Opinión/Elizabeth Juárez

Desplazados, la crisis que viene

Elizabeth Juárez Cordero 

La inseguridad y la violencia es la cuarta causa por la que la población en México cambia su lugar de residencia hacía otra entidad federativa (4%), la razón número uno de este tipo de migración estatal o también conocida como interna, está relacionada con temas familiares con 45.8%, le siguen los motivos laborales y educativos con  28.8% y 6.7% respectivamente; esto de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.

Aun cuando el porcentaje pareciera ser menor, como causa y respecto del número de personas que se moviliza por la inseguridad y  la violencia, hoy  se encamina a ser un grave problema que transgrede derechos fundamentales y amplía el conjunto de desigualdades sociales; como resultado de la crisis por la que atraviesa el Estado mexicano en la materia. Y cuya estrategia, como bien sabemos ha sido situada en disuadir las causas sociales, de la pobreza y la desigualdad, a fin de desincentivar, principalmente entre los jóvenes, la incursión en los grupos de la delincuencia organizada.  

El tema del desplazamiento forzado no es nuevo, pues tiene sus orígenes a principios de años setentas y entre sus causas, además de la presencia del crimen organizado, se contemplan aquellas que tienen que ver con las pugnas territoriales y religiosas entre comunidades, así como parte de los efectos ocasionados por los desastres naturales. A días recientes, este fenómeno ha atraído la atención internacional, por las miles de personas desplazadas en la región de los Altos de Chiapas,  en los municipios de Pantelhó y Chenalhó, derivado de la presión que han impuesto en los últimos años los grupos del crimen sobre sus habitantes, siendo sus principales afectados niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

A diferencia de la migración, el fenómeno del desplazamiento forzado ha sido menos estudiado y de ahí que existan discrepancias en su definición, una de sus características que le distingue, es la manera en que se mide, que más que poner el acento en las personas o en su cuantificación individual hace referencia a los eventos y número de familias o comunidades desplazadas. 

En el último informe sobre el tema de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de 2019, por ejemplo, señaló que en el país 8, 664 personas fueron desplazadas, identificando 28 episodios y 27 municipios afectados. Siendo los estados con mayor número de episodios, Chiapas con 9, Guerrero 8, Oaxaca y Michoacán con 3.

Para este último, de los tres episodios identificados, suma una población afectada de 704 personas provenientes de los municipios de Parácuaro, Buena Vista y Aguilila. Sí, ese mismo municipio, de la  región de Tierra Caliente, que está por demás decir  ha sido también el centro de los reflectores en días recientes, por la ostentosidad con la que el crimen organizado ha hecho evidente su presencia y control sobre la región, y que para muchos, ha representado el botón de muestra del sometimiento que estos grupos mantienen, lo mismo para sus habitantes que para los poderes intitucionalizados. 

De modo que, este contexto de inseguridad y zozobra, ha llevado a miles de personas a tomar la decisión de cambiar su lugar de residencia. En el caso de Aguililla, uno de los 27 municipios de Michoacán que redujo su población en los últimos 10 años, de 2010 a 2020 pasó de tener 172 localidades a 133, mientras que en población disminuyó 1, 460 habitantes, al pasar de 16, 214 personas censadas en 2010 a 14, 754 en 2020. 

Si bien el municipio de Aguililla también se encuentra dentro de los de alta  intensidad migratoria, a la luz de lo ocurrido en los últimos días como lo expresado por las autoridades y habitantes de la región, nadie podría negar que la violencia es uno de los detonantes de éste desplazamiento de personas, que por definición es involuntario. 

Entre los derechos contra los que atenta el desplazamiento forzado se encuentran el de tener un lugar de residencia y a transitar de manera libre, de los que se desprenden una vulneración múltiple sobre el resto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y en el  que el Estado tiene en principio una responsabilidad preventiva y de atención, pero también en la restitución de derechos, más allá de quien o quienes hubieran generado o promovido el desplazamiento. 

La región de los Altos de Chiapas como la de Tierra Caliente en Michoacán, ponen en evidencia no solo otra expresión del enorme poder que han acumulado los grupos delincuenciales en México, sino que exhibe un daño colateral más; la crisis que viene, la de los desplazados, que se suman a la lista de homicidios, desaparecidos y trata de personas, solo por mencionar algunos de los problemas que ha dejado a su paso la disputa entre cárteles del narcotráfico, las complicidades con las autoridades y las estrategias fallidas por uno y otro gobierno, que a la larga en acción o en omisión han terminado por favorecer de manera directa o indirecta a un grupo sobre otro. 

Y esa sea quizá la gran paradoja del dejar pasar en materia de seguridad, de la pasividad o la inacción, la expansión sin límite de quienes tienen por motivación un interés económico y cuya permanencia pende del exterminio del grupo contrario.