Opinión/Erik Avilés Martínez

Construyamos el regreso a clases 

Horacio Erik Avilés Martínez

Queda menos de un mes para el 30 de agosto, fecha en la que se ha fijado el arranque del Ciclo Escolar 2021-2022. 

Al respecto, el presidente de México ya señaló que habrá regreso a clases “llueva, truene o relampaguee”, lo cual ha generado reacciones diversas, tanto a favor como en contra. Es importante tomar de forma proactiva las intenciones de AMLO y hacer lo posible por alcanzar esa meta, toda vez que está alineada con los derechos humanos de los mexicanos. 

Sin embargo, es tiempo de reconocer que, a la fecha hay muchos cabos sueltos para lograr ese altísimo objetivo. Que la palabra presidencial no basta para que la realidad se transforme. Se requieren operación e instrumentación, consenso, cuidado, esfuerzo y recursos. 

Pero un tema que se debe enfatizar es el proceso de recuperación de la ruta del aprendizaje.  Preocupan enormemente los resultados en el sistema educativo nacional, de los cuales hay pinceladas a través de estudios, investigaciones y estadísticas muy difundidas que manifiestan el rezago heredado y acumulado en materia educativa. Más aún, en Michoacán se carece de diagnósticos objetivos que permitan dimensionar el estado que guarda el aprendizaje en educación básica en la entidad.

Aunado a lo anterior, un factor que ha quedado aún más en la oscuridad es el aspecto socioemocional, ya que los estudiantes y sus familias durante el confinamiento se han sometido a condiciones que propician se manifiesten el estrés tóxico, la ansiedad, la depresión y la violencia. Lamentablemente, solo conocemos estos fenómenos por sus efectos y no por sus orígenes, ni por la intervención para solucionarles. Un grave ejemplo de ello está en la incidencia de delitos contra la familia que presenta mensualmente la Comisión Nacional de Seguridad. 

Desde la sociedad civil organizada hemos solicitado respetuosamente en múltiples oportunidades a la autoridad educativa local se realice un diagnóstico integral del estado que guardan los estudiantes, maestros y sus familias, pero hasta la fecha no hemos recibido una respuesta favorable, por lo cual no contamos con información que permita conocer la situación.

Es un hecho: sin tiempo dedicado para tales efectos en el calendario escolar, programas, dedicación, cuidado, arropamiento, inversión, política pública y esfuerzo colectivo no podremos resarcir el rezago en materia educativa.

Mexicanos Primero está a favor de la vivencia plena de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Esto implica, indefectiblemente, la construcción de condiciones para el retorno presencial a clases, toda vez que, está demostrado que el aprendizaje a distancia y la educación teledirigida no generan los mismos resultados ni garantizan a plenitud los derechos de la infancia y juventud michoacanas, por lo que están en segundo término respecto a la educación en su modalidad presencial, que debe ser la más alta misión del gobierno. Pero ir mucho más allá de una postura discursiva como la que ya asumió el gobierno federal, debe de haber instrucciones precisas y acciones de los subordinados jerárquicos para construir el escenario que honre plenamente los mandatos constitucionales al respecto, así como la palabra presidencial empeñada.

Paralelamente, debe de haber un diseño de políticas públicas, acompañados de la respectiva programación, presupuestación y ejercicio del gasto para que el regreso a clases sea una realidad. Esto cobra especial importancia dado que la inmensa mayoría de la inversión pública se hace a través del gobierno federal, el cual se arroga para usarlo alrededor del 80 por ciento del erario nacional. Por lo anterior, se esperaría que hubiese una distribución inmediata de recursos para cubrir todas las necesidades que garanticen condiciones rumbo al regreso a clases.

Es inevitable hablar de que se requiere una gran coordinación entre los órdenes de gobierno, para que, por encima de cuestiones políticas o electorales se ponga al centro el interés superior de la infancia y juventud por ejercer sus derechos humanos. 

El gobierno estatal tiene sobre de sí la mayor parte de responsabilidades en torno al ámbito educativo, donde, tanto por una herencia de rezago, corrupción y omisión, como por actos de esa misma naturaleza ocurridos durante el presente sexenio, no se han acertado a generar condiciones para el regreso a clases. Pero es momento de recomponer el rumbo y en un escenario de transición lograr establecer una ruta de mejora. 

Paralelamente, lo que pueden hacer los gobiernos municipales es mucho más de lo que aparenta la normatividad en materia educativa, toda vez que ellos son los encargados de regular la convivencia vecinal, de proveer servicios públicos básicos, de propiciar la asistencia a la escuela de los estudiantes y de otorgar o negar permisos para negocios y eventos especiales. 

El enfoque de restitución de los derechos humanos de los michoacanos debe ser la más alta prioridad en cuanto respecta a la política pública.  Esto implica el reconocimiento de que, derivado de las medidas para protección ante la pandemia, existió una supresión de derechos humanos de facto en diversos ámbitos, por lo cual ahora la ruta debe ser de restablecer, recuperar y devolver a sus legítimos propietarios el ejercicio pleno de los derechos perdidos, con una ruta de mejora pública y con indicadores evaluables al respecto.

En aprendizaje los riesgos son que empeore la situación, que la simulación persista, de que siga lacerándose el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Que la falta de priorización del derecho a la educación siga siendo la constante.

Si abandonamos la educación aduciendo riesgos en la salud, sin poner manos a la obra para generar condiciones rumbo al regreso a clases, nos quedaremos con la ignorancia generacional y además confinados con la enfermedad presente en todas partes.

Un tema paralelo que impacta ampliamente en el regreso a clases es la regularidad de la nómina educativa estatal, en la cual recientemente se generaron oficios para 448 personas que presentaron irregularidades en su adscripción y demostración de que devengan debidamente sus salarios, por parte de la SEE. Se debe reconocer este primer esfuerzo que se realiza al respecto en este sexenio, donde se difunden los oficios con la seriedad debida. 

Es un primer paso que debió darse desde 2015, pero que abona un poco al respecto. Lo que es muy endeble en esta medida es la facilidad inmensa con la cual un directivo o supervisor puede encubrir a un aviador, ya que solamente se requiere que el superior jerárquico expida una constancia donde se diga que, efectivamente, está laborando el empleado en cuestión, sin mayor verificación.  

Por otra parte, es de subrayarse que esta serie de oficios es apenas la punta del iceberg.  Faltan decenas de personas muy populares en redes sociales, donde se han vuelto verdaderos influencers, quienes se dedican a promover acciones ajenas al derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán, quienes cobran un salario en la Secretaría de Educación en el Estado sin devengarlo debidamente, porque se dedican a la politización, al chisme, al rumor y a la inducción de versiones de algunos grupos de intereses al interior del gremio.

Faltan excandidatos, funcionarios de diversos órdenes de gobierno y militantes partidistas. Es del dominio público que hubo quien hizo campaña mientras cobraba puntualmente su quincena en la SEE. Las bases de datos son consultables por cualquier persona y es fácil darse cuenta de quiénes se encontraron en esos supuestos. La presencia del exlíder de la fracción de la CNTE azul contrasta totalmente con la ausencia del actual Comité Ejecutivo Seccional del color mencionado, toda vez que deberían de estar también enlistados, por no contar con toma de nota ni reconocimiento oficial. Pareciera ser una vendetta contra el exdirigente más que un acto oficioso.

Falta verificar la situación de los comisionados en dependencias sectorizadas a la SEE, así como en ayuntamientos, ya que, tanto a escala administrativa como en funciones operativas podrían estarse empleando plazas docentes que deberían de estar frente a grupo, desviando los recursos destinados a la educación de los menores de edad que cursan la educación básica para fortalecer programas carentes de soporte educativo.

Se omite ostensiblemente considerar al personal de confianza y de estructura, así como al personal eventual al respecto. Durante la campaña electoral se vio a un grupo nutrido de funcionarios de la estructura de la SEE haciendo campaña política en horario laboral, a favor de un candidato en particular. 

Por otra parte, debe quedar debidamente normado el procedimiento, para que prevalezca un proceso institucional robusto y periódico en lugar de que, como ahora, reine la desconfianza de que sea una medida por salvarse de incurrir en responsabilidades, realizada más a fuerza que por voluntad, una forma de venganza selectiva o un acto de simulación ante la inminente revisión en la entrega-recepción.

Las medidas tienen que ir mucho más allá: además de normar los procesos de revisión, control y seguimiento a la nómina educativa, también se tienen que integrar mecanismos de administración de recursos humanos plantel por plantel. A escala estatal se requiere revisar expedientes individuales de los trabajadores de la educación para verificar perfil, experiencia, adscripción y regularidad. 

De manera estructural resulta urgente tipificar en el código penal del estado de Michoacán las aviadurías, el tráfico de plazas y espacios en el sistema educativo y en la administración pública estatal como delitos, para controlar y combatir la terrible impunidad que existe en el rubro. De esta manera, habrá más recursos para preparar el regreso a clases, garantizándose que cada peso que se destina a la nómina educativa está bien invertido y en buenas manos. 

Si logramos aprovechar estos treinta días naturales para construir las condiciones plenas para el regreso a clases, a la par que, saneando la nómina educativa magisterial, estaremos mucho más cerca de restituir los derechos educativos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Y no solamente, sino que, aspirando a mejorar lo que denominábamos “normalidad”, estamos en posibilidades de construir un mejor sistema educativo que garantice integralmente los derechos de la infancia y juventud en Michoacán. Estamos a tiempo de redoblar esfuerzos. Construyamos colectivamente el regreso a clases. Merecemos ser un estado educador. 

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en @Erik_Aviles