización de los datos de los usuarios. Lo que hasta ahora sabemos, por desgracia, nos provoca escalofríos.

Justo en esta semana, millones de usuarios migraron de la plataforma de mensajería WhatsApp (de Facebook) a Telegram (su más cercano competidor) debido a ajustes en las políticas de privacidad de la primera que básicamente formalizan lo que la plataforma hacía desde hace años: usufructuar la información que en ella vertemos para obtener de nosotros comportamientos de consumo comercial o consumo cultural.

Lo he dicho en otras ocasiones, es tan eficiente y profundo el éxito de estas empresas que se podría decir que son capaces de ‘hackear la psique y el comportamiento humano’. La polarización social, el hiperconsumismo, la defenestración de principios de dignidad humana e incluso el negacionismo suicida de la realidad son evidencias de que lo anterior es posible.

El analista Mark Williams en su estudio de enero 2021: “Comparativo de aplicaciones de mensajería digital” analizó bajo 35 reactivos verificables los semáforos de riesgo en las plataformas conocidas. En realidad, todo el universo existente de aplicaciones implica más de cuatro alertas rojas; algunos tienen 24 ámbitos de preocupación.

Dicho lo anterior, es posible empatizar con quienes ven peligro en las plataformas; pero no es posible conceder a un mandatario como Trump su amarga queja sobre lo que cree en censura. El presidente norteamericano tiene a su disposición la infraestructura y abultado presupuesto del gobierno para colocar en la agenda nacional e internacional su pensamiento; pero, incluso si no lo tuviera, el líder de los Estados Unidos es revestido con una singular investidura que le da la facultad de convocar a cualquier medio de comunicación en cualquier momento del día para cualquier ocurrencia que desee expresar y llegue a todos los rincones del planeta.

Al cierre del año pasado, la plataforma Netflix presentó el mockumental ‘Muerte al 2020’ en el que pinta de cuerpo entero esta actitud con una parodia de la exasesora de Trump, Kellyanne Conway. La trumpista afirma que se ha dado la tarea de “denunciar la ominosa censura” contra su facción en decenas de cadenas de televisión, decenas de programas de radio y otro montón de programas por internet.

Por desgracia, es una posición que adoptan otros liderazgos. López Obrador, por desgracia, nuevamente demostró su cercanía ideológica con Trump al criticar las acciones de los dueños de las ‘benditas redes sociales’: “No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter… eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas”, dijo el mandatario que tiene capacidad de ejercer 3 mil 245 millones de pesos en publicidad oficial.

Es decir, con las benditas redes sociales, sin ellas o a pesar de éstas, el presidente de México cuenta con recursos más que suficientes para comunicarse con la ciudadanía; y, al mismo tiempo, también tiene la obligación de proteger que el derecho de voz, expresión y manifestación de todos los ciudadanos se tutele por las instituciones que él comanda. Ese sí es un asunto de Estado.

Como responsables en turno en la oficina de Estado, los líderes democráticamente electos tienen los medios y la investidura para garantizar que no haya censura, que a los ciudadanos se les respete su libertad de expresión y saber prescindir de aquello que quizá los llevó al poder pero que no los legitima.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe