Opinión/Elizabeth Juárez Cordero

Informar sobre la tragedia de la conducta humana

Elizabeth Juárez Cordero

El pasado lunes 22 de febrero el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís rindió su Segundo Informe anual de actividades ante el Congreso del estado de Michoacán, a dos años de asumido el cargo, y con ello también el primer paso, en el objetivo de caminar hacia una procuración de justicia efectiva, autónoma y confiable para las y los michoacanos, como parte del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía. Es difícil hacer una evaluación, cuando el objeto de su función, como la persecución e investigación de las conductas delictivas, son la justificación de su existencia como institución.

De tal suerte que, las cifras, tasas  y demás indicadores cuantitativos, a los que nos tienen acostumbrados los informes en las funciones ejecutivas o administrativas, no pueden ser un referente que nos permita calificar la tarea nada fácil de ocuparse, de lo que el propio Fiscal definió en su mensaje frente a los legisladores, como “la tragedia de la conducta humana”, que no es otra cosa que la legitimación misma del Estado.

Pues no está de más recordar, que es justo ahí en el estado de naturaleza, de todos contra todos, donde nace como necesidad esta construcción social que hemos denominado Estado, de cuyas funciones se desprende el ejercer un control sobre  las pasiones del hombre, del homo homini lupus que bien describía Thomas Hobbes, en referencia a la amenaza que representa el hombre para su propia especie. 

De modo que, el conjunto de conductas que trastocan la integridad y bienestar de las personas y sus bienes, como el robo, las lesiones o el homicidio son la materia indeseable de una labor que aunque necesaria, es básicamente imposible de aplaudir, aun cumpliendo lo más óptimamente posible su función.

Sin embargo,  a dos años de iniciado éste proceso de transición en la procuración de justicia en Michoacán, y en el marco de un proceso mayor en el país, vale la pena  traer a cuenta las motivaciones que han dado paso a una nueva concepción de los derechos humanos y la justica como derecho, centrada en las personas y propiamente en las víctimas.

En este sentido, la primer y principal obligación del Estado para con las víctimas es la no impunidad, al respecto destacan dos indicadores como parte del Informe; la presentación en el último año de 4 mil 958 carpetas, 2 mil 744  casos más que el año  2019, lo que representa  un incremento del 80%. Y por otro lado, en la garantía de un acceso a la justicia pronta y expedita, así como la despresurización de carpetas; vía el fortalecimiento de los llamados mecanismos alternativos, de los cuales se lograron 6 mil 503 acuerdos reparatorios, que en comparación con 2019 aumentaron 2 mil 777 casos más.

Otra de las razones que subyacen a la transformación institucional de la Fiscalía, sin duda pasan por la confianza  y percepción de la ciudadanía. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2020), si bien no se ha logrado disminuir la cifra negra, estimada en 90%; es decir el número de delitos que no se denuncian,  de los 61 mil 971 delitos denunciados en la entidad, que contabiliza el ejercicio estadístico, 5.8% de los denunciantes manifestaron haber recibido un trato excelente y 51.3% bueno; esto es prácticamente 6 de 10 personas que denunciaron se sintieron bien atendidas.

Esta medición pareciera cosa menor, pero cuando el servicio que se brinda tiene su origen en una experiencia nada grata, es un indicador que poco a poco, de voz en voz, tendrá que ir jugando a favor de la denuncia. En el mismo sentido, se encuentran la incorporación de la denuncia en línea y la solicitud de la carta de no antecedentes penales; que vía el uso de las tecnologías de la información busca no sólo ahorrar tiempos, sino en general hacer más accesible, cercano, eficiente y ligero el proceso de denuncia.

Aun con lo complejo que pudiera ser su medición, la cercanía y sensibilidad de la institución para con las víctimas, es un elemento adicional a destacar, un ejemplo de ello lo es la creación de la unidad de atención al feminicidio; sin lugar a dudas la expresión más extrema de la violencia de género, problemática que aun con sus diversas enclaves socioculturales, es atendido y reconocido con la responsabilidad institucional de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas  y sus familias, que dicho sea de paso, es contrario a la propuesta de la Fiscalía General de la República de invisibilizar tu tipificación.

El acceso a la justicia efectiva, autónoma, confiable y cercana, no debe ser visto como punto de llegada, como tampoco llega por decreto, la promulgación de un nueva Ley, el cambio de nombre de una institución o el nombramiento de un Fiscal; se trata de un compromiso con la sociedad, que se refrenda todos los días, desde luego por su titular pero también por todos aquellos que integran las etapas de esta compleja tarea, desde los policías de investigación, los ministerios públicos, fiscales, como el resto del personal administrativo y operativo. Pues de su correcta función, como inhibidores del delito y facilitadores de la no impunidad, pende si bien no por entero; la paz social, el bienestar y desarrollo de Michoacán.